Uno de los efectos más desventajosos y graves de nuestra actual crisis económica, se refleja en el índice de morosidad de la clase trabajadora en el cumplimiento de sus compromisos crediticios, en especial de su vivienda.
En la presente administración federal, han incidido tres grandes factores que provocan el no pago de 773 mil créditos a la vivienda de los trabajadores: a) el otorgamiento de préstamos a trabajadores afiliados en forma más laxa que en el pasado reciente y sin mediar mayor análisis de riesgo; b) la crisis desatada por la pandemia que dejó a muchos trabajadores sin empleo (y a muchos otros que ya no están con nosotros); y c) la inflación por la que hoy, no sólo se incrementan las tasas de interés, si no que el salario del trabajador no es suficiente para cubrir sus prioridades, a pesar del incremento del 22 porciento en el salario mínimo.
De acuerdo con los reportes financieros del propio Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al cierre de junio (2° trimestre) la cifra era de 299 mil millones de pesos y pasó de ser, del 7.81% en diciembre del 2018 a 18.24% al mes de junio de este año. Se calcula a partir del saldo de la cartera de crédito vencida entre el saldo de la cartera total (se considera un crédito en esas condiciones a los 90 días de dejar de cumplir con los pagos correspondientes).
La vivienda abandonada
Aunado a lo anterior, el Infonavit reconoce que en el país se tienen 650 mil viviendas en situación de abandono, considerando como factores para ello, los siguientes: a) falta de servicios y equipamientos urbanos, b) inseguridad, c) mala calidad de los materiales y de la ejecución de la obra, y la más importante d) lejanía de fuentes de trabajo con altísimos costos de transporte (en ocasiones el costo de traslado mensual es superior al del pago del crédito en ese periodo).
Habiendo un déficit de vivienda cercano a 9.2 millones de unidades en el país el total de las que están abandonadas, incluyendo las 650 mil de Infonavit, asciende a 6.1 millones según el INEGI.
Una terrible contradicción que es muestra la inequívoca y muy errática política de vivienda en los últimos 25 años.
¿Cómo recuperar o reducir la cartera vencida?
a) Mejorar los sistemas de cobranza del Instituto, sea en forma directa o a través de despachos especializados y eficientes dedicados a ello.
b) Reduciendo la tasa de interés del crédito inicial o condonando el pago de intereses moratorios. Hoy la tasa de interés para quienes perciben 16 mil pesos mensuales o más es de 10.45% anual, en tanto quienes perciben el salario mínimo es de sólo 2% anual, lo que representa un subsidio enorme (habrá que replantearlo).
c) Formulando convenios de pago del adeudo en parcialidades.
d) Instrumentando programas para reducir el número de viviendas abandonadas. De conformidad con la SEDATU, quedó demostrado que invertir en la reconstrucción de las viviendas abandonadas y vandalizadas para reinsértalas en el mercado inmobiliario, resultó a todas luces erróneo, pues devolverlas a su estado original no resuelve los problemas que provocaron su abandono.
Finalmente, es importante mencionar que la alta tasa de morosidad en el pago de créditos prende las alarmas del Instituto pues el “boquete” financiero de casi 300 mil millones de pesos es de alto riesgo.
Definitivamente el Instituto deberá actuar en dos principales estrategia; en mejorar las reglas para el otorgamiento de nuevos créditos, estableciendo un mayor análisis de riesgo de los solicitantes, y por una parte, en revertir el quebranto que provoca la vivienda abandonada, buscando alternativas para rescatar la inversión, atendiendo las causas que provocaron el abandono de la vivienda, y por la otra, constituyendo lineamientos claros y precisos para el futuro desarrollo de vivienda sustentable e interurbana.
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Presidente del Consejo Directivo Nacional de la
Asociación Mexicana de Urbanistas, AC contacto@amu.org.mx