Por Carlos Corral Serrano
En las últimas décadas, el desarrollo urbano en México ha mostrado tendencias que evidencian la expansión de las ciudades, impulsada por el crecimiento poblacional, la demanda de vivienda y el aumento de la actividad económica en zonas metropolitanas. Sin embargo, este crecimiento ha sido mayormente horizontal, lo que ha generado múltiples desafíos, incluyendo la pérdida de suelo agrícola, el incremento de costos de infraestructura, y una creciente dependencia del automóvil. Estos factores han dado lugar a una necesidad de transformación en la planeación urbana para promover un desarrollo más denso, sostenible e inclusivo.
En este contexto, surgen tendencias como el desarrollo orientado al transporte (TOD, por sus siglas en inglés) y la creación de ciudades compactas que fomentan el uso eficiente del suelo, la reducción de emisiones y la disminución de tiempos de traslado. Además, la incorporación de prácticas de desarrollo sustentable y resiliencia urbana está ganando terreno, especialmente frente a los efectos del cambio climático, donde las ciudades deben adaptarse y mitigar riesgos naturales.
La Necesidad de una Política Pública Integral en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Para abordar estos desafíos, el nuevo gobierno federal necesita adoptar una política pública en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que priorice la sostenibilidad y la equidad. La propuesta debe basarse en el fortalecimiento del marco regulatorio y en la creación de un sistema de gobernanza que permita una planificación urbana integral.
Los documentos base indican que es crucial revisar y ajustar el marco de instituciones clave, como el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). Este organismo tiene un papel fundamental en la gestión del suelo, su regularización y la creación de reservas territoriales para el desarrollo. En este sentido, el INSUS debe alinearse con políticas nacionales e internacionales, como la Ley General de Asentamientos Humanos y la Agenda Urbana de Hábitat III de la ONU, para evitar la duplicidad de funciones y lograr una actuación efectiva en la provisión y gestión de suelo.
Principales Componentes de la Política Nacional de Suelo y Ordenamiento Territorial
La política de suelo debe incluir varios componentes críticos para fomentar un desarrollo urbano ordenado y sostenible:
- Gestión y Regularización del Suelo: La regularización del suelo es esencial para garantizar el acceso a la vivienda digna y planificar de manera adecuada el crecimiento urbano. El INSUS y otras entidades deben establecer mecanismos para agilizar los procesos de regularización y escrituras, además de promover el acceso justo a la tierra para sectores de bajos ingresos.
- Constitución de Reservas Territoriales: Es necesario constituir reservas de suelo para el desarrollo urbano, priorizando áreas cercanas a la infraestructura existente y promoviendo un uso mixto que facilite el desarrollo de vivienda, comercio y áreas de recreación.
- Promoción de Ciudades Compactas y Sostenibles: La planificación urbana debe fomentar la densificación de zonas estratégicas en las ciudades, apoyándose en conceptos como el Desarrollo Orientado al Transporte. Esto implica crear infraestructuras para el transporte público y reducir la dependencia del automóvil, lo que favorece ciudades más amigables con el ambiente y con menores costos de expansión.
- Incorporación de Nuevas Tecnologías y Datos: Utilizar tecnología de punta, como los sistemas de información geográfica (SIG) y la inteligencia artificial, para el mapeo y monitoreo de uso de suelo en tiempo real. Esto puede ayudar a optimizar el diseño de políticas urbanas y a responder mejor a los desafíos en tiempo real.
- Fomento de la Participación Ciudadana y la Gobernanza Colaborativa: La participación de la sociedad civil y el sector privado es fundamental en la planeación y ejecución de políticas públicas en materia de desarrollo urbano. Iniciativas que permitan la colaboración entre múltiples niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil resultarán en políticas más inclusivas y efectivas.
Propuesta para la Política Pública del Nuevo Gobierno
Ante estos desafíos, el nuevo gobierno federal debe enfocar su política pública de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en cinco grandes ejes:
- Modernización y Fortalecimiento Institucional: Revisar y actualizar las atribuciones del INSUS y otros organismos afines. Esto incluye asegurar la coordinación efectiva entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el INSUS y otros actores clave para optimizar recursos y evitar la duplicidad de funciones.
- Actualización del Marco Regulatorio: Es imperativo alinear las leyes y regulaciones actuales con las tendencias de sostenibilidad y desarrollo inclusivo. La Ley General de Asentamientos Humanos y otras normativas deben reflejar las necesidades actuales de las ciudades mexicanas, garantizando que el crecimiento urbano sea ordenado y beneficie a la mayoría.
- Inversión en Infraestructura de Transporte y Conectividad: Se debe priorizar la inversión en infraestructura de transporte masivo y conectividad que favorezca el crecimiento de ciudades compactas. Esto no solo mejorará la calidad de vida urbana, sino que también reducirá el impacto ambiental.
- Política Nacional de Vivienda Accesible: La política de vivienda debe dirigirse hacia un desarrollo habitacional accesible y bien conectado. Este enfoque puede aliviar la presión sobre las zonas urbanas y mitigar problemas de vivienda informal.
- Fomento de un Modelo de Desarrollo Resiliente y Sustentable: Es necesario implementar un modelo de ciudad resiliente, capaz de adaptarse a cambios ambientales y sociales. La política pública debe incluir estrategias para el manejo de riesgos y resiliencia urbana, así como mecanismos de respuesta ante emergencias climáticas y naturales.
Conclusión
Para enfrentar el crecimiento urbano descontrolado, el nuevo gobierno debe adoptar una política pública en ordenamiento territorial y desarrollo urbano que priorice la sostenibilidad, la densificación y la inclusión social. La gestión adecuada del suelo, el fortalecimiento de instituciones como el INSUS y el fomento de ciudades compactas y resilientes son fundamentales para garantizar un desarrollo urbano ordenado. Implementar estas políticas permitirá a México afrontar los retos de urbanización, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida en las ciudades.
