Los últimos meses han sido testigos de una nueva dinámica en el comercio internacional, con China en el ojo del huracán, y que podría reconfigurar las cadenas globales de proveeduría en la industria automotriz.
Hacia finales de 2023, la Unión Europea inició una investigación ante la posibilidad de que varios fabricantes de autos chinos estuvieran recibiendo subsidios por parte del gobierno de ese país. Dicha investigación terminó derivando, hace algunos meses, en un aumento de aranceles a los automóviles eléctricos chinos exportados a Europa. La decisión de los aranceles, que van de 18% a 38%, básicamente dependió del grado de cooperación de los distintos fabricantes en la investigación.
En paralelo, el gobierno de Joe Biden decidió en mayo pasado imponer aranceles de más de 100% a todo vehículo eléctrico importado de China, sin importar la marca. Una decisión similar ha sido tomada por el gobierno canadiense de Trudeau ante el creciente interés de BYD y otros fabricantes chinos por entrar a este mercado norteamericano. En México, a partir del primero de octubre, los autos eléctricos provenientes de China empezarán a pagar un arancel de 20%. Una medida que, presumiblemente, se alinea con los intereses de nuestros socios comerciales en el T-MEC.
Todas estas medidas, particularmente las tomadas por Europa y Estados Unidos, buscan proteger a sus industrias locales ante el temor de una inundación de autos eléctricos chinos de menor costo.
Lo anterior es de gran relevancia para nuestro país, no sólo por la importancia que la industria automotriz representa para el PIB nacional sino por la próxima revisión del T-MEC prevista para 2026. La incertidumbre del contexto geopolítico, sumada a una desaceleración de la venta de autos eléctricos en Estados Unidos y Europa, han puesto en pausa varios planes importantes de inversión automotriz en nuestro país. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán de gran importancia de cara a esta renovación, pero no parece haber muchas alternativas.
El primer camino sería alinear las políticas comerciales con las de nuestros vecinos del norte, actuando en unidad como bloque económico. Con ello, México se convertiría en el candidato ideal para albergar las fábricas de autos eléctricos y componentes que forman parte de la cadena que Biden pretende desarrollar. Sin embargo, esto implicaría cerrar las puertas del país a los fabricantes chinos y dejar a la deriva a miles de clientes mexicanos que han adquirido autos eléctricos chinos.
La otra alternativa es mantener el arancel de 20%, pero establecer las condiciones necesarias para la llegada de nuevas inversiones chinas, como las pretendidas recientemente por BYD y otros fabricantes. Además de la generación de empleos, el país se beneficiaría de un desarrollo industrial de la cadena de proveeduría de baterías y una mayor oferta de autos eléctricos en el mercado. Esta alternativa, sin embargo, es vista con mucho temor al otro lado de la frontera, que ven a México como puente para la llegada de estas marcas a Estados Unidos y Canadá.
La historia nos ha enseñado que las medidas proteccionistas nunca terminan bien en el largo plazo. En el corto plazo podrán proteger a un grupo de empresas, pero en el largo, el país puede perder competitividad industrial y, lo peor, los consumidores terminan accediendo a productos de menor calidad y diferenciación. El escenario no luce sencillo para las empresas mexicanas que proveen de autopartes o servicios al sector. La diversificación de mercados es una opción, pero solo un pequeño número opera a escala global.
El trabajo desde las distintas asociaciones y clústeres del país será relevante en los próximos meses. La revisión del TMEC, después de todo, es una oportunidad para replantear la política industrial que deseamos como país para las próximas décadas.
*Profesor del área de Dirección de Operaciones de IPADE Business School.