En días pasados se dio a conocer que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 35 millones de pesos a siete bancos internacionales y siete traders (operadores del mercado) por la manipulación de los precios de los bonos emitidos por el gobierno federal en el mercado secundario de dinero entre 2010 y 2013.
En este escenario, surge la pregunta: ¿cómo se dio esta manipulación de los bonos que, al parecer, afectó los fondos de pensiones de los trabajadores?
La respuesta es que este grupo de siete entidades bancarias en combinación con los traders se pusieron de acuerdo para bajar el precio al que compraban los bonos y venderlos más caros con el objetivo de enriquecerse. A esta práctica se le conoce como conducta monopólica absoluta o colusión, es decir que los bancos y los traders establecieron 142 acuerdos contrarios a lo que establece la Ley Federal de Competencia Económica consistente en arreglos para establecer la obligación de no comprar o vender ciertos bonos específicos con el propósito de afectar el precio de dichos bonos. Estos acuerdos quedaron documentados en mensajes de chats a los cuales el gobierno tuvo acceso.
¿Cómo esta situación afecta a la economía del país? Dichas prácticas, en primer lugar, afectaron a los inversionistas que compraron los bonos objeto de colusión. En segundo lugar, al mercado financiero por un valor de 29 millones 389 mil pesos. De acuerdo con la Cofece, una de estas operaciones fue el acuerdo de incrementar el precio de cotización que darían a una Afore, afectando con ello los fondos de pensiones de los trabajadores.
Recordemos que una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno federal, además de los ingresos tributarios, es la emisión de bonos gubernamentales como los Cetes, los bonos de desarrollo o bondes, los udibonos y los bonos de IPAB, a través de los cuales obtiene ingresos adicionales para fortalecer el crecimiento económico, cubrir las enormes carencias sociales y obtener recursos para enfrentar contingencias como la situación actual de crisis de salud y económica.
Finalmente, este tipo de conductas impacta negativamente a la sana competencia de los mercados financieros, a los ingresos del gobierno federal, y lo peor de todo, es que la corrupción y las malas prácticas ya forman parte también del sistema financiero mexicano.