Como se ha reseñado ampliamente, el gobierno federal ha puesto sobre la mesa la propuesta de desaparecer el I nstituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) , el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Uno de los argumentos es que se duplican funciones, como el caso del INAI con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el del IFT con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y otro de los argumentos expuestos, es que representan un costo elevado para el gasto público.
Respecto a este último punto, al revisar la información del presupuesto de egresos de la federación para este año, observamos que el total del gasto programado para los organismos autónomos es de 134 mil 904 millones 757 mil 546 pesos. Lo correspondiente al INAI representa 0.67%, al IFT es de 1.11% y la Cofece, de 0.44%; en conjunto, equivalen a 2.23%, algo así como 3 mil millones de pesos.
Esa suma, en realidad, no representa un ahorro significativo. Si la lógica del gobierno es ahorrar todo lo que se pueda para destinarlo a programas sociales, la estrategia no es la más acertada, ya que, en vez de enfocarse en el gasto o costo, debería abordarlo desde el punto de vista de los beneficios sociales que han brindado desde su creación.
Por ejemplo, el papel de la Cofece es de suma importancia para disuadir y sancionar los abusos de poder de las grandes empresas, sobre todo en un país que presenta graves problemas de concentración económica.
Su papel es fundamental en una situación de crisis económica como la que se está padeciendo para limitar el aumento del poder económico de parte del mercado como consecuencia del cierre de pequeñas y medianas empresas. De hecho, su desempeño ha sido tan sobresaliente que en 2018 y 2019 se ubicó entre las 20 mejores agencias de competencia en el mundo.
Por su parte, el INAI no solo tiene como función proteger los datos personales, sino también brindar información de lo que hace la administración pública y, sobre todo, como miembro del Sistema Nacional Anticorrupción, coadyuvar para la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos. Tan es así, que ha proporcionado información sobre el robo de identidad, violación de los derechos humanos y ha entregado información solicitada por los ciudadanos -que estaba negada- en los casos de corrupción de la Casa Blanca y la Estafa Maestra.
Finalmente, en el caso del IFT, siendo la autoridad en materia de competencia en radiodifusión y telecomunicaciones, ha logrado resultados extraordinarios, como la reducción de los precios de las comunicaciones en 26.87% de junio de 2013 a diciembre de 2019, así como la reducción de 43.8% en el precio de los servicios de telefonía móvil, como resultado de la eliminación del servicio de telefonía de larga distancia nacional y la disminución en las tarifas de interconexión.
