En lo que va de la presente administración pública federal, el gobierno ha señalado en repetidas ocasiones que la cancelación de algunos proyectos productivos en marcha obedece a malos manejos, corrupción y negociaciones en favor de las empresas y en contra del erario. Aunque no deja de tener algo de verdad que en sexenios pasados hubo negociaciones entre el gobierno federal y algunas de las grandes empresas para no pagar impuestos, o bien pagar menos, para obtener concesiones favorables para abrir y operar empresas, lo cierto es que estas no representan 100% de las empresas que operan en México. Hay que recordar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) 2018 del Inegi, 90% de las empresas en México son pequeñas y medianas, y poco o nada fueron favorecidas con dichos acuerdos.
Es contradictorio emitir críticas afirmando que la grave situación económica que padece el país es el resultado de una política neoliberal que llevaron a cabo los gobiernos anteriores desde la década de los ochenta y que sumieron al país en un aumento de la pobreza económica y social a través de políticas de privatización de empresas del Estado, de la apertura de mercados financieros, la flexibilidad laboral y la apertura comercial con el resto del mundo, ya que el gobierno actual, a pesar de ser señalado como populista, está haciendo precisamente lo que tanto critica: ser igual de neoliberal que los anteriores.
Y lo vemos cuando lleva a cabo recortes de salarios y sueldos de funcionarios públicos, cancelación de plazas, cierre de subsecretarias, distribución del gasto, cancelación de proyectos productivos como el NAIM, la Planta de Constellation Brands en Baja California, suspensión en la construcción y operación de los gasoductos, etc. En fin, es una política de austeridad del gasto público, como lo da a conocer el Informe del Gasto Neto Programable y No Programable, Enero-Abril 2020 del Centro de Estudios de las Finanzas Publicas de la Cámara de Diputados (CEFP), donde es posible ver que el gasto neto en los primeros cuatro meses del año fue menor en 46 mil 831.6 millones de pesos respecto a lo estimado, sobre todo en el gasto neto programable, que tuvo una caída de 3.2%. Recordemos que este gasto es el que utiliza el gobierno para cubrir sus programas sociales, para que sigan funcionando las instituciones gubernamentales y también para dotar a la población de bienes y servicios públicos.
Esta situación ha llevado a los empresarios a elaborar un plan alterno de reactivación económica, sobre todo en estos tiempos de crisis sanitaria. En el caso del Consejo Mexicano de Negocios, este solicitó un crédito con el BID por 12 mil millones de dólares para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por su parte, la Coparmex emitió su plan conocido como salario solidario para cubrir a los trabajadores asegurados en el IMSS.
*Académico de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes
