Es común escuchar acerca de los crecientes niveles de inseguridad pública que se viven en el país. Y no es para menos, ya que semanas atrás, se presentó el reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su visita a México, sobre el número de desapariciones en nuestro país, señalando que no son un fenómeno del pasado, sino que aún persisten y que, lamentablemente, el número de personas desaparecidas a noviembre del año pasado ascendía a 95 mil 121.
En esta misma línea, en lo que va de este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, con cifras al 20 de mayo, la incidencia de delitos y victimas del fuero común por cada 100 mil habitantes a nivel nacional entre 2015 y 2022 ha venido en aumento. En 2015, en homicidios dolosos, el número de delitos fue de 13.28; el año pasado fue de 21.92. Ante este escenario, vale la pena preguntarse qué prioridad ocupa la seguridad publica en la agenda nacional. Una de las maneras de saberlo, es consultando cuánto dinero se aprobó en el presupuesto de egresos de la federación para este año.
Recordemos que el Congreso autorizó un gasto neto programable de 5 billones 247 mil 296 millones de pesos, lo que presenta 74% del gasto público total. De este gasto, casi 250 mil millones de pesos van para seguridad y paz para México, lo que representa 4.76% del gasto neto programable, ubicándose en la posición séptima de las acciones más importantes del gobierno federal. Además, desde el punto de vista de los objetivos de bienestar, la prioridad número uno la tiene el gasto destinado a desarrollo social, ocupando 65% del gasto neto programable; le sigue desarrollo económico, con 27%, y en tercer lugar la parte de gobierno, con 9%. De este último gasto, 28.4% es para justicia y 26.5% para seguridad nacional.
En lo que corresponde al gasto administrativo, es decir aquel destinado a mantener las instituciones encargadas de la procuración de justicia, la situación empeoró, ya que el porcentaje más alto del gasto corresponde a las entidades de control directo y empresa productivas del estado, con 47.5%; le sigue el Poder Ejecutivo, con 28.5%. De este gasto, el quinto lugar lo ocupa seguridad y protección ciudadana con 90 mil 966 millones de pesos, por debajo de las partidas de economía, bienestar, salud y cultura, respectivamente. En tanto, al rubro correspondiente a poderes y órganos autónomos le corresponde el presupuesto más bajo de la clasificación administrativa, con un monto de 141 mil 588.9 millones. De este monto, la Fiscalía General de la República ocupa el tercer lugar, con un presupuesto de 0.33% del gasto neto total programable. De hecho, el presupuesto más elevado lo ocupa el Poder Judicial de la Federación, seguido por el INE.
Finalmente, si sumamos el gasto destinado al a procuración de justicia (Poder Judicial, FGR, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, CNDH) arroja un porcentaje de 1.78% del gasto neto programable.
Se observa entonces que, desde el punto de vista del gasto federal destinado a acciones e instituciones para abatir la inseguridad pública, no representa una de las prioridades del actual gobierno. Si bien es cierto que, como se ha manejado en distintos foros, las acciones directas para abatir la inseguridad no son la única solución, un mayor presupuesto acompañado de más y mejores acciones y políticas que atiendan la enorme impunidad, favorecerían una disminución en la incidencia delictiva.
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