Recientemente el gobierno federal ha anunciado que para 2022 entrarán en vigor las reformas fiscales, que se basarán en no aumentar ni crear nuevos impuestos. Bajo estos términos, es importante definir en qué consistirían tales cambios, ya que, desde el punto de vista económico y fiscal, o se enfocan en aumentar los ingresos vía impuestos, o en simplificación administrativa que le permita recaudar más o hacer más eficiente el gasto público.
Revisando el Presupuesto de Egresos del año pasado se puede tener una idea de hacia donde se enfocarían las reformas desde el punto de vista del gasto. El gasto neto total aprobado en 2020 fue de 6 billones 107 mil 732 millones de pesos. Recordemos que dicho gasto se divide en programable, que se destina básicamente en proveer bienes y servicios públicos a la sociedad, cuyo monto fue de 4 billones 407 mil 403 (72.2%) millones de pesos, y el resto no programable, de un billón 700 mil 328 (27.8%) millones de pesos, que se enfoca en cubrir los compromisos que tiene el gobierno en materia de pago de deuda pasada, pago de intereses y comisiones de estas, y recursos transferidos a estados y municipios a través de participaciones federales.
A su vez, el gasto neto programable se clasifica en función de la orientación de este. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la clasificación funcional que responde a la pregunta ¿para qué se gasta?, lo encabezó desarrollo social, con 63.71%; desarrollo económico, con 27.5%, y el gobierno, con 8.75%.
En cuanto a la clasificación económica que responde a la pregunta ¿en qué se gasta?, el porcentaje más alto lo tuvo el gasto corriente, ya que fue de 60.8%, jubilaciones y pensiones 21.8% y de inversión en 17.28%. Por último, se tiene la clasificación administrativa que responde a la pregunta ¿quién gasta?, donde el primer lugar se lo llevaron las Entidades de Control Directo y Empresas Productivas del Estado, con 48.78%, y le siguen el Poder Judicial, con 25.63%; ramos generales 22.23%, y Poderes y Órganos Autónomos 3.06%.
En términos de programas, los tres principales rubros aprobados en 2020 los abarcaron seguridad social y salud a derechohabientes, fortalecimiento energético, y educación cultura y deporte para todos, que suman 71% de gasto neto total programable.
Por su parte, en el gasto no programable del total, las participaciones federales representaron 55.95%, el costo financiero 42.77% y, finalmente, las ADEFAS, 1.26%.
En resumen, en 2020 el gasto público federal que recibieron los mexicanos es el programable, y de este sobresale desarrollo social (abarca seguridad social y salud a derechohabientes), gasto corriente (del económico) y entidades de control directo y empresas productivas del Estado, por lo que el gobierno de la 4T se caracteriza por ser de carácter social, ya que destina un porcentaje importante al mantenimiento y la operación del gobierno (gasto corriente y empresas del Estado), y poco productivo, ya que solo destinó 17.28% a inversión, insuficiente para apoyar la pronta recuperación económica en lo que resta de este año y el siguiente.