El golpe definitivo y mortal a la democracia –que ingenuamente muchos creyeron imposible que se produjera– lo está dando el Presidente López Obrador en los últimos días de su mandato. En unos cuantos días los mexicanos (sabiéndolo o no, con o sin interés en el tema) nos hemos quedado sin las instituciones que nuestra transición democrática, alcanzada gracias a la lucha y sacrificios de varias generaciones, hizo posibles.
El retroceso que viviremos en los próximos años sin la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) será tanto como si volviéramos, en el mejor de los casos, al México de los años 70.
No es raro entonces que López Obrador se vaya más lejos todavía y desenpolve el modelo de sustitución de importaciones (años 40-50), como hizo ayer en su conferencia mañanera. El mensaje es claro: “podemos vivir sin T-MEC” (y después tal vez sin redes sociales, comisiones de derechos humanos, libertad de expresión o derecho a la propiedad). Pero por lo pronto, volveremos a ser, “con todas las de la ley”, un país donde el gobierno, sus amigos y familiares disponen de forma patrimonialista, es decir, como si fueran suyos, de los bienes y recursos públicos, fomentando sin ningún límite el capitalismo de cuates; un país sin transparencia ni rendición de cuentas en las actitividades del gobierno y sus funcionarios; sin regulaciones que impidan monopolios, despilfarros o excesos; sin evaluaciones, mediciones e información confiable para saber qué tan eficientes somos en distintas áreas.
Un ejemplo. Entre 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora la organización Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 126. Muy lejos de Dinamarca (el país mejor puntuado), nuestro país se codea más bien con Kenia y Togo. Parecería que las cosas no pueden ser peores, pero la desaparición de un organismo como el INAI, que hacía por lo menos posible que supiéramos de muchas corruptelas, nos asegura que vamos a conocer el subsótano (o “el segundo piso”, según se vea) en materia de corrupción.
No conformes con lo anterior, el Presidente López Obrador, con la complicidad y apoyo total de su sucesora, Claudia Sheinbaum, y de una infame mayoría en el Congreso decidida a pasar a la historia como la más ominosa que se recuerde, están por concretar una reforma al Poder Judicial que terminará con la independencia de este, lo que significa poner fin a la división de poderes en que se sustenta la República. Para ello, paso previo, cuentan ya con una mayoría artificial, literalmente sobrerrepresentada, que les ha sido obsequiada por consejeros electorales y magistrados incapaces de cumplir con la Constitución. De esta forma han destruido la credibilidad del INE y del Tribunal Electoral, confirmando que se trata ya de instituciones capturadas por Morena.
¿Qué sigue? Es todavía posible el milagro de la resistencia de los 43 senadores que aseguran defenderán al Poder Judicial, así como de los miles de trabajadores, ministros, jueces, abogados, académicos y estudiantes que se están movilizando en el país. Quiero creer que sí.
No obstante, si las cosas resultan como el Presidente, su sucesora y Morena las han planeado, es decir, si aplastan al Poder Judicial, se abrirán tantos frentes legales, financieros, políticos, comerciales y diplomáticos, tanta locura y caos para instrumentar lo que aprobaron, que quizás muy pronto su “triunfo” les sepa muy amargo. Eso tal vez no suceda de inmediato (el milagro para ellos será que los mercados no reaccionen estrepitosamente), pero sucederá, y si el escenario económico se descompone (mucho más), entonces nadie querrá ser el padre o la madre de la criatura. Vaya forma de hacer historia.
Luego de que el Tribunal Electoral de la CDMX anulara la elección en la alcaldía Cuauhtémoc ganada por Alessandra Rojo de la Vega, argumentando “violencia política en razón de género” y favoreciendo así a Caty Monreal, hija
del ahora diputado Ricardo Monreal, no pocos encontraron muy extraño que este Tribunal haya actuado tan diligentemente en este caso (cuestionable, por lo demás), pero haya dejado otros, sin duda mejor sustentados, en el olvido (¿o nomás pendientes?). Un ejemplo evidente es el de la ex candidata de Movimiento Ciudadano para la alcaldía La Magdalena Contreras, Daniela Nitzia Garduño Alvarado, quien como apuntamos hace unos meses en este mismo espacio fue victima de violencia política por los hermanitos Fernando y Diego Mercado Guadia, quienes la amenazaron y violentaron para que accediera a “cederles” sus recursos de campaña.
En su momento, a Fernando Mercado, entonces candidato de Morena a dicha alcaldía, le fue impuesta como medida cautelar que, en el debate electoral por aquella demarcación, evitara acercarse a Daniela. Sin embargo, resulta que Daniela Nitzia sigue sin obtener respuesta a su denuncia interpuesta ante el Instituto Electoral de la CDMX, a pesar de que incluso ha entregado nuevas pruebas para demostrar la culpabilidad de los hermanos Mercado.
Todo indica, pues, que la famosa “violencia en razón de género” está siendo aplicada a conveniencia de Morena por las autoridades electorales.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez