Oficialmente, México es un país donde se respetan las libertades y derechos humanos. Cuenta con una Constitución que ampara sobradamente a estos y aquellas. Nuestro Presidente se jacta casi a diario de este ambiente, que supone ha sido generado durante su gobierno y en el que, por si fuera poco, “ya no existe la corrupción”, esa lacra que según el sesudo análisis hecho en Palacio Nacional es el origen de todos nuestros problemas (con lo cual, si bien se ve, estamos ya por no tener ninguno).
Sin embargo, de modo muy extraño, en uno de los países más libres de la tierra y donde las corruptelas gubernamentales ya fueron desterradas, decenas de periodistas han sido asesinados durante los últimos tres años con la más absoluta impunidad en la mayoría de los casos, lo que hace suponer —siguiendo un simple cálculo— que el sexenio terminará con una cifra récord en este tipo de crímenes.
Por supuesto, también en nuestro país se respeta irrestrictamente la diferencia de opiniones, aunque frecuentemente el Presidente se vea en la necesidad de señalar a algunos intelectuales y periodistas “conservadores” y muestre su desfachatez: ¿Qué hacían antes? ¿Qué no dijeron? ¿Por qué callaron ante los regímenes del PRIAN?
Y ni qué decir de la libertad de cátedra e investigación en los centros de educación superior: es sagrada, a pesar de que las universidades se han “derechizado” y se han dejado seducir por el neoliberalismo, siniestra corriente que las ha distanciado del pueblo.
Pero toda esa libertad y respeto no ha sido suficiente para evitar que una institución como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) insista en preservar sus órganos colegiados y hasta rechace a un director impuesto por la doctora María Elena Álvarez-Buylla, una brillante y abnegada estalinista experta en acorralar y golpear desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a los científicos disidentes, a los estudiantes y profesores revoltosos, y por supuesto a los becarios, irresponsables privilegiados que todo lo quieren sin pensar jamás en el pueblo.
Por lo que puede verse, su intención es de lo más noble: destruir un sistema de instituciones y becas de las que ella y otros morenistas han sido beneficiarios y que ahora les parecen lo peor del mundo. Porque hay que recordarlo: mientras ellos, es decir, la señora Álvarez-Buylla y toda la elite académica que nutre ideológicamente a la 4T, fueron becarios, las instituciones estaban dominadas por la corrupción. Ellos lo sabían, pero muy a su pesar se lo callaban y hasta premios y reconocimientos de los gobiernos neoliberales recibían. Ahora que están en el poder tienen la oportunidad de cambiar las reglas del juego, porque claro, “no son iguales”.
Con todo y este clima “europeo” de libertades, vale la pena preguntarse varias cosas que simplemente no cuadran:
¿Qué clase de nación libre es esa donde los periodistas encuentran la muerte por ejercer su oficio?
¿Dónde se ha visto un ambiente democrático donde el Primer Mandatario fustiga, ofende y acusa de corruptos y conservadores a los intelectuales y críticos?
¿Qué tipo de sociedad moderna espera el gobierno morenista fortalecer, golpeando a las universidades y centros de educación superior, maniatándolas y minando su autonomía, como en el caso del CIDE?
Reitero que el gobierno no es directamente culpable de ninguno de los crímenes contra periodistas, pero recalco también que su encono hacia la prensa libre vulnera de por sí la seguridad de muchos comunicadores. Se lo han dicho diversos organismos internacionales y también los mismos periodistas —algunos de ellos antes de morir asesinados— y los ha ignorado. Y ante cada asesinato —lo mismo que ante cada feminicidio, víctima de la pandemia mal atendido o niño muerto por falta de medicamentos— el Presidente ha dicho que su mera denuncia es "politiquería", obra de "carroñeros" o "zopilotes", lo que denota, no nos equivoquemos, una profunda intolerancia.
La repulsa del gobierno de López Obrador por los periodistas críticos, la prensa libre y las instituciones educativas cuyas labores e investigaciones no lo complacen o contradicen sus “otros datos”, es la misma. Como a cualquier gobierno tentado por el autoritarismo le fastidia la disidencia. Y si a eso se agrega la suma de desastres en todos los frentes, el ambiente puede tornarse francamente peligroso.