Renuente a despedirse del poder, el presidente Donald Trump muestra diariamente indicios de que desgarrará hasta donde pueda el tejido de la democracia norteamericana y sus instituciones. Tan solo el martes pasado exhibió el doble filo de la poderosa hacha que todavía ostenta. En el frente interno, y haciendo gala de las formas groseras con que suele actuar, despidió a través de un tuit al director de la Agencia de Ciberseguridad, Christopher Kreb, un funcionario descreído del “triunfo” electoral de Trump en las pasadas elecciones del 3 de noviembre.
Ese mismo martes, en una inédita escena que combina manipulación extrema de la justicia de su país con supuestas “consideraciones sensibles” de política exterior, ordenó a su fiscal general, William Barr, desistir de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Salvador Cienfuegos, a fin de que este pueda ser juzgado en México.
El general ya está en México. No pudo ir a Disneylandia, pero hizo un tour que –culpable o no– le permitió conocer cómo la ley en Estados Unidos también se puede torcer por un fin “superior”, siempre y cuando el presidente de allá tenga una magnífica relación con el de acá.
Entre las muchas especulaciones preliminares sobre cómo fue posible el regreso del acusado a nuestro país, se encontraba la de que era el pago de Trump por el buen comportamiento de AMLO al no reconocer (aún) a Biden como presidente Electo. Eso, de momento, no lo sabremos porque todo esto constituye uno de los episodios más oscuros en la historia de la relación bilateral.
Sin embargo, lo que sí está claramente admitido es que la cancillería mexicana operó exitosamente el regreso del General presionando con un posible cambio de reglas en la cooperación con la DEA, a partir de que esta no informó a las autoridades mexicanas de la investigación en curso y de la profunda indignación y preocupación que la aprehensión del general Cienfuegos suscitó en el Ejército mexicano, el gran pilar, para fines prácticos, en los que descansa la actividad del gobierno de López Obrador.
También puede afirmarse que frente a este escenario, que podría haber escalado a otros niveles (la expulsión de los 50 agentes de la DEA que trabajan en México es uno de ellos, aunque la Cancillería lo niega), Trump quiso ahorrarse problemas y, de paso –pero no menos importante– hacerle un último favor a su comedido amigo al sur de la frontera.
Al permitir que el General quede a disposición de las autoridades mexicanas (lo que es, claro, un decir), el gobierno de Trump está asumiendo algunos costos que poco parecen importarle en medio de su conflictiva despedida, pero que dejan claro el disgusto de diversos sectores con su inesperada decisión. Así, por ejemplo, el senador Robert Menéndez, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, ha señalado que “no hay explicación alguna que esclarezca la decisión del fiscal general [William] Barr de retirar abruptamente los cargos de tráfico de drogas contra el general Cienfuegos”. En su posicionamiento, Menéndez añade: “El Fiscal General corre el riesgo de socavar la fe en el sistema judicial de Estados Unidos y a la vez fomentar la impunidad en los niveles más altos en México”.
En realidad no es un “riesgo”, sino un hecho: la decisión del gobierno de Trump deja entrever las formas más burdas con que la justicia puede ser manejada incluso en Estados Unidos, ya no digamos en México, donde conocemos (y no de ahora) un grado de impunidad escandaloso merced, en buena medida, al manto protector que se tiende desde el poder político sobre muchos delitos.
Otra reacción –recogida por el diario español El País– es la de Adam Isacson, un analista de alto nivel del centro de análisis Washington Office on Latin America (WOLA), para quien lo ocurrido marca un precedente desastroso: “Observen todo el trabajo que pusieron los investigadores en el caso Cienfuegos. Ahora el general, y todos sus secretos, se regresan a casa por razones poco claras. La DEA y los investigadores del Departamento de Justicia deben estar más que furiosos ahora”.
Mientras tanto, en nuestro país, la versión oficial es que se trata de un triunfo de la soberanía nacional y de la diplomacia de la 4T. Toda la reciedumbre y firmeza mostrada por la Cancillería para obtener el regreso del general Cienfuegos a México contrasta, sin embargo, con la obsecuencia manifestada frente a la política migratoria del gobierno de Trump, lo que hace pensar (y sobre todo especular, mientras no se informe puntualmente sobre todo esto) en las tremendas y peligrosas implicaciones que el gobierno y el ejército mexicano avizoraron en caso de que el exsecretario de la Defensa en el Gobierno de Peña Nieto hubiera sido juzgado en Estados Unidos por su presunta colaboración con el crimen organizado.
¿Habría podido regresar a México el general Cienfuegos con Biden ya en la Casa Blanca? Nadie lo puede asegurar. Así que el gobierno mexicano y el ejército se han ahorrado, con la ayuda del “amigo americano”, un escenario impredecible, para decir lo menos. Todos los probables fuegos, que eran muchos, fueron apagados con el regreso de Cienfuegos. Parece un final feliz para el gobierno de la 4T, pero quedan muchas interrogantes, una DEA muy raspada con la que se tendrá que seguir colaborando y un proceso judicial que en México no tendrá ninguna credibilidad.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
