Puede ser que el próximo mes de abril –dada su consabida crueldad, como bien nos lo advirtió el poeta Eliot– los diputados y senadores de Morena reúnan fuerzas y aliados suficientes para relanzar y aprobar la llamada reforma eléctrica. Puede ocurrir, pero por lo pronto, al anunciar la postergación de su aprobación para mediados de ese mes, han dado un paso atrás y quizás hasta han perdido directamente el impulso original para sacar adelante la iniciativa del Presidente López Obrador.
La lectura más obvia de este aplazamiento es que los morenistas y sus incondicionales del Partido Verde y el del Trabajo no cuentan con la mayoría necesaria para una reforma constitucional en este periodo de sesiones. Como se sabe, para que dicha reforma sea aprobada se precisan dos terceras partes de los diputados, mayoría calificada en el Senado de la República y por lo menos 17 Congresos estatales, algo que hasta el momento los legisladores de estos partidos no pueden garantizar.
La versión del aguerrido coordinador de los diputados morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier, dice que buscarán “concluir el proceso de reforma eléctrica, que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos en 17 Congresos locales, a más tardar el 15 de abril. Les insistimos a los propietarios y ejecutivos de empresas generadoras que participen en el debate”.
Esta última exhortación sale sobrando –porque las empresas privadas generadoras de electricidad se han venido manifestando, en contra desde luego– pero sirve para revestir el retraso programado de un aire democrático e incluyente: que debatan, claro, las empresas; “lo vamos a hacer también con la oposición abiertamente, no tiene por qué espantarnos, vivimos en un país democrático”. No se esperaba menos de un legislador que ya le va aprendiendo a eso de guardar las formas y que incluso presume de sostener en este tema un “diálogo republicano” con el Jefe del Ejecutivo, que todos sabemos que es también su jefe. Y no teniendo la ansiada mayoría, no ha podido repetir (cosa que le encantaría) una de sus máximas: que la justicia debe estar por encima de la ley, algo que también en sus discursos más radicales ha dicho su jefe de Palacio Nacional.
Por lo demás, se les ha cruzado en el camino el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien se reunió en estos días con diversos funcionarios del gobierno y hasta visitó el miércoles Palacio Nacional para poner de manifiesto las “serias preocupaciones” de su gobierno en torno de esta reforma. De esa manera el gobierno de Joe Biden recoge el descontento que a su vez han expresado diversos legisladores, especialistas y las cámaras de comercio de EU.
No faltará quién diga que el embajador Salazar está interviniendo en temas que sólo le competen a los mexicanos. Pero sería una falacia suponer tal cosa. Precisamente este es un asunto que involucra directamente a varias empresas extranjeras, estadunidenses algunas de ellas, que se sienten (legítimamente) amenazadas por un gobierno que ha señalado por boca del propio titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que ni siquiera las indemnizará en el caso de que cancele sus contratos.
El Presidente López Obrador, su partido y muchos de sus seguidores deben extrañar hoy más que nunca al embajador de Donald Trump en nuestro país, Christopher Landau, cuya principal labor consistió en degustar todas las comidas regionales y exaltarlas en sus redes sociales. El estilo de Ken Salazar, mucho más discreto y reservado, acaba de mostrar su eficacia al dejar claro a las autoridades mexicanas que no vino a pasear ni a conocer los platillos típicos, sino a promover una agenda que coincide plenamente con la presencia de las empresas de su país dedicadas a producir energías limpias.
Los trabajos de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), le parecen al Presidente López Obrador un asunto de “hipocresías y modas”, como el feminismo (por eso prepara un atronador discurso sobre lo realmente importante, “la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”, que llevará a la ONU). Está claro que su compromiso político y horizonte intelectual no va más allá de los combustibles fósiles. Sin embargo, debería entender una cosa: insistir en su contrarreforma eléctrica, ese penoso proyecto que busca retornar al país varias décadas atrás, lo va a seguir confrontando no sólo con las organizaciones ecologistas nacionales y globales, o con los expertos y científicos de todas partes, sino también con el principal socio comercial de México, cuyo gobierno tiene una agenda en la que las energías limpias ocupan un lugar central.
Es difícil asegurar que el apagón que ha sufrido la reforma electoral de AMLO se repetirá en abril de 2022, pero por lo pronto sabemos que ya les llegó un recibo muy alto y que lo van a tener que pagar.
FB: Ariel González Jiménez
