Todos los pronósticos, advertencias y augurios sobre la repelencia del gobierno morenista hacia las prácticas democráticas se han venido cumpliendo cabalmente. Al principio parecían una exageración de sus adversarios, una profecía negra que difícilmente podría materializarse. No obstante, para sorpresa de propios y extraños, en muy poco tiempo la administración de López Obrador ha reducido la división de poderes a letra muerta y condenado a desaparecer los organismos e instancias ideados como contrapesos del poder, todo ello mientras fustiga a la prensa crítica y alienta una militarización sin precedentes en el México contemporáneo.
De acuerdo con lo que hemos visto en apenas dos años de gobierno y de los planes que anuncia concretar antes del próximo proceso electoral, nadie parece haber exagerado acerca de su desprecio por las leyes y las instituciones que dan soporte a la (más frágil que nunca) democracia mexicana.
Habiendo reconcentrado todo el poder que solía tener el presidencialismo priista de antaño, López Obrador aparece incontenible y omnipotente. La Suprema Corte de Justicia (salvo que un milagro de última hora demuestre lo contrario) yace rendida a sus pies; el Congreso, donde tiene mayoría, actúa con más indignidad que un cotingente de acarreados; su sistemático golpeteo a la prensa y los críticos le ha dado buenos resultados, junto con la construcción de diversos espacios propagandísticos afines; su popularidad se mantiene alta y la oposición, por su parte, luce extraviada en más de un sentido.
A pesar de que acaba de ver fracasar a su amigo Donald Trump en su intento de destruir la institucionalidad democrática, supone (quizás con razón) que México es un caso muy diferente, con una democracia muy endeble que no podrá resistir la avalancha que él y su partido preparan para este 2021, cuando conseguirá que su gobierno asimile a los organismos autónomos y su partido gane nuevamente la mayoría en el Congreso para, ahora sí, ajustar cuentas con el Instituto Nacional Electoral (eligiendo un presidente a modo, más o menos del mismo perfil de quien ya se hace cargo del Tribunal Electoral).
Perdonará el lector que me refiera sólo al Presidente, pero como he dicho es evidente que los otros poderes han sido ya sometidos y que Morena no es un partido político sino un movimiento que se planeó y estructuró para gravitar en torno de un solo hombre. Y este hombre ha encontrado que los organismos e instituciones autónomos son un peligro para su proyecto. No importa que en su momento el funcionamiento de estos le haya sido útil de diversas formas en su camino al poder.
Para los desmemoriados hay que mencionar las múltiples ocasiones en que reclamó mayor transparencia en la información gubernamental o se benefició directamente como opositor del desprestigio político que provocó al PRI o al PAN conocer algunos datos o informes que provenían justamente de la instancia que hoy le resulta “muy cara”, pero sobre todo incómoda, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). De ahí que pretenda anularlo, asimilándolo a la estructura de gobierno y prometiendo que se responderán en un plazo de 72 horas y sin reservas todas las solicitudes de información. ¿Puede haber algo más torcido que poner la transparencia en manos de un gobierno notoriamente opaco, acostumbrado a dejar sin respuesta lo que se le consulta? (Tan sólo la Oficina de la Presidencia no ha respondido más del 23 por ciento de las consultas que se le hicieron el año pasado).
La misma suerte del INAI correrán otros muchos organismos autónomos de fiscalización y rendición de cuentas, pero de momento sobresalen la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se propone vayan a parar a la Secretaría de Economía y a la de Comunicaciones, respectivamente. Su creación obedeció, como se sabe, a una conclusión muy obvia: el gobierno no puede ser juez y parte en la regulación de estos procesos, porque se comprobó a lo largo de muchos años que eso fomentó corrupción, compadrazgos y favoritismos políticos que incluso en su momento denunció la misma oposición hoy en el poder. Y eso es precisamente lo que vendrá de regreso cuando los obsecuentes legisladores de Morena, pasando por alto incluso el T-MEC, aprueben que el gobierno absorba las funciones de estos organismos. Ni que decir tiene que la Comisión de Derechos Humanos, ya de por sí silenciada, pasará a un esquema absolutamente pervertido si se la integra a la Secretaría de Gobernación.
La fórmula argumental de López Obrador es la de siempre: estos organismos salen muy caros, duplican funciones y han cometido toda clase de excesos y omisiones favorables al régimen neoliberal que trajo podredumbre y desgracia para el país. Por consiguiente, al igual que los fideicomisos en su momento, deberán desaparecer y pasar a formar parte del control centralizado del gobierno morenista, ejemplo de rectitud y preocupación por los más pobres, ¿cierto?
En la lógica que sigue la realización de la Cuarta Transformación, el Instituto Nacional Electoral vendrá a ser algo así como la última línea de defensa entre la vida democrática que penosamente ha sobrevivido hasta hoy y la entrada a un régimen abiertamente autoritario. Mientras arrasa con las demás instancias autónomas, el presidente López Obrador acusa al INE de querer “censurarlo”, “prohibiendo” sus conferencias mañaneras durante las campañas electorales (como prevé claramente la ley).
Apenas en mayo del año pasado el Presidente se mostraba, a regañadientes, respetuoso de las disposiciones que marcan que debe suspenderse temporalmente su conferencia matutina, mientras transcurre la campaña electoral. Ahora, de cara a una elección que se le antoja compleja y en la que quiere asegurar a toda costa la mayoría en el Congreso, la misma ley (que él y sus partidarios impulsaron contra priistas y panistas), las mismas previsiones le resultan una maniobra del INE en su contra.
Nada bueno presagia la confrontación de AMLO con la instancia que garantizó la limpieza del proceso electoral en el que él resultó ganador. Su abierta descalificación de las reglas electorales, así como del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, anticipan la intención del Ejecutivo de subvertir al organismo electoral y convertirlo pronto en un apéndice de la Secretaría de Gobernación o quizás incluso de la misma Presidencia, porque en el mundo de López Obrador nada de esto sería pernicioso, puesto que su gobierno representa toda la probidad que anhela la sociedad mexicana.
Los límites de la Cuarta Transformación son todavía inciertos. Hace unos días, frente a la indignación de AMLO por la “censura” que sufrió Trump y el “peligro” de que empresas como Twitter instauren “un gobierno mundial”, me permití sugerir, en broma, que el gobierno mexicano podría contrarrestar este riesgo actuando como Corea del Norte y algunos países islámicos que han creado su propio internet bajo control absoluto de sus estados (totalitarios, por donde se les vea). Ahora, sin broma alguna, AMLO anunció que su gobierno examinará la posibilidad de crear su propia red, quizás como Venezuela. Todo puede ocurrir en un país gobernado por las ocurrencias de un solo hombre. Por eso, hasta ahora, ningún pronóstico sobre su naturaleza autoritaria ha resultado exagerado.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
