Gastar más de lo que se tiene, ya sea para la economía doméstica o nacional, nunca ha sido un ejercicio prudente. Sin embargo, las excepciones a la regla existen. Todos sabemos también que frente a una contingencia o una coyuntura específica puede ser válido y hasta indispensable endeudarse. Aun así, para la economía familiar, por ejemplo, no es lo mismo endeudarse para pagar la fiesta de 15 años de la niña, que para comprarle una computadora o útiles escolares.
Lo mismo sucede con el país, que ya ha conocido tristes épocas de endeudamiento que terminaron en devaluaciones, inflación y crisis de grandes proporciones. Una de esas etapas fue la del gobierno de Luis Echeverría, que quiso artificialmente mantener el ritmo que el llamado “desarrollo estabilizador” había alcanzado durante varias décadas, con tasas de crecimiento de 5 o 6 por ciento. Para conseguirlo, el gobierno mantuvo un elevado gasto, pidió préstamos e hizo que el Banco de México le diera vuelo, como decía el maestro Antonio Sacristán Colás en sus clases de la Facultad de Economía, “a la maquinita” (de imprimir dinero).
Ahí estalló una crisis de endeudamiento que persiguió al país muchos años y que cobraría niveles más alarmantes en el sexenio de López Portillo, con fenómenos como la fuga de capitales y un proceso inflacionario que le pondría muchos ceros a la canasta básica en los años siguientes, a pesar de contar con los recursos del “boom” petrolero que nos ilusionaron con la posibilidad de “administrar la riqueza”.
Después vinieron los duros ajustes de los gobiernos “neoliberales” para controlar la inflación y el endeudamiento. En los últimos 30 años, las reformas emprendidas por esos gobiernos, con resultados desiguales (sobre todo en lo social), cambiaron la faz de la economía. Algunos indicadores se invirtieron por completo. Un ejemplo es que al comenzar los años noventa, 80 centavos de cada peso provenían del petróleo, en tanto que al finalizar el siglo pasado la proporción de las exportaciones no petroleras representaban esos mismos 80 centavos.
Hoy, el país es otro y creo que con todos sus defectos, errores y hasta corruptelas en buena medida eso se lo seguimos debiendo a los gobiernos “neoliberales”. Digamos que si bien no le dejaron la casa totalmente en orden, el gobierno de Lopez Obrador recibió unas finanzas públicas mucho más sanas de las que, por lo que se ve, él puede dejar.
El debate en este terreno sería muy arduo, pero habría que ver con mucha calma (no lo intentaré hacer aquí) cuántos de los indicadores económicos —incuestionables y positivos— que presumió el presidente López Obrador en su pasado informe de gobierno son resultado neto de su gestión, y cuántos más obedecen a las bases sentadas por las odiadas políticas “neoliberales” del pasado, así como a factores migratorios y a la dinámica actual de la economía internacional que, a pesar de los obstáculos que el gobierno morenista interpone, sigue su curso (remesas, T-MEC, inversión extranjera, nearshoring y otros).
Por lo pronto, reconociendo un conjunto de buenos resultados (aumento del empleo formal, de los salarios y la capacidad de compra, así como buenas expectativas de crecimiento del PIB, entre otros), lo mejor sería que el gobierno de AMLO no se empecinara en aprobar un presupuesto que prevé un déficit del doble de cuando su gobierno comenzó (algo que ya describió puntualmente el exsecretario de hacienda, Carlos M. Urzúa, en su más reciente artículo para El Universal).
Lamentablemente, todo indica que los diputados de Morena y sus aliados aprobarán ese presupuesto que sigue castigando a la educación, la salud o la cultura, pero deja manga ancha al déficit (que se traducirá en endeudamiento) para seguir atendiendo prioridades inútiles como la refinería de Dos Bocas y, sobre todo, para que el gasto social-clientelar no se le venga abajo a la 4T en el año electoral 2024. Y podrán decir: “total, que paguen los que vienen”, olvidando, con toda torpeza e irresponsabilidad, que probablemente será el gobierno de su partido el que habrá de enfrentar mañana el endeudamiento de hoy.
En torno del 19 de septiembre, simulacros van y vienen. Pero el mayor simulacro, lleno de mentiras y promesas incumplidas, lo lleva a cabo, desde hace seis años, el Gobierno de la CDMX al no ejercer la totalidad de los recursos disponibles en el Fideicomiso para la Reconstrucción. Oscuros intereses y tramas de corrupción evidentes hacen que hasta hoy más de 29 mil damnificados no hayan podido volver a sus casas. Puede el Jefe de Gobierno, Martí Batres, seguir diciendo que no hay subejercicio, pero no creo que pueda mirar de frente a los miles de damnificados que siguen hasta hoy sin recuperar su patrimonio.
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Y mientras unos funcionarios se dedican a los malos manejos en su trabajo, otros se dan tiempo para delinquir fuera de la oficina. Así, por ejemplo, el delegado del INFONAVIT en Hidalgo, Alejandro Canek Vázquez, ha sido demandado por cometer un tipo de estafa muy frecuente —y al alza— en nuestro país: la usurpación de identidad, en este caso contra su ex esposa, Marisol Cervantes Salvatori, a quien suplantó para obtener un crédito en efectivo con una SOFOM, E.N.R. (la financiera “Impulso Crediticio Empresarial). Ya el señor Vázquez era conocido por negarse a pagar la pensión alimentaria de sus dos hijos, pero ahora enfrenta una carpeta de investigación (número CI-FIMH/MH-4/UI-2 S/D/01442/05-2021) que ha sido presentada ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo y donde se documentan los hechos que afectan gravemente a la señora Cervantes Salvatori. Ojalá los directivos del INFONAVIT tengan algo que decir sobre su representante en Hidalgo.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez