El golpe perpetrado por los legisladores morenistas al Poder Judicial –a través de la desaparición de 13 fideicomisos– es inédito y pone en riesgo la división de poderes diseñada por la Constitución. Siguiendo la instrucción presidencial con un grado de obediencia simplemente abyecto, estos presuntos diputados, que son parte de un Poder que en teoría debería servir también como contrapeso del Poder Presdiencial, intentan minar la independencia y el cabal funcionamiento del Poder Judicial, único obstáculo a la vista para que el ensayo de maximato que impulsa López Obrador se concrete.
Son mayoría, pero no tienen la razón ni la ley de su parte. Son mayoría, como también lo fueron o lo son las huestes en las que han llegado a descansar muchos regímenes autoritarios y dictatoriales. Es obvio que no conocen la responsabilidad que tienen precisamente por ser mayoría, como la que tiene el más fuerte, porque su incultura política es proverbial. Ignoran por completo sus verdaderas funciones, la independencia y las capacidades que les otorga su representatividad; y no puede ser de otro modo, pues ninguno de ellos cree o siente que fue electo por los ciudadanos. Fueron, es cierto, incluidos en una lista de candidatos “palomeada” por el señor Presidente; pero jamás, ni por el más mínimo decoro, se les ha cruzado por la cabeza que es al ciudadano de a pie al que deberían rendir cuentas, no a quien habita en el Palacio Nacional. Desde la forma y hasta el fondo, con todo descaro y cinismo, actúan como personeros del Ejecutivo. Definitivamente No están hechos para la vida democrática: tienen mucho más de sirvientes que de tribunos.
Falta ver, como mero trámite, qué pasa en el Senado, pero no puede haber sorpresas: ¿qué diferencia hay entre los senadores y los diputados de Morena? Compiten en todo caso por ver quién le rinden mayor pleitesía al señor presidente. Por lo demás, su nivel de estulticia es en términos generales el mismo.
Se viene diciendo por diversas voces críticas que el golpe a los fideicomisos del Poder Judicial es un acto de venganza por el rechazo de este a las iniciativas ilegales y autoritarias del presidente López Obrador. Y eso es completamente cierto, pero hay algo más. Tras el conocido mensaje propagandístico con que suelen envolver sus acciones –la “lucha contra los privilegios” y el infaltable “primero los pobres”–, la orden presidencial de golpear al Poder Judicial busca “ablandarlo” de cara, básicamente, a tres cosas.
La primera es que en el último año de gobierno se mulitplicarán los amparos y los recursos legales contra un sinúmero de tropelías de la 4T que están o se pondrán en marcha en los próximos meses. El “gran finale” que prepara el régimen en diversas materias sólo puede realizarse con un Poder Judicial disminuido, amagado y, a ser posible, anulado.
En segundo lugar, tenemos en puerta unas elecciones de Estado como las que solía organizar el PRI de los años más oscuros y autoritarios: las de “carro completo”, con todos los recursos públicos a favor del “movimiento” (antes “partidazo”) y ahora, además, con todas las ventajas que les da haber institucionalizado la compra del voto a través de sus diversos programas sociales.
Y por último, pero no menos importante, la 4T necesita garantizar –por si acaso, por si algo sale mal en la preparación de todos sus escenarios posteriores al poder y no se cuenta con una fiscalía a modo, por ejemplo– la impunidad de sus principales actores. No importa que para ello sea necesario violar los derechos de miles de trabajadores que el próximo domingo marcharán para defenderse.
Las instrucciones del presidente López Obrador son absolutamente claras: golpear y volver a golpear al Poder Judicial del que penden, hoy por hoy, las últimas reservas del Estado de derecho, de la división de poderes y de nuestra vida democrática. Y tiene para ello una mayoría de fámulos tribunicios que seguirán revolcándose en los lodos del servilismo y el deshonor. Falta, eso sí, que los ciudadanos (los afectados, para empezar) lo permitan.
Correspondencia parda
En el colmo de la incongruencia, una parte de la oposición insiste en traicionarse y traicionar a los ciudadanos que confían todavía en ella. Un botón de muestra: el nombramiento del titular de la Auditoria Superior de Michoacán. En el congreso estatal, los panistas terminaron por aliarse con Morena para designar a Marco Antonio Bravo, personaje muy cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Por su parte, el PRI y el PRD se abstuvieron, no sin advertir que el horizonte pinta complejo, porque hay una suspensión judicial que protege al anterior auditor, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.
Todo esto demuestra que la alianza opositora puede enfrentar graves fisuras en algunas entidades donde los mandatarios tienen forma de alienar y ablandar a muchos legisladores, según convenga a sus intereses.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
