Acerca de la verdadera visión que tiene el Presidente López Obrador y su partido de la vida democrática ya no queda ninguna duda: es barbárica y retrógrada. Se solidariza con los nuevos gorilas latinoamericanos (que llegaron al poder a través de las urnas, para luego ordenar la destrucción de sus instituciones y tratar de imponer regímenes de excepción), y promueve aquí mismo el desmantelamiento del órgano electoral que ha garantizado el respeto al voto (que hizo posible su llegada al poder) y la coexistencia civilizada, bajo reglas claras, de un abanico muy diverso de fuerzas y corrientes políticas.
No es extraño, pues, que este gobierno haya buscado lesionar la autonomía de diversas instituciones, incluidas las que sustentan la división de poderes: el Congreso y la Suprema Corte de Justicia. En lo que hace al poder legislativo ha quedado evidenciada la profunda abyección de los diputados y senadores que forman parte de su coalición mayoritaria, lo que les permite comportarse no como los representantes ciudadanos que deberían ser, sino como los sirvientes y lacayos que son. Y en lo que toca a la Suprema Corte de Justicia, también una mayoría de magistrados ha demostrado en distintas oportunidades su adicción y sumisión al poder ejecutivo, así como una vergonzosa amnesia sobre sus deberes y facultades.
La saña puesta por el Ejecutivo y su partido para destruir al INE ha sido política y presupuestalmente brutal. No pudiendo destruirlo del todo –por carecer de una mayoría que le permitiera atentar contra él en el marco constitucional– ha ordenado despojarlo, anquilosarlo, maniatarlo y boicotear hasta donde sea posible su funcionamiento de cara a los próximos procesos electorales. A todo eso apuntan las leyes secundarias que a ciegas aprobaron, en sesiones que pasarán a la historia de la infamia política, primero los diputados y días después los senadores de Morena y sus corrompidos aliados.
El saldo del ataque al INE es ominoso: al desaparecer las 300 juntas distritales se pone en peligro no sólo la confección del padrón electoral, sino también la instalación de casillas y, consecuentemente, el cómputo mismo de los votos. Otro tanto se hace al eliminar la estructura subdelegacional del INE y la drástica disminución del servicio profesional electoral (en más de 84 por ciento de las plazas que lo componen). Asimismo, de modo igualmente inconstitucional, los legisladores morenistas y sus compinches aprobaron la remoción del secretario ejecutivo del INE.
Estas y otras medidas contenidas en el “Plan B” de López Obrador son las que serán impugnadas por los consejeros del INE. Al final, habrá de ser la Suprema Corte de Justicia la que se haga cómplice o invalide la flagrante violación de la Constitución que han cometido los diputados y senadores al servicio de la Presidencia.
Pero entiéndase: estamos ya abiertamente, sin maquillaje alguno, ante un gobierno depredador de las instituciones democráticas (el INE en primer lugar) que estorban a su proyecto caciquil de largo plazo. Un gobierno que establece con absoluta naturalidad sus afinidades en la arena internacional, identificándose cada vez más con golpistas y dictadores consumados como los Ortega y los Maduro, o los fracasados Evo Morales y Pedro Castillo; solidarizándose y decretando la inocencia de una delincuente probada como la señora Kirchner en Argentina, y alineándose hasta donde le es posible con la Rusia militarista y totalitaria de Vladimir Putin .
Un gobierno que, al interior, ya sin tapujos, trabaja en la refundación del autoritarismo priista, corrupto y clientelar. No sabemos si lo conseguirá, pero por lo pronto nos aguardan de seguro nuevos “planes B”, ilegales e inconstitucionales como el que acaban de aprobar, para aplastar a los opositores en todos los niveles, terminar de destruir las instituciones democráticas y garantizar, más allá del 2024, la continuidad del proyecto lopezobradorista.
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FB: Ariel González Jiménez
