Partamos de un hecho: desde el primer momento en que el propio Presidente López Obrador señaló a los medios de comunicación y a los periodistas –sólo a sus críticos, es decir, a la mayoría– como “mentirosos”, “chayoteros”, “vendidos” o puestos al servicio de la “mafia del poder”, irresponsablemente favoreció y agravó el clima de violencia que el gremio periodístico ya padecía,
Ni siquiera discuto aquí su aseveración –hecha desde la “pureza” y convertida ya en letanía–, sino la imprudencia de que la hiciera desde el enorme poder que concentra, produciendo diversos efectos muy peligrosos para una actividad como la periodística. Es obvio que López Obrador no generó las amenazas, desapariciones, secuestros, asesinatos e impunidad que ya se vivían, pero también es caro que su discurso, muy lejos de proteger y blindar la libertad de expresión, directamente la vulneró y la hizo blanco fácil de cualquiera (incluidas por supuesto sus huestes más intolerantes y fanatizadas), ya no digamos los poderosos grupos criminales que operan con toda impunidad en el país.
De esa forma, en lugar de incentivar y proteger la libre exposición y circulación de información e ideas –como correspondería a un liderazgo democrático– el gobierno de AMLO ha terminado por instalarse, increíblemente, en la misma vereda del crimen organizado, al que también fastidia el ejercicio periodístico crítico e independiente.
Frente al caso más reciente de amenazas al trabajo de los comunicadores –en contra de Azucena Uresti y varios medios, incluido este– se observa ya nítidamente cómo se intersectan los discursos del crimen organizado y del gobierno de la Cuarta Transformación: a los dos no les gustan ciertos contenidos, noticias o comentarios (que en su lógica deben estar pagados por “otro cártel” o por los “conservadores”).
El primero puso en práctica una vez más lo que mejor conoce, la amenaza directa, ramplona y aterradora; el segundo, para no faltar a su estilo, guardó – por muchas horas– un silencio todavía más aterrador al que sólo le siguieron tibios pronunciamientos y, finalmente, algunos anuncios obligados de protección a la víctima. Ninguna condena enérgica que abriera la puerta a otras medidas a la altura de estas graves circunstancias.
Así las cosas, el gobierno no sólo no ha dimensionado correctamente la crisis de violencia que vive el país, y muy en particular la que pone en riesgo la libertad de expresión, sino que parece decidido a seguir trabajando con una “estrategia” muy preocupante. Por un lado, solicita y espera pacientemente del crimen organizado, finísimas personas, una suerte de autocontrol; y por otro, señala y enjuicia al periodismo crítico como si se tratara de una caterva de delincuentes a los que hay que poner en cintura.
El alarmante caldo de cultivo que todo esto genera sólo puede desembocar en más amenazas (proferidas y cumplidas), no sólo por parte de los grupos criminales sino de cualquier intolerante y acosador que tenga una cuenta apócrifa en las redes sociales, o que se sienta con derecho “a poner en su lugar” a los periodistas que “atacan” al presidente López Obrador. ¿Es esa la libertad de expresión que en sus conferencias mañaneras asegura que es “mayor que nunca”?
Con un ostensible fracaso en prácticamente todos los órdenes, el gobierno de Morena preferiría desde luego una prensa adicta ideológicamente a su discurso o por lo menos condescendiente con todos los estropicios producidos por su improvisación, corrupción o simple ignorancia. Ciertamente, en alguna medida la tiene, de forma vergonzante y cada vez más patética en diferentes espacios públicos (con cargo al erario) y privados (con cargo a la publicidad oficial). Pero no le basta, porque su desprestigio va en aumento y al mismo tiempo cada vez son menos los periodistas “comprometidos” que abren la boca para justificar sus diferentes desastres.
Luego de tres años de gobierno, la clara inclinación del barco hace que algunas de las pocas plumas y voces de la 4T (incluidos algunos funcionarios que acaban de “descubrir” con horror las atrocidades de esta administración) empiecen a matizar sus comentarios, guardar silencio, ignorar las directrices o de plano pasar a la crítica, discreta o incluso escandalosamente.
¿Qué hace entonces el gobierno de AMLO? En lugar de retroceder, de admitir los descalabros y errores de sus políticas o de abrir un diálogo nacional para encontrar soluciones razonables a diversos problemas, enciende nuevas hogueras (como el “quién es quién en la mentira”, donde el gran mentiroso resulta ser él mismo), renueva la estigmatización y empeora su capacidad de respuesta frente a las amenazas del crimen organizado a los periodistas.
¿Qué pueden hacer los medios críticos? Seguir haciendo su trabajo, ahora más que nunca: mostrar los hechos, la verdad, por muy incómodos que resulten para el gobierno o quien sea. La cosa no es fácil y todo apunta a que irá empeorando, pero es necesario redoblar el esfuerzo en la investigación periodística, el análisis y la opinión seria. Y puesto que ni la Presidencia, ni la Secretaría de Gobernación –muchos menos la CNDH, hoy un organismo momificado– operan para promover y garantizar la libertad de expresión ante este tipo de amenazas que a diario viven los periodistas mexicanos, sólo resta que sean ellos mismos quienes se organicen y fortalezcan la solidaridad, haciendo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos y, desde luego, a las organizaciones globales que defienden la libertad de expresión, para que sigan teniendo muy presente lo que sucede en México (las expresiones solidarias y de alerta de la Sociedad Interamericana de Prensa o Reporteros Sin Fronteras, entre otras asociaciones de comunicadores, son una muestra de cómo se observa en el mundo lo que pasa aquí).
Pero junto a ello, es preciso no perder de vista la agenda política del gobierno de AMLO, que sigue siendo someter al poder judicial y legislativo, desintegrar y asimilar al INE lo mismo que al Tribunal Electoral, aniquilar a los organismos independientes que velan por la transparencia, la medición de diversos indicadores o la rendición de cuentas.
Y aquí nadie debe llamarse a engaño o confusión: de cara a esa agenda, la prensa debe asumir que la defensa de la libertad de expresión es, en sí misma, la defensa del orden democrático. Los enemigos de aquella lo son, básicamente, porque saben que limitándola o suprimiéndola crean las condiciones para destruir las reglas, leyes e instituciones que sirven de fundamento a este. E irremediablemente ese es otro punto, acaso programático, en el que convergen las organizaciones criminales y el populismo autoritario.
FB: Ariel González Jiménez
