Felipe Calderón sacó al Ejército de sus cuarteles para garantizar, dijo, la seguridad pública. A pesar de su fracaso evidente (con más de 100 mil muertos durante su sexenio), la estafeta de su declaración de guerra contra el narcotráfico fue retomada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que dejó un saldo —de acuerdo con el INEGI— de 35 mil homicidios más que la gestión anterior. Frente a estas dos experiencias claramente desastrosas, y contradiciendo de modo flagrante lo que dijo durante su campaña, el presidente López Obrador ha continuado la misma línea trazada por los gobiernos “neoliberales” que tanto gusta criticar y, lejos de regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles, no sólo ha multiplicado las tareas del ejército en las calles sino también el número de muertos con relación a sus predecesores en el poder, sumando —entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021— más de 100 mil víctimas en el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En su momento, desde la academia y la prensa, fuimos muchos los que advertimos que sacar al Ejército de sus cuarteles había sido muy fácil y, en cambio, regresarlo a ellos iba a ser muy complicado, cuando no imposible. AMLO no sólo desistió de la idea de que volvieran a ellos, sino que, además de las labores de seguridad que tenían ya asignadas, los ha convertido en el factótum de su administración, ocupándolos en un sinfín de actividades que deberían de estar en manos de civiles.
De su salida de los cuarteles para combatir al narcotráfico muchos sospechamos que sería ineficaz —puesto que no estaban entrenados para labores propiamente policiacas— y que adicionalmente los expondría como nunca a la corrupción que promueve en todas las esferas el crimen organizado. La institución militar era, argumentamos entonces, “la última línea” de protección con la que contaba el Estado y no debía recurrirse a ella tempranamente. Y tuvimos razón: combatir al narcotráfico a través de las Fuerzas Armadas se convirtió muy pronto en parte del problema, no de su solución. El paisaje de violencia sin fin que predomina desde entonces en el país no ha hecho sino ampliarse, llegando a escenas que todos los días rebasan lo ya visto. (Mientras el presidente López Obrador festejaba el pasado miércoles sus tres años de gobierno, un comando de delincuentes había conseguido a sangre y fuego liberar a sus jefes del penal de Tula, Hidalgo).
El presidente Calderón encontró en su declaratoria de guerra al narcotráfico lo que él creyó que sería la mayor hazaña de su gobierno. Pero al hacerlo más con voluntarismo que con una estrategia bien elaborada terminó por abrir una auténtica caja de Pandora que hasta hoy nos presenta ante el mundo como una nación sin gobierno en muchas regiones, sin capacidad del Estado para garantizar la seguridad y (como se preveía) con unas fuerzas armadas cuya imagen oscila entre la ineficacia y la complicidad ante el crimen organizado.
Este legado de los gobiernos panistas y priistas ha sido retomado por López Obrador con algunas variantes de las que es preciso tomar nota. En primer ha legitimado y reforzado su papel de garante de la seguridad pública, creando una extensión del Ejército, la Guardia Nacional, que trabaja bajo la absurda y contradictoria limitación de los “abrazos, no balazos” (pese a los cuales el país sigue cubierto de cadáveres). En segundo lugar, lo ha potenciado dándole a las fuerzas armadas un notable papel en la administración actual, con una gran opacidad en el manejo de sus recursos y que va mucho más allá de sus funciones tradicionales.
Y en tercer lugar, está haciendo del ejército mexicano un nuevo actor político, aliado abiertamente de un proyecto eminentemente partidista. Esa es la novedad que todos registramos al escuchar las palabras del general Cresencio Sandoval el pasado 20 de noviembre: un llamado a la unidad en torno a la Cuarta Transformación.
En 2017, luego de que los titulares de la Defensa y la Marina manifestaran su oposición a la idea de López Obrador de considerar una amnistía a criminales (un planteamiento descabellado con el que jugó un tiempo), el entonces eterno candidato presidencial dijo que “Peña Nieto mandó a hacer política a los secretarios; sé que les ordenaron lanzarse en contra nuestra”.
Ahora, ya en el poder, uno podría suponer que AMLO instruyó a su secretario de la Defensa para declararse partidario del proyecto de la 4T, pero si así fue —y si así lo asumió el general secretario— el Presidente está llevando a las fuerzas armadas a convertirse no sólo en el principal soporte operativo de su gobierno, sino también en un actor político (y no cualquiera) a sus órdenes.
Así pues, Calderón sacó al ejército de sus cuarteles, Peña lo mantuvo fuera de ellos y AMLO —que como opositor llegó a acusarlo de represor y de violar los derechos humanos— gobierna con ellos como nadie lo ha hecho en la historia contemporánea de México, al fin que son “pueblo uniformado”.
FB: Ariel González Jiménez
