Sabedor de que es imposible constitucionalmente, pero deseable para muchos de sus seguidores, el presidente López Obrador juega desde hace tiempo a anunciar, como si hiciera falta, que dejará la Presidencia en 2024. Sin embargo, cada vez que repite su intención –que nunca presenta llanamente como lo que es: una obligación marcada por la Carta Magna– siembra más dudas y sospechas acerca de sus verdaderos propósitos.
El 2 de octubre de 2019, nos desayunamos con una conferencia mañanera en la que aseguró que si el pueblo –previo proceso de revocación de mandato en 2021– desea que termine su sexenio, “se retirará por completo de la política” en 2024. En esa ocasión, exhibiendo una suerte de humildad megalómana, dijo también: “no quiero nada que tenga ver con el culto a la personalidad. No quiero que le pongan mi nombre a calles ni estatuas ni homenajes ni nada de eso. Lo mejor es lo que queda en la conciencia de los mexicanos y siempre he pensado que el pueblo es sabio y agradecido”. (Las calles y monumentos son para los politiquillos; él prefiere, cual ángel tutelar, permanecer en “la conciencia de los mexicanos”).
Pero ya desde esa ocasión se cuidó de señalar que “el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno”, si bien lo dijo en el contexto de que “nada de que soy intocable por seis años”. Desde entonces, él y sus lugartenientes como Félix Salgado Macedonio (quien en su reciente plantón frente al INE invocó este derecho), han ido mostrando cuál es su peculiar lectura del artículo 39 Constitucional, que a la letra dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”). Y no es otra más que la idea de que el pueblo, esa deliciosa abstracción de la que se nutren todos los caudillos, está detrás de ellos. ¿Qué les queda, pues, sino interpretarlo, representarlo fielmente y hacer lo que este mande?
En sus más recientes alusiones al tema, López Obrador ha expresado que “ya pronto, ya no vamos a ser necesarios…Me voy a ir tranquilo si me lo permite la gente y si me lo permite el creador, que yo llegue hasta el 24”. E incluso: “Ya escuché que si se amplía el periodo de la Suprema Corte es porque yo quiero reelegirme. No, yo no soy como ellos, como los que han acariciado siempre este propósito de reelegirse”.
Negar una y otra vez que pretende quedarse en Palacio Nacional más allá del 2024 no ha tranquilizado a un importante sector de la población que cree eso posible o incluso (entre sus fieles) deseable. Lo que comenzó como una percepción guiada por la sabiduría popular (excusatio non petita, accusatio manifesta), ha terminando por ser prácticamente una certeza en muchos círculos políticos y no sólo de oposición. Por lo demás, ¿por qué deberíamos creerle a un Presidente que dijo, por ejemplo, que regresaría al ejército a sus cuarteles y que hoy lo usa para todo y lo ha convertido en su principal soporte institucional?
A estas alturas resulta evidente que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en un tronar de dedos por el Senado y por la cual se ampliaría el mandato del ministro Arturo Zaldívar, es como un laboratorio político donde el Jefe del Ejecutivo y su partido prueban la viabilidad, aceptación y desde luego niveles de rechazo y efectos que produce una decisión de esta naturaleza. Prueban, ante todo, un argumento de necesariedad que el Presidente expresa de este modo: es “muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro y con principios”, ya que “no hay otro” que pueda impulsar la reforma del Poder Judicial y puesto que “la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces estén al servicio del pueblo”.
Mientras escribo esto los diputados de Morena y la servidumbre que tienen por aliados están a punto de aprobar, sin mayores demoras como les fue ordenado desde la Presidencia de la República, el dictamen que hará “legal” la ampliación del mandato del ministro Zaldívar. No creo que haya mayores sorpresas por el lado de los diputados de Morena, a pesar de que algunos de ellos han reaccionado en contra, quizás para ser mínimamente consecuentes con su pasado, como Porfirio Muñoz Ledo, quien asume que se trata de una “violación patética de la Constitución”.
Y esa violación, que sentará un precedente funesto para el futuro del Poder Judicial, será la base sobre la cual eventualmente se podrán llevar a cabo otras ampliaciones de mandato u otras barbaridades.
Hasta hoy, por razones legales, políticas o incluso personales el ministro Zaldívar ha guardado silencio. Es tiempo ya de que se pronuncie. Un día más de silencio lo convertirá en vergonzante cómplice de toda esta maniobra que él mejor que nadie sabe que es inconstitucional. Todas las voces democráticas le demandan que rechace esta “oportunidad”, viciada de origen, para permanecer en su cargo. Si no las escucha, estará validando un atropello que no sólo acabará definitivamente con la autonomía del Poder Judicial sino que abrirá las puertas a un ciclo de ominosos eventos políticos que tendrán como base la letra ya muerta de la Constitución.
FB: Ariel González Jiménez
