Inevitablemente, los Jenkins nos recuerdan la peculiaridad que otorga, según Tolstoi, la infelicidad a algunas familias (por oposición, como se sabe, al parecido que tienen entre sí “todas las familias felices”). Siendo heredera de quien fuera uno de los empresarios más acaudalados y poderosos del siglo XX, William Jenkins (1878-1962), quizás no podía ser de otro modo. El enorme legado financiero recibido –a pesar de habérsele fijado como destino principal la beneficencia– ha llevado consigo, también, la atención, ambiciones y disputas que sólo el peso de un magnate como el padre fundador de esta dinastía podía generar.
Las noticias más recientes sobre este clan no son gratas, toda vez que se lo presenta envuelto en un supuesto fraude que involucra miles de millones de pesos, a partir de las denuncias hechas por Guillermo Jenkins. Se supone, según el primogénito de esta familia, que sus hermanos y hasta su propia madre, han incurrido en lavado de dinero para hacerse del control de los recursos que pertenecen a la Fundación Mary Street Jenkins. El pleito de Guillermo Jenkins contra su familia comenzó en mayo de 2016, a raíz de su expulsión del patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla (Fudlap).
Para ese entonces, esta misma Fundación ya enfrentaba otro litigio (iniciado en 2007) pero este era por el registro y uso de la marca “Universidad de las Américas” y lo protagonizaba, como demandante, el ahora fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
En su momento, la demanda presentada por Guillermo Jenkins no prosperó. La Fiscalía General de la República no encontró evidencia de delito alguno por parte del resto de los Jenkins y cerró la indagatoria. Pero tal y como reconstruye el reportero Omar Fierro para el semanario Proceso (“Caso Universidad de las Américas: Ramos López, un apoderado legal muy diligente”, Proceso, No. 2232, 11/07/2021), esta carpeta fue reactivada de forma inesperada (y por lo visto, ilegal) por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), Juan Ramos López, quien se desempeñara hasta junio de 2018 ni más ni menos que como apoderado legal del doctor Gertz Manero y, como tal, demandara a la FUDLAP.
En un país donde la impunidad ronda el 100 por ciento, siempre llamará la atención que un expediente como el que ya se había cerrado contra la familia Jenkins sea reabierto como por arte de magia en medio de una coyuntura que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ha sabido aprovechar con toda prontitud para apoderarse, fuerza policiaca de por medio, de la Universidad de las Américas Puebla.
Como se sabe, el pasado 29 de junio, elementos de la policía estatal de Puebla ocuparon el campus de la UDLAP. Estos policías no iban tras una banda de secuestradores o narcotraficantes –de las que reiteradamente han sido víctimas profesores y estudiantes– sino para hacer efectiva una orden de “recuperación del patrimonio” (dadas las acusaciones de desvío de fondos contra el patronato de la UDLAP y su rector, Luis Ernesto Derbez) que un juez de la Ciudad de México dispensó pasando por alto el amparo que tenía la Institución.
El golpe contra la Universidad de las Américas tiene como sus más recientes componentes la imposición de un patronato espurio por cuenta de la kafkiana Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (a las órdenes del señor gobernador) y la designación de un nuevo rector, Armando Ríos Piter (viejo amigo del señor gobernador), quien ostenta credenciales tan académicas como las que puede aportar su reciente candidatura para una diputación por el extinto partido Fuerza México o el intento de registrarse como candidato a la Presidencia en 2018 presentando al Instituto Nacional Electoral más de un millón y medio de firmas inválidas que incluían la falsificación de credenciales de elector y el nombre de no pocos difuntos.
Como se ve, en el complejo entramado del conflicto que mantiene en vilo a la Universidad de las Américas coinciden una familia Jenkins dividida (una parte de la cual, acusada de desfalco y de llevarse 720 millones de dólares fuera del país, estaría prófuga, según sus demandantes); un fiscal general de la República que ha demostrado ser implacable juez y parte en la resolución de sus conflictos con la familia de su fallecido hermano, Federico Gertz (manteniendo en prisión a su propia sobrina), y que ahora vuelve a usar su cargo para revivir una carpeta de investigación contra los Jenkins y así cobrarse una vieja cuenta pendiente; y un gobernador que ha visto la ocasión para apoderarse de los recursos e instalaciones de la UDLAP, imponiendo un patronato y luego un rector ajeno por completo a la institución y que no cumple con los requisitos para serlo, pero que ya se apuntó como su primer “éxito” que los bancos abrieran las cuentas de la Universidad para pagar la nómina. Primero lo primero.
En mi gramática parda sería temerario meter la mano al fuego por los miembros de la familia Jenkins acusados de desviar los recursos de las fundaciones a su cargo (la que lleva su patronímico y la Fudlap), pero tanto o más lo sería creer que en todo esto han coincidido providencialmente el único miembro decente de la dinastía fundada por William Jenkins, el más impecable fiscal de la República que recordemos (que es capaz hasta del plagio para justificar su nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores), así como el más institucional y educado gobernador que recuerde Puebla.
De momento, la gran perjudicada en todo este conflicto sincrónicamente orquestado es la Universidad de las Américas y quienes finalmente son sus actores fundamentales: estudiantes, profesores e investigadores. Ya vieron cómo la policía ingresó a sus instalaciones, depuso un patronato e impuso un rector; ahora sólo falta que vean cómo un gobernador morenista –que también guarda un profundo resentimiento hacia las clases medias y lo que representan– se sirve de los recursos financieros y materiales de su casa de estudios (y de la Fundación Jenkins, si puede) para cumplir sus compromisos con “los más pobres de Puebla” e impone una planilla de directivos y profes a a la medida de sus anhelos ideológicos, partidistas (y familiares, de paso).
Como otras universidades privadas, la UDLAP ha construido un sólido prestigio académico a nivel nacional e internacional que puede derrumbarse tras los duros embates que ha sufrido en unas cuantas semanas. Por lo pronto, me dicen algunos profesores que la matrícula ha descendido ante la incertidumbre que se vive y que, quiérase o no, contagia y preocupa a otras instituciones privadas de educación superior de todo el país porque sienta un precedente absolutamente nefasto.