México comenzó a cambiar cuando por primera vez las corruptelas oficiales fueron dadas a conocer por la prensa. Pero definitivamente comenzó a ser otro país cuando un organismo autónomo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI), creado en 2002, comenzó a garantizar a los medios y a cualquier ciudadano que la solicitara, información acerca de cualquier funcionario o instancia que manejara recursos públicos.
Fue así que de forma directa y expedita –por la obligatoriedad que tienen las entidades públicas de responder a las demandas de información– pudimos enterarnos de las mansiones que un funcionario de medio pelo poseía y cuyo valor no podía ser justificado con sus ingresos; de las adquisiciones, rentas y contratos inverosímiles que, frecuentemente sin licitación, se hacían desde gobiernos locales o aun desde el federal (¿recuerdan el “toallagate”?); del nepotismo escandaloso de algunos “servidores públicos”, de sus excesos, abusos y de no pocos actos delincuenciales…
En fin, por un momento todo parecía mucho peor que antes, pero ya que lo pensamos dos veces o simplemente mejor, concluimos algo terrible, pero mucho más lógico: no es que el país fuera más corrupto, sino que sabíamos más de la corrupción; no es que los funcionarios fueran más ladrones, sino que estaban expuestos a un mayor escrutinio que en otras épocas.
Decir que “no sirve para nada” —como dice ahora el Presidente López Obrador— es pretender ignorar y suprimir un decisivo proceso de transparentación de la vida pública que, por cierto, mucho sirvió para que el hoy Primer Mandatario obtuviera el apoyo ciudadano que lo terminó llevando a la silla presidencial. Si recordamos, cada acto de corrupción que fue denunciado mientras AMLO era candidato a la Presidencia fue utilizado por él, su partido y sus seguidores (legítimamente, no lo niego) para acrecentar su popularidad. Entonces el acceso a la información, la transparencia, el INAI, sí eran útiles.
Pero apenas llegados al poder, Lopez Obrador y sus funcionarios descubrieron con horror que ahora ellos serían también observados por esos mismos organismos independientes y autónomos que, como el INAI, los habían favorecido como opositores por la sencilla razón de que hicieron su trabajo de forma profesional y apartidista. El gobierno de la 4T tendría, pues, que cumplir las mismas reglas que los gobierno “neoliberales” y “conservadores”, independientemente de las bondades y principios justicieros de su proyecto de “primero los pobres”. Y eso, por supuesto, resultó inadmisible para nuestros “luchadores” convertidos en gobernantes.
Fue entonces que el Presidente diagnosticó que todas las instituciones y organismos independientes tenían serios problemas de “corrupción”, vínculos con las “cúpulas de poder conservadoras”, adoración por los neoliberales, altísimos sueldos, gastos desmedidos que bien podrían servir para los programas sociales, etc.
Este cambio de tono frente a organismos de los que López Obrador como candidato parecía devoto, tiene como trasfondo la enorme opacidad que él sabe tiene su partido y sus más cercanos colaboradores. Si en general detesta la información —y obviamente la crítica— que proviene de los medios, hay que asumir que aborrece de modo muy particular la información que sale de las mismas instituciones de su gobierno. Para él eso es como una “fuga de información”, la infame ruptura de la confidencialidad administrativa a la que la 4T cree tener derecho para materializar sus objetivos, superiores sin duda a los de los abominables gobiernos que la precedieron. Y todo le parece peor cuando en estos procesos informativos ha intervenido directamente el INAI. Qué estorbo, qué desperdicio de dinero público, pudiendo confiarle sus funciones (es decir, las que él supone que son tales) a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción.
El INAI no pretende hacer lo que la ASF o la Fiscalía Anticorrupción hacen. No fue creado para eso, sino para garantizar que precisamente organismos como estos informen a la ciudadanía de todo cuanto desea conocer. Por lo demás, no me imagino a la Auditoría y mucho menos a la Fiscalía, respondiendo a las millones de peticiones que la ciudadanía ha hecho al INAI.
Hoy el INAI está paralizado y maniatado por decisión del Presidente López Obrador, a quien por lo visto enferman la rendición de cuentas y la transparencia. Continúa así la labor prioritaria de su régimen: destruir instituciones y aplastar a los organismos autónomos, sin importar que con ello viole sistemáticamente la legalidad constitucional. Será indispensabe que,
también en esto, la Suprema Corte de Justicia detenga el atropello presidencial; y será preciso que los ciudadanos actuemos en defensa del INAI, como antes hemos hecho con el INE.
López Obrador y su partido entienden, con toda claridad, que para que la 4T siga en el poder después de 2024 la gente no debe saber, no debe conocer cómo han venido gobernando hasta ahora. Por eso el INAI está en la mira, y por eso hay que defenderlo contra quienes quieren seguir “haciendo historia” volviéndonos al pasado.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez