Hace un año, convenientemente de madrugada, la estatua de Cristóbal Colón, así como las de los frailes Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza, fueron retiradas del Paseo de la Reforma. Un boletín de la Secretaría de Cultura declaraba que las figuras serían “sometidas a diagnóstico para su eventual restauración” por solicitud del gobierno de la Ciudad de México (atentísimas autoridades que suponemos las veían muy deterioradas, más que la Línea 12 del metro).
Los responsables de las maniobras de traslado eran, se informaba, funcionarios y especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, instancia que “tiene competencia por tratarse de obras de carácter histórico”. En aquel boletín se decía también que “la fecha para la restitución de las piezas escultóricas será definida por el gobierno de la Ciudad de México, una vez que el INAH realice los análisis y trabajos correspondientes para salvaguardar este patrimonio artístico, histórico y cultural”.
Ahora sabemos que todo fue un burdo engaño y que desde el primer momento el gobierno de Claudia Sheinbaum había decidido que las piezas no regresarían jamás a la glorieta de Reforma. Supongo que se hizo así, tapándole el ojo al macho, para no despertar más suspicacias y críticas.
Sin embargo, ante su decisión saltan un montón de dudas, contradicciones y acaso flagrantes irregularidades que ojalá aclarara el gobierno capitalino o las instituciones como el INAH que han dado “todo su apoyo” a este proyecto, que es más que nada un capricho demagógico y folclórico para servir a la propaganda “histórica” del gobierno en turno.
Me dice Arturo Saucedo, asesor parlamentario y especialista en legislación cultural, que en la remoción, traslado, reinstalación y sustitución del Monumento a Cristóbal Colón se ha violentado la Ley Federal de Monumentos y se ha omitido el procedimiento que establece el marco normativo vigente.
En primer lugar –señala Saucedo– “el monumento a Cristóbal Colón está protegido por la Ley Federal de Monumentos porque se creó e instaló antes del siglo XX, en 1898; el conjunto del Paseo de la Reforma es una zona de patrimonio cultural colindante con la zona patrimonial del Centro Histórico, además de que el Paseo de la Reforma como tal es una zona de monumentos relevante, cuya unidad está bajo el resguardo del INAH, con el debido dictamen por parte del INAH para establecer el tipo de restauración que requería el monumento”.
¿Existe ese dictamen del INAH? Arturo Saucedo dice que en este documento “se debió haber sustentado la necesidad de remoción del monumento sin utilizar pretextos como fue la aparente restauración. Los argumentos debieron haberse presentado con estudios de impacto cultural, o en todo caso, el INAH tenía que haberlos hecho, como parte de su dictamen, en apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y su Reglamento”.
Señala Saucedo que habría que saber quiénes fueron (o no fueron) consultados para tomar esta decisión. En tiempos de la Cuarta Transformación –donde “todo” se consulta “democráticamente”, no como en el pasado neoliberal– este no debiera ser un tema menor: “la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, debieron haber sido consultadas sobre la pertinencia del personaje, tema, unidad simbólica”. De no hacerlo, “se estarían violentando los derechos de dichos pueblos y barrios originarios en sus facultades, de acuerdo con la ley, para promover la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y afromexicanas, en la adopción de decisiones, la gestión y salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural”.
Por lo que puede verse, tal y como puntualiza Saucedo, “es evidente que ninguna de estas dependencias se ha manifestado ni se cuenta con los dictámenes o estudios que establece la ley”. De ahí que en su opinión el congreso de la CDMX y el Congreso de la República “deberían pronunciarse sobre este tema y solicitar a los órganos de auditoría local y federal actúen para garantizar que todo el procedimiento se haga con apego a la ley y que nuestro patrimonio cultural se encuentra debidamente resguardado”.
Como muchas otras decisiones en esta administración, todo indica que a Colón se lo ha expulsado de su glorieta improvisando y siguiendo meras ocurrencias apegadas al guión ideológico que dicta la “memoria histórica” y los ya muy manidos “500 años de resistencia indígena”.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
