Chicago, Illinois. – Dos años y medio después del ataque al Capitolio en Washington DC perpetrado por simpatizantes del expresidente Donald Trump, se avecina una tormenta legal con cuatro acusaciones graves en contra del entonces mandatario por conspirar para mantenerse ilegalmente en el poder. Los cargos presentados por el fiscal especial Jack Smith son un paso ha cia el regreso a la legalidad de esta nación, repudiar el engaño y privilegiar las leyes y los hechos comprobables.
El caso en contra de Trump tiene grandes similitudes con las conclusiones del comité legislativo bipartidista que investigó el contexto, las acciones y consecuencias de la insurrección en Capitolio el 6 de enero de 2021. Básicamente, ambas concluyeron que el entonces presidente abusó de su poder para presionar a funcionarios electorales para cambiar el resultado de la elección. Así mismo, lideró una campaña para mentir sobre un presunto fraude que influyera en la opinión pública para encender el apoyo radical de sus seguidores, erosionar la confianza sobre el proceso electoral, y permitirle cosechar en medio del caos que él mismo generó.
En un país de leyes, como el que era Estados Unidos antes de Trump, es un deber aportar evidencia para probar las acusaciones, y hay consecuencias de los actos y dichos de un individuo —especialmente si sus alegatos conducen a la violencia o inestabilidad social.
El 24 de enero de 2009 publiqué en este espacio “México y EU, dos visiones de civilidad”, una pieza donde describí con orgullo el comportamiento social y del liderazgo político americano una vez se elegía a un nuevo presidente. Entonces, celebré el fin de la competencia política estadounidense para contrastarla con el caos ocasionado por, entonces, un líder político en México que acusaba, antes como ahora, un fraude electoral que nunca ha probado.
Quienes consideran que los líderes mentirosos patológicos son “genios de la comunicación” deben tragarse sus palabras. Las falsedades no pueden ser consideradas una virtud, al contrario, son evidencias de violaciones flagrantes a la ley que un día deben ser castigadas con rigor. Por ello, Estados Unidos va en ruta para demostrar que defender la legalidad y las instituciones siempre debe prevalecer por encima de la demagogia de merolicos.
De entre los muchos excolaboradores de Trump durante su presidencia, casi ninguno considera que debe ejercer nuevamente el poder. Al contrario, su ex procurador general, Bill Barr, ha reconocido que no había evidencia de las acusaciones de fraude. Incluso, el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, afirmó sobre las nuevas acusaciones: “Creo que quien se coloca por encima de la constitución nunca debe ser presidente de los Estados Unidos”.
Más allá de la erosión institucional derivada de las mentiras crónicas, debemos recordar que hubo vidas que se perdieron durante la revuelta en el Capitolio y después del ataque luego que varios oficiales del orden se suicidaron al no resistir el trauma y la vergüenza por no contener la turba violenta.
No obstante, hay gente que se pregunta si es apropiado llevar a juicio al expresidente y precandidato líder del Partido Republicano. Si bien se entiende la consideración, me parece que el comediante Jon Stewart ha dado la mejor respuesta a CNN: “Tenemos Estado de derecho o no lo tenemos. La razón por la que Trump es popular es por la falta de rendición de cuentas de quienes están en el poder. Lo que deberíamos preguntar es, ¿hizo (Trump) algo incorrecto?”
Ojalá que los cargos en contra de este personaje marquen el fin de la absurda época de la post verdad, y que otros demagogos populistas vean que la justicia los alcanzará quizá en una corte, pero seguro en la corte de la opinión pública cuando sus falsedades se derrumben y con ello colapse el castillo de naipes que edificaron con falacias.