Chicago, Illinois.— “Las acciones del presidente han violado la Constitución y se le debe fincar responsabilidad. Nadie está por encima de la ley. Su conducta constituye una traición al juramento que hizo al asumir su cargo, es una traición a nuestra seguridad nacional y a la integridad de nuestras elecciones”, dijo la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al anunciar el inicio del juicio político a Donald J. Trump.
Se trata de un hecho histórico, pues sólo dos mandatarios han enfrentado este proceso en la historia de este país, Andrew Johnson y Bill Clinton, mientras que Richard Nixon prefirió renunciar al cargo antes de ser enjuiciado.
La Cámara de Representantes, de mayoría opositora, tiene la facultad de presentar los argumentos de las presuntas ilegalidades cometidas por el Ejecutivo. Una vez establecidos los cargos se envía el proceso al Senado para que éste enjuicie al mandatario. De contar con la mayoría de los votos, la Cámara Alta puede destituir al ocupante de la Casa Blanca.
En este caso, la destitución es poco probable pues el Senado es de mayoría republicana, que protegerá al presidente. No obstante, el juicio político arrojará luz sobre las presuntas violaciones cometidas por el Ejecutivo, elemento que puede influenciar a los electores de cara a la elección presidencial de 2020. Trump es acusado de retener dinero para asistencia militar a Ucrania al tiempo que demandó en una llamada telefónica al líder de esa nación, Volodymyr Zelensky, investigar al hijo del precandidato presidencial opositor Joe Biden por sus actividades de negocios en Ucrania, por presuntos actos de corrupción.
De comprobarse, la presión de Trump sobre Zelensky, representaría un delito grave por utilizar como moneda de cambio recursos que el Estado otorga como asistencia a otra nación para beneficiar políticamente al presidente y dañar la candidatura de su principal rival.
Cabe mencionar que Pelosi se ha negado a enjuiciar a Trump por otras violaciones a la ley por considerar que el proceso dividirá a la nación. También, la líder legislativa ha actuado con cautela pues diversas encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a que el presidente sea sacado del poder por esta vía. En otras palabras, el juicio político podría ser contraproducente para los demócratas.
Pero en una nación donde el Estado de derecho significa algo es insoportable permitir transgresiones infinitas a las normas establecidas, así sea de la persona que detenta más poder. Cuando se junta suficiente evidencia para fundamentar cargos graves de abuso de poder, violación a la Carta Magna, traición, o actos de corrupción desde la cima del poder, es momento de dejar el cálculo político a un lado y demostrar que nadie puede burlarse de las leyes.
Seguramente el presidente se victimizará acusando persecución política de sus opositores. Así, tratará de envenenar las conclusiones que la Cámara de Representantes presente al Senado, sembrando la semilla de la duda sobre una crisis que él mismo generó.
No obstante, los demócratas han dado un paso importante, histórico, en una nación que ha sufrido innumerables embates de un mandatario que se vale de todo, incluyendo medidas ilegales e inmorales, para hacer lo que se le da la gana. Estados Unidos deberá probar que aún cuenta con la fortaleza institucional que le faculta tratar con justicia e igualdad a débiles y poderosos. Y que nadie, especialmente a quien le fue confiado el poder, puede abusar de la confianza que el electorado depositó en sus manos. Así como se debe dejar claro que con la Constitución no se juega.
Periodista