Chicago, Illinois.— Una junta supervisora “independiente” de Facebook determinó que la red social hizo bien en suspender la cuenta del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los 20 miembros de la junta dieron seis meses a Facebook para establecer políticas claras que amparen o retiren la suspensión definitiva del político. Fue un momento en que los fiscalizadores y la red social se pasaron la bolita sobre las condiciones en que se puede privar a alguien de usar la plataforma.
Resumo los antecedentes: luego de suspender a Trump, el jefe de Facebook decidió integrar un grupo de líderes políticos, periodistas y activistas de los derechos humanos para que los usuarios apelaran decisiones de la empresa referentes a los contenidos y cuentas permitidas. Sin embargo, este grupo padece del pecado original de ser financiado por Facebook, y la elección de sus miembros es influida por los ejecutivos de la empresa.
Lo anterior deja claro lo inadecuado que resulta depender del autogobierno de las redes sociales para asumir su responsabilidad sobre los contenidos que ahí se publican, así como para determinar a quiénes se les cierra la puerta cibernética.
Desde mi perspectiva, las redes sociales, no sólo Facebook, acertaron al suspender las cuentas de Trump en vista de su irresponsabilidad al hacer acusaciones sobre un fraude electoral que no existió. Estas mentiras difundidas por los medios digitales y repetidas por los medios de comunicación prepararon el camino hacia la insurrección en el Capitolio de la nación, donde murieron cinco personas y más de 140 resultaron lesionadas.
Por muy esencial que un líder se crea, la beligerancia y las invitaciones a romper el orden constitucional son motivos válidos para arrebatar el megáfono a un mal gobernante. No obstante, la crisis del pasado 6 de enero debió dar paso a una conversación amplia sobre cómo proteger la libertad de expresión al tiempo que se limita a quienes rompen con la civilidad en las redes. Mentir, amenazar, promover la violencia en contra de personas o causar daño a la propiedad en los medios digitales debe estar fuera de los límites permitidos.
Decidir si Trump puede recuperar su voz es responsabilidad de los reguladores en el gobierno, quienes antes deben consultar ampliamente a la sociedad para establecer las reglas del juego, hasta ahora inexistentes. Esta será una conversación polémica e incómoda, pero es un diálogo indispensable para actualizar las bases de convivencia en nuestra sociedad. Son los representantes electos y no una “junta independiente”, pagada por la misma entidad a la que debe regular, quienes lideren este debate.
Las constituciones de los Estados democráticos consagran la libertad de expresión a sus ciudadanos. No obstante, el acto de gritar sin bases ¡fuego! en un teatro repleto de espectadores debe ser juzgado por las consecuencias del pánico ocasionado, no por los deseos de un irresponsable quien sin reparo afecta a terceros.
Los derechos esenciales no se pueden asignar o arrebatar por decisiones tomadas por unos cuentos sabios, y mucho menos por burócratas de corporaciones. Las sociedades que valoran las libertades pueden y deben elaborar reglas de convivencia acordes a nuestro tiempo, y determinar el uso apropiado de las herramientas modernas de comunicación.
Nuestros líderes electos deben plasmar la voluntad popular expresada en consultas amplias a través de legislaciones sensibles que respeten los derechos, establezcan la responsabilidad de usuarios y las redes sociales, así como consideren la viabilidad de estas plataformas. Es tiempo deque los políticos dejen de esconderse esperando a que alguien más les resuelva el problema.
Periodista
@ARLOpinion
