Chicago, Illinois. – Cuando llegué a Estados Unidos hace dos décadas y media, comentaba con mis compañeros de escuela que quería aprender los secretos del desarrollo de este país para llevarlos a mi patria, México. Desde entonces, me quedó claro que hay un requisito esencial para la buena convivencia social, el orden y el progreso: el apego al Estado de Derecho.
Respetar las normas destierra la desesperanza que deja la impunidad, da certidumbre a los contratos al hacer negocios y establece mecanismos sobre cómo organizar y realizar las elecciones. Estas reglas se construyen con base en las indicaciones de una sociedad que aspira a un mejor mañana.
Por ello, me resulta angustiante que la clase gobernante en México desdeñe las pautas establecidas cada vez que les conviene. Protestaron “defender la Constitución y las leyes que de ella emanen”, al asumir sus cargos, cruzando los dedos pues sabían que mentían y que no tenían intención de honrar este compromiso.
Un día sí y el otro también el presidente de México usa el reduccionismo de la lucha contra la corrupción y las mafias del poder para legitimar sus embestidas contra instituciones e individuos. Cierra proyectos de infraestructura, desconoce compromisos internacionales, llama al desacato judicial, etc., señalando intereses contrarios a sus designios.
El asunto es que este hombre es puro jarabe de pico, pues no prueba nada, no inicia procesos judiciales que castiguen a los infractores o defraudadores de la nación. Todo descansa en, “tenerle confianza, porque él es honesto”. Por ello, es incomprensible que México al ser una de las primeras economías del mundo, siga rezagado en la aplicación del derecho.
La verdad contraria a los cuentos vertidos a diario en Palacio Nacional es la siguiente. Según la organización World Justice Project, México ocupa el lugar 113 en estado de derecho en el mundo entre 139 posiciones, muy por debajo de sus principales socios comerciales Estados Unidos (27) y Canadá (12), e incluso lejos de competidores en el vecindario como Brasil (77) y Chile (32).
Así mismo, Transparency International coloca a México en el lugar 124 de 180 en la percepción social de la penetración de la corrupción. Quizá el mexicano promedio no sienta un deterioro pronunciado por este flagelo, pero tampoco existe el prometido avance al que se compromete a diario el apóstol reivindicador.
¿Y cómo va a haber avance? Un estudio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad encontró que el 80 por ciento de los contratos federales fueron adjudicados directamente, sin concurso, en 2021. A esta ominosa opacidad se suma categorizar los grandes proyectos presidenciales: aeropuerto, refinería y tren, como de “seguridad nacional”, designación que oculta cómo se gastan el dinero, quiénes lo reciben y bajo qué criterios. ¡Un verdadero marranero!
A pesar del claro fracaso de esta administración por alcanzar los objetivos más sensibles a los que se comprometió, eliminar la corrupción y pacificar el país, de pronto la clase gobernante se va en manada en contra del sistema electoral (sin ser asunto urgente). El motivo no puede ser otro que asegurar el control de los mecanismos de renovación de liderazgo para no soltar el poder, a la buena o a la mala.
La mayoría de los “acólitos” de la 4T son lo suficientemente listos para entender que no los une un credo ideológico, sino la ambición de poder y dinero. A esta jauría de sinvergüenzas no les importa un proyecto político, les preocupa que lleguen “otros” al poder y destapen la inmundicia que van dejando durante el reinado de falsedades del pequeño hombre conocido como el Rey del Cash.
@ARLOpinion
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