Chicago, Illinois.— Donald Trump fue absuelto por el Senado de Estados Unidos convertido en jurado, durante el más reciente juicio político su contra. La Cámara de Representantes lo acusó de incitar la turba que tomó por asalto el Capitolio en Washington DC, el 6 de enero, mientras el Congreso calificaba la elección presidencial que dio el triunfo al presidente, Joe Biden.
57 senadores votaron por condenar a Trump, siete de ellos republicanos, pero se quedaron cortos de los 67 votos necesarios para declarar culpable al enjuiciado. El resultado es un irrefutable fracaso al Estado de derecho y a la rendición de cuentas que deben privar en una nación de leyes. El mismo líder de los senadores republicanos, Mitch McConnell, dijo que “Trump es práctica y moralmente responsable por provocar los eventos de ese día”. No obstante, votó por absolverlo.
La mayoría de los republicanos dijeron que el proceso era anticonstitucional pues Trump ya no es presidente y por lo tanto no se le podía expulsar del cargo. No obstante, los encargados de presentar las pruebas en su contra dejaron claro que esa idea crearía un antecedente perverso en el que el Ejecutivo puede rendir cuentas por delitos cometidos durante su mandato, menos en los últimos días de su gobierno pues para cuando sea juzgado, ya no estará en la presidencia. En consecuencia, sus crímenes quedarán impunes.
Si bien los jurados tienen derecho a tener una opinión, lo cierto es que, durante el primer día del juicio político, el Senado declaró que el proceso era constitucional. Por ello, es problemático que si también son parte del cuerpo legislativo que validó la legalidad del juicio, algunos senadores amparen la cobardía de sus votos con un argumento ya superado.
A quienes absolvieron a Trump no les importa el ataque artero a las instituciones y procedimientos democráticos de esta nación. Tampoco les preocupan las cinco vidas perdidas durante los disturbios, ni los dos policías del Capitolio que se suicidaron en días posteriores. El autodenominado “presidente de la ley y el orden” incitó a sus simpatizantes con mentiras sobre un fraude electoral inexistente. Luego los convocó y envió en contra del Congreso durante la ceremonia que culmina la transmisión pacífica del poder.
Los actos del ex mandatario, su retórica beligerante y su negativa a aceptar cualquier responsabilidad personal lo reducen a un vulgar criminal. Un delincuente beneficiado de la impunidad obsequiada por blandengues temerosos de su influencia sobre su partido. Son políticos preocupados por su sobrevivencia electoral que olvidaron su juramento de proteger a este país de sus enemigos, foráneos o domésticos.
Del lado de los demócratas es entendible que se inclinaran por terminar el juicio pronto sin llamar a testigos, pues al abrir ese camino los abogados defensores de Trump prometieron citar a cientos de personas para hacer de éste un procedimiento insufrible. Por ello, el partido en el gobierno prefirió mover la urgente agenda del presidente Biden, como el paquete de estímulo y respuesta a la pandemia.
Los riesgos de que un demagogo-populista destruya las instituciones de gobierno o electorales, e imponga la supremacía del culto a su personalidad quedan evidenciados en el Estados Unidos de hoy. El Partido Republicano sufrirá mucho en definir su futuro bajo la sombra del hombre que más que su líder se ha convertido en su dueño. Esta democracia necesita un partido opositor competitivo, porque lo que tenemos ahora es una vergüenza.
Periodista
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