Chicago, Illinois. – El próximo jueves el presidente López Obrador viajará a la Casa Blanca para reunirse con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con el presidente Joe Biden. Será la primera reunión de los socios de América del Norte desde 2016. En la agenda destaca la discusión sobre “la competitividad para un crecimiento equitativo” y “los esfuerzos para combatir el cambio climático”.
Quizá sea la primera vez en que el presidente de México realiza dos viajes internacionales en una semana, en vista de que lo suyo no es la política exterior ni las cumbres internacionales. Por ello, la visita a Washington D.C. sólo se puede entender porque “lo mandaron traer”.
Esto ocurre mientras la popularidad de Biden está en su nivel más bajo desde que llegó al poder. Entre las criticas está su manejo a la crisis de los migrantes centroamericanos. Los medios conservadores denuncian que deja ingresar a “migrantes violentos que traen enfermedades”. Ambas acusaciones tendenciosas y hasta racistas, pero logran el objetivo de atizar los ánimos de un electorado que aún añora a Donald Trump. Por ello, Biden necesita dar resultados domésticos e internacionales.
Por otro lado, el México de López Obrador funciona como el policía migratorio de Estados Unidos al hacer el trabajo sucio de contener a los migrantes centroamericanos. En la cumbre de Norteamérica, México jugará su carta de gendarme a cambio de que su vecino no intervenga en asuntos internos cuyos objetivos incluyen la regresión democrática, el debilitamiento de la libre empresa y del libre mercado.
A pesar de que la obediencia en asuntos migratorios es usada como moneda de cambio, parece que Canadá y Estados Unidos están decididos a dejar en claro a México que las violaciones al Tratado de Libre Comercio que implica su contrarreforma energética son inaceptables. Recientemente, la Cámara de Comercio de Estados Unidos denunció la violación de las reglas del libre comercio vigentes y de las protecciones a inversionistas que implica la mal-llamada reforma eléctrica (que es más bien energética).
Hace unos días legisladores de Texas, demócratas y republicanos, enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para pedirle que proteja las inversiones estadounidenses de los riesgos derivados por los cambios que pretende López Obrador. Acto seguido, Salazar expresó su “preocupación por la reforma”. Como buen diplomático dijo que desea entender los motivos de la iniciativa y que espera se encuentre un punto de acuerdo.
El presidente de México que disfruta de la tribuna para sermonear y bulear a sus adversarios sin que nadie rete su dominio en el micrófono, deberá sentarse a platicar con potencias representadas por dos hombres que superan por mucho su limitada capacidad analítica. López Obrador y su agenda experimentarán el choque de la retórica con las consecuencias que el mundo real trae a sus planes irresponsables.
La reforma energética de Peña Nieto ciertamente es perfectible, si el actual gobierno detectó abusos o malas prácticas está en su derecho de hacer correcciones. No obstante, López Obrador no pretende corregir sino aniquilar a otros agentes del mercado energético, despojarlos de sus inversiones y apropiar todo el pastel en beneficio de una agencia del Estado ineficiente, incapaz de abastecer al país de energía, y que es manejada por un corrupto.
Si los mexicanos y las empresas que operan en el país pierden la posibilidad de acceder a energía a un costo razonable que proviene de fuentes limpias, la actividad industrial y económica decaerán irremediablemente. Precios más altos, energía sucia y, en algunos casos, falta de energía materializada en apagones frenarán el desarrollo. En la Casa Blanca, sea usted bienvenido a la realidad, Mr. President.
Periodista
