La orfandad en México se ha convertido en un problema de grandes dimensiones en los últimos años debido a la debacle económica que diluye células familiares y que genera problemas sociales como el aumento de la criminalidad, la migración interna e internacional y las más de 350 mil personas que han muerto a causa del Covid19, dejado, de acuerdo a datos del DIF Nacional, más de 118 mil infantes huérfanos. A esa cifra se suman los más de 50 de mil niños y niñas que han quedado en situación de abandono debido a la delincuencia criminal.
El INEGI plantea que hay más de un millón 600 mil niños, niñas y jóvenes menores de edad que viven sin sus padres en México. Esas madres o padres de niños y niñas en situación de orfandad, pueden estar muertos, privados de la libertad, desaparecidos o simplemente migraron a otra ciudad (o fuera del país) para buscar una mejor forma de vida, dejando a sus descendientes encargados con familiares o de plano abandonados.
Según cifras oficiales previas al inicio de la pandemia, en México habían 33 mil niños, niñas y jóvenes menores de edad en orfanatos, casas hogar o albergues, donde esperan que alguien les adoptara. El dato real para este 2022, podría llegar a los 40 mil.
Con angustiante paciencia esos infantes “institucionalizados” en 900 albergues de todo el país (donde sólo 1 de cada 10 son de gobierno), viven con la ilusión de tener un día la buena noticia de que hay una familia que desea adoptarlos, pero pasan las semanas, los meses y, muchas veces los años, y nadie se los lleva; se adaptan a vivir en comunidad, al cuidado de trabajadoras sociales, enfermeras, directivos, cocineras y empleados de esas instituciones, con quienes en algunos casos tejen lazos de amor y afectivos, en otros casos, no.
De acuerdo a información recabada por la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, en México sólo se dieron en adopción 50 infantes entre 2016 y 2021 de los más de 30 mil que hay en posibilidad de ser adoptados. Plantean que los trámites son bastante engorrosos, aunque no para quienes tienen poder económico o político.
Para niños, niñas y adolescentes de recién ingreso y que ya tienen conciencia de su situación, siempre existe la ilusión que regresen sus padres o un familiar para ir de vuelta a casa, sin saber, muchas veces, que han muerto, están en la cárcel o simplemente, desaparecieron.
Con la pandemia del Covid19, esa situación se ha agudizado, pues se estima que en los últimos dos años han llegado unos 7 mil infantes (cifra conservadora) que se quedaron sin el cuidado de sus padres o tutores provocada por la emergencia sanitaria, y que al estar huérfanos y no tener condiciones para vivir con otros familiares, llegaron (en un primer momento) al DIF de los estados o a las procuradurías con el traumatismo de la muerte, la desaparición de sus padres o de plano el abandono.
A este problema social se agrega el impacto de la delincuencia organizada que ha arrebatado la vida a más de 100 mil personas en México en los últimos tres años, en donde además de las víctimas, los victimarios mueren o son procesados legalmente, sin que familiares puedan asumir la responsabilidad de sus hijas e hijos, por lo que éstos son enviados a albergues de las instituciones gubernamentales o a las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) donde comienzan una vida comunitaria, muchas veces cruel, carente de amor y en situaciones de hacinamiento que les confronta con otros infantes, otras vidas, otras historias, otras violencias y abandonos comunes; muchas veces también al irremediable olvido.
Al problema de la orfandad y la adopción en México, además de las circunstancias sociales que las generan, se suma un sistema gubernamental lento, altamente burocrático, y en ocasiones poco empático; también intervienen los prejuicios culturales insertados en el imaginario de esas burocracias, que poco ayudan a niños, niñas y jóvenes para que tengan una nueva familia donde puedan continuar sus vidas con la protección y amor que requieren para su desarrollo psicoemocional.
De acuerdo al Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana (2019), se señala que no son pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en los Centros de Asistencia Social (CAS), cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de regulación, supervisión y control estatal, y en el no reconocimiento del carácter de “sujetos de derechos” de esas infancias.
Infancia migrante e indigencia
Es preciso decir que en los últimos años se ha sumado a esta problemática la migración interna y la que proviene de Centroamérica que ha separado a miles de familias y dejado a menores de edad a la deriva en algún lugar del país, sin vínculos familiares y en total desamparo. Esos infantes son orillados a vivir en la indigencia, sin siquiera estar registrados en censos en sus estados o países de origen.
Estas infancias están en estado de alta vulnerabilidad y sufren todos los días el acecho de mafias de trata y narcotráfico. Son “los nadie” de una sociedad que no les ve, que no les escucha, que no les entiende y no quiere saber nada de ellos y ellas. Ni siquiera llegan a los orfanatos, sólo deambulan por las calles de nuestro país donde sufren la discriminación por no tener arraigo, por no ser locales, por no ser mexicanos, por hablar diferente, por “invadir nuestro país como una plaga humana”.
Indolencia gubernamental
Ante el grave problema de la orfandad en México, se suma la indolencia gubernamental que sin análisis de la situación redujo el presupuesto en este rubro desde el primer año del actual gobierno, pues la mayoría de los albergues, orfanatos o casas hogar, han estado históricamente a cargo de Organizaciones Civiles (ONG), Fundaciones o Instituciones de Asistencia Privada (IAP), que recibían recursos públicos vía proyectos, mismos que al día de hoy ya no reciben, lo que ha afectado en el sostenimiento y atención de más de 40 mil niños, niñas y jóvenes.
En esta vorágine de desavenencias también está la falta de empatía hacia el sufrimiento de esas infancias por el encierro y el abandono familiar, el maltrato, la violencia psicoemocional y física, y en algunos casos, se ha reportado violencia sexual.
En Ciudad de México, donde se suponía que habíamos avanzado en derechos y libertades de grupos vulnerabilizados en la sociedad, salió recientemente a la luz pública una denuncia de presunta violencia psicológica y física contra niños del albergue San Bernabé, a cargo del Gobierno local. Esa denuncia puede ser la punta del iceberg de lo que sucede en otros orfanatos, tanto particulares como públicos, donde la falta de transparencia puede esconder la cruda realidad de las infancias en situación de abandono.
De acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las legislaciones estatales en la materia, el Estado mexicano reconoce a las personas menores de edad como “sujetos plenos de derechos”, y consagra la obligación del Estado, la comunidad y las familias de “asegurar que todas las medidas, programas, políticas públicas, decisiones y estrategias tendientes a lograr su desarrollo integral, se diseñen y ejecuten con perspectiva de derechos, con enfoque diferenciado que atienda las características particulares de los diversos grupos que conforman la niñez y adolescencia, y teniendo como consideración primordial su interés superior”.
No obstante ese ideal legal, la realidad es que los niños, niñas y adolescentes menores de 17 años con 11 meses y 29 días que viven “institucionalizados”, son vulnerables a que se les violen sus derechos, pues no tienen acceso a la justicia cuando son agredidos ya que no hay instancias legales que les permita denunciar o que desde afuera se pueda saber qué situación viven al interior de las instituciones que les atienden, entre otros motivos, porque quienes dirigen esas instancias (públicas o privadas) justifican la secrecía que deben guardar sobre la identidad de esos menores y su situación porque están “bajo custodia legal” sin vinculación con el mundo exterior.
Por poner un ejemplo, en el estado de Nuevo León -donde el gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, pueden sacar a un niño huérfano de fin de semana para tomarse selfies con él- sucedió que un niño con discapacidad murió en otro orfanato, y sin realizarle la autopsia ni tener una valoración forense sobre el motivo de la muerte, el infante fue cremado.
En Ciudad de México, el caso del San Bernabé, ha develado una situación muy delicada al publicarse en redes sociales mensajes de empleados de ese Centro de Atención Infantil (CAI) donde se ven los castigos que infringen hacia niños que “no se portan bien”, que se “orinan en la cama” o que “desobedecen órdenes”, maltratándoles psicológicamente, sometiéndoles a trabajos humillantes, o en casos extremos, exhibiendo parte de sus cuerpos desnudos para ridiculizarlos, o de plano, aplicándoles amarres corporales como los usados en hospitales psiquiátricos de inicios del siglo pasado.
Otro tema han sido las adopciones irregulares que se registraron en Sonora durante el gobierno de Guillermo Padrés, cuando se denunció a una red delincuencial que vendía a infantes huérfanos a Estados Unidos en complicidad con el Hospital Regional y el DIF Estatal, todo ello, supuestamente, con el aval del gobernador y su esposa. Al momento han sido encarcelados algunos funcionarios de esas instituciones sin que se compruebe la participación del ex gobernador y su esposa.
Filantropía: la falsa bondad
Ante la orfandad, muchas personas, empresas, IAP, iglesias y gobiernos responden con filantropía y no se preocupan por el “bien superior” de los infantes para que tengan procesos expeditos y puedan ser adoptados. Esa forma de “ver por los demás”, no resuelve nada; de hecho, el lucro de la “bondad de dar” es una suerte de pasarela donde la gente lava sus culpas, se toman fotografías y lanzan discursos conmovedores frente directivos de esas instituciones (muchas veces dirigidos por sacerdotes o religiosas), mientras que los niños, niñas y adolescentes viven “institucionalizados” y anhelando fervientemente tener una familia que les ame y les proteja.
Muchos grupos, personas o instituciones que promueven la “caridad” hacia las “infancias desamparadas”, tienen una visión conservadora, y lo que menos les preocupa son las irregularidades que existen en esos lugares donde se atiende con pleitesía y amabilidad a adoptantes extranjeros o multimillonarios, mientras que al común de las parejas o personas solteras que desean adoptar, se les ponen trabas o condiciones muchas veces imposibles de cumplir.
Una constante de esas instituciones es someter a prejuicios conservadores los criterios para “otorgar” las adopciones, por lo que los procesos de las parejas que tienen el auténtico deseo de adoptar a un niño, niña o adolescente, pasa, además de trámites obsoletos, burocráticos y subjetivos, por preceptos moralistas y calificaciones exhaustivas que impiden la adopción. En ese sentido, parejas del mismo sexo, personas solteras o que no pueden comprobar “solvencia moral” o “solvencia económica” suficiente, están descartadas.
La realidad de esos niños y niñas que llegan a la juventud viviendo en orfanatos, casas hogar o albergues, es que se les expulsa por ley el día que cumplen la mayoría de edad. Son lanzados a la vida sin vínculos filiales o redes de apoyo que les permita emprender una nueva vida en sociedad. Quien esto escribe ha escuchado relatos de jóvenes recién expulsados de sus casas hogar y prácticamente salen con la ropa que llevan puesta y sin conocer a nadie afuera. Entran en procesos depresivos que los vulneran ante una sociedad indiferente. Muy pronto se convierten en una cifra más de los ríos de indigentes que deambulan por las ciudades de todo el país, sin raíces familiares o afectivas que les arropen.
Frente a esa cruda realidad, el Estado mexicano tiene una gran deuda con los miles de niños, niñas y jóvenes que aguardan en esas instituciones, en donde las violencias, abandonos y sufrimientos se impregnan en la memoria de esos infantes que algún día estarán insertos en espacios de la sociedad.
Lo deseable es que esas infancias y adolescencias sean adoptadas por una familia o persona mayor que les dé amor y les garantice el derecho a la educación, a la salud, a tener un hogar; que les proteja de la violencia social del México del siglo XXI donde les tocó nacer: éste país que no da tregua y se ensaña con “los nadie”, con quienes por avatares de la vida familiar, social, o como resultado de malas decisiones políticas de su país, están en situación de orfandad y vulnerables ante la vida y con muy pocas posibilidades de ser adoptados y amados por una familia.
@antoniomedina41
