Desde 2015 la Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado un plan de acción colectiva y global para el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030; si bien este plan se enfoca en los Gobiernos de los 193 países que firmaron la agenda, también fomenta la cooperación del sector privado, la sociedad civil y todos los actores interesados en encontrar soluciones a los problemas sociales, económicos y medioambientales del mundo actual.
Entre los actores interesados, destacan los trabajadores y sus organizaciones, dentro de estas últimas se encuentran los sindicatos, quienes pueden convertirse en aliados estratégicos para la puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La experiencia de los sindicatos en la defensa de las condiciones generales de trabajo y de protección social, así como el diálogo y la negociación colectiva, han sido fundamentales para encarar los retos sociales y económicos en el mundo, especialmente con los cambios generados en los modelos de trabajo por la crisis de Covid-19.
En México, los sindicatos han sido fundamentales para lograr en años recientes mejoras en las condiciones generales de trabajo, tales como: el incremento al salario mínimo, la reforma en materia de pensiones que reduce las semanas de cotización e incrementa las aportaciones patronales; el fin de la subcontratación; el cambio a la ley del Infonavit con el que los trabajadores pueden elegir cómo utilizan sus recursos para vivienda, y más reciente el incremento en los días de vacaciones obligatorios por ley.
En coordinación con el sector patronal, los sindicatos pueden dar forma a nuevas estrategias industriales resilientes, capaces de responder a los cambios incesantes que provocan los avances tecnológicos y las constantes crisis, creando programas de ajuste laboral y transferencia de tecnología, así como el impulso de competencias técnicas y profesionales.
Estas organizaciones también pueden contribuir al cuidado del entorno, el desarrollo integral y la gobernanza, impulsando la participación activa de los trabajadores en la elaboración de propuestas para políticas públicas, programas de gobierno, la evaluación de éstos y la rendición de cuentas, tanto en asuntos laborales como en el cuidado del medio ambiente, desarrollo social y económico para la construcción de bienestar.
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