El pasado octubre se anunció que la doctora Beatriz Magaloni – Kerpel obtuvo el Premio Estocolmo en Criminología —conocido coloquialmente como el Premio Nobel de la materia—, en reconocimiento a su trabajo sobre los casos de brutalidad en las favelas brasileñas y el efecto de la acción militar durante el sexenio de Felipe Calderón “por proporcionar evidencia importante de que las organizaciones policiales son vulnerables a las demandas populistas de métodos policiales duros que violan el estado de derecho y que, a la larga, no reducen, sino que aumentan la violencia en la sociedad”.
Dicho premio se otorga, desde 2006, por méritos en investigación criminológica o por la aplicación de los resultados de dichos estudios para la disminución de la delincuencia y el progreso de los derechos humanos. El jurado está compuesto por especialistas en la materia y otros laureados. La ceremonia se realiza en el City Hall de la capital de Suecia; ha sido otorgado con anterioridad a personalidades como Eugenio Raúl Zaffaroni , David Farrington y Herman Goldstein.
Este galardón se suma al reconocimiento que, en general, ha tenido la labor de investigación de Beatriz Magaloni , desarrollado a partir de una metodología cuantitativa. Al respecto, destaca: “Lo que hicimos en Brasil y en México fue buscar los factores que mejoran o empeoran el desempeño de la coacción del Estado. En México me enfoqué en el análisis de la tortura, que es una forma de abuso policial brutal, y en Río, en la violencia letal de la policía”.
Magaloni estudió la licenciatura en Derecho en el ITAM y continuó su formación en el área de la ciencia política pues “sentía que le faltaban herramientas y estadísticas para transformar las leyes”. Después de realizar su maestría en Stanford fundó el Laboratorio de Pobreza, Violencia y Gobernanza de esa institución, el cual dirige.
La investigadora ha enfocado sus estudios en el campo de la economía política y, entre los temas que aborda se encuentran los regímenes autoritarios, la política distributiva, el narcotráfico, la seguridad pública y las garantías individuales. Todas sus aportaciones, más allá de ser meras abstracciones teóricas, están basadas en su experiencia de campo, entre la que se cuenta su colaboración en un proyecto con mujeres indígenas situado en Guatemala que tuvo como objeto estudiar la malnutrición y la mortandad infantil.
Su línea de investigación se inscribe en un contexto que, para el gremio jurídico, es de urgente atención: el de la violencia generalizada y sistemática en la región latinoamericana, las fallidas estrategias de seguridad y política criminal, la criminalización de grupos en situación de vulnerabilidad y el fracasado sistema de justicia penal. “Me alegra que se reconoció este trabajo, cuando hubo quien dijo que lo que yo hacía no era ciencia política. Ahora, el estudio de América Latina […] tiene que poner atención a este trabajo, porque en la forma en que se aplica la ley y en la forma en la que el Estado aplica la fuerza coactiva es donde realmente reside la ciudadanía. Ahí, y no sólo en el voto”.
Para la primera mexicana que obtiene el Premio Estocolmo , “en nuestro país, el orden jurídico y la justicia sufren graves problemas. Para comenzar, podemos afirmar que no se tiene un conjunto de principios de derecho claros y respetados por todos. Al contrario, las normas son generalmente desobedecidas tanto por autoridades como por particulares, lo cual hace que no exista certidumbre en las relaciones sociales”.
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