La determinación del pleno del Consejo de Notarios de repetir la prueba para dilucidar el insólito empate en la oposición por la notaría 128 le fue notificada a Angelina y a Adolfo Contreras Nieto. El segundo aceptó, pero la poblana, tajante, la rechazó: eran demasiados años de lucha y no estaba dispuesta a consentir una injusticia más. Así, se vio impelida a apelar al presidente Miguel Alemán, por escrito de fecha 7 de abril de 1947, “confiando en que su bondad y honradez lo (inclinarían a) oír (su) súplica”.
Allí, sin falsas modestias, alegó que ya había demostrado su valía y manifestó que su criterio era “que no (existía) empate por no ser igual la capacidad de los empatados”, justificando su dicho en que los fedatarios de mayor jerarquía, Borja Soriano y Pacheco, la calificaron mejor; en que su “examen de aspirante fue el mejor presentado”; y a que había concluido su carrera en la Escuela Nacional de Jurisprudencia “sin ningún examen extraordinario, con calificaciones muy satisfactorias y felicitación de algunos maestros”.
Con esos argumentos apeló a lo estipulado en la Ley del Notariado, la cual establecía que “las vacantes de las notarías (debían) ser cubiertas por el más capacitado”, por lo tanto —según Angelina—, existían bases para fundar la decisión de quién debía cubrirla, ya que de otra manera “cualquier esfuerzo posterior de (su) parte (sería) inútil también, puesto que sujetándose a los antecedentes como es de justicia, queda sin efecto, desde luego el empate”.
Sin embargo, ni el titular del ejecutivo se pronunció al respecto ni las autoridades notariales cedieron y, ante el vencimiento del plazo otorgado a Angelina para aceptar lo que se le imponía, se convocó nuevamente a los jurados, quienes se reunieron el 5 de junio, y concluyeron por unanimidad de votos que la ley los obligaba a resolver el desempate, por lo que, “en vista de la consideración expuesta, el Jurado resolvió que el señor licenciado Don Adolfo Contreras mereció el triunfo de la oposición convocada (…) (por) la notaría número 128”.
A sabiendas de que su decisión, si Angelina decidía impugnarla judicialmente, podía ser calificada de ilegal, los notarios emitieron una serie de recomendaciones para conculcarle su legítimo derecho a defenderse. Dichas recomendaciones, que vistas a la luz del presente no honran al notariado de esa época, obran en los archivos presidenciales que se resguardan en el Archivo General de la Nación:
“A) El Consejo de Notarios estima que, entre sus funciones legales de auxilio de este gobierno, (…) está la de velar por la sociedad en donde los señores notarios actúan.
“B) Esto supuesto, el mismo Consejo prevé el caso de que al expedir ese Departamento del Distrito Federal a (…) Contreras la patente, la señorita Angelina Domercq Balseca recurra a algún procedimiento legal en contra de estos actos y ponga, en consecuencia, en tela de juicio, (su) actuación, con lo cual se causaría un daño a la sociedad si es que el resultado de los procedimientos legales le llegaran a ser favorables.
“C) En esta virtud, el Consejo de Notarios se permite sugerir a esa superioridad que al expedirse la patente al señor Adolfo Contreras se haga publicación de ella a la mayor brevedad posible en el Diario Oficial de la Federación; y no se autoricen por parte de ese gobierno los libros de protocolo en los que vaya a actuar el licenciado Contreras, sino pasados unos 18 o 20 días contados a partir de la fecha de publicación mencionada (...)”.
Las opciones de Angelina se redujeron a esperar sumisamente una nueva oposición o acudir a los tribunales a demandar justicia.
