A finales de 1994 se publicó el decreto que modificó la Constitución con la finalidad de reorganizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de sus primeros efectos fue ordenar la jubilación de los 26 ministros que se encontraban en el cargo y facultó, por única vez, al Presidente para nominar a 18 abogados, de entre los cuales la Cámara de Senadores escogería, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a los 11 nuevos ministros que la integrarían.
Dicha modificación fue consecuencia de una promesa de campaña del entonces candidato Ernesto Zedillo, quien había reconocido “con honestidad que la impartición de justicia en México deja mucho que desear”, por lo que se comprometió a mejorarla y a reformar integralmente al poder judicial.
La propuesta presidencial se conoció el 18 de enero de 1995. El senador priísta Ricardo Monreal la calificó de “positiva”, aunque la oposición la criticó ya que consideraba que aquellos juristas “pertenecían a los ámbitos empresariales, la burocracia política y la élite democrática”. Para Zedillo, estos perfiles aseguraban “un ejercicio profesional y garantizaban la capacidad e independencia necesarias”. Dentro de los candidatos se encontraban tres mujeres: María del Carmen Aurora Arroyo Moreno, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila y María Laura Huguette Trigueros y Gaisman. En los 15 restantes figuraba Raúl Medina Mora y Martín del Campo, doctor en derecho, académico e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, institución que ya había presidido.
En el foro jurídico se debatió la idoneidad de los aspirantes. Respecto a Medina Mora, Ignacio Burgoa criticó su falta de experiencia judicial. Algunos señalaron su avanzada edad —ya rebasaba los 70 años—, aunque la mayoría de la prensa lo ubicaba dentro de los favoritos.
A fin de tomar una mejor decisión se estableció una ronda de comparecencias ante los legisladores. Cada uno de los interesados dispondría de 30 minutos para hacer una exposición, seguida de una sesión de cuestionamientos. Medina Mora asistió el 20 de enero, cuando expresó que “un poder judicial, independiente, es un elemento democrático de primer orden”. Para mejorar el sistema de justicia indicó “que los ministros, desde el foro, debían ser gente preparada, de criterio jurídico, libres y que además sean laboriosos”. Por último apuntó que el fortalecimiento de la Corte generaría “un régimen de plena vigencia del Estado de Derecho”.
Contestando una pregunta propuso que “en el nombramiento de los ministros no tenga intercesión el Presidente de la República” y denunció que “lo que no debe ser y creo que ya se ha eliminado es que mediante los nombramientos se utilicen factores o medidas políticas o maniobras políticas en donde no se respetaba, pues por lo menos suficientemente, la dignidad de la Corte”.
El 23 de enero, en “una sesión de relajado orden que se transformó en gritos y conatos de riña”, 109 senadores seleccionaron a los ganadores. A pesar de los pronósticos, Medina Mora fue descartado. La única mujer que integró la lista final fue Olga Sánchez Cordero.
El doctor Medina Mora nunca más fue nominado. Así, el investigador de la UNAM falleció el primero de mayo de 2010, sin haber alcanzado su sueño de integrar el máximo tribunal de nuestro país.
Tiempo después, Eduardo Medina Mora Icaza, uno de sus nueve hijos, consiguió lo que su padre anheló. El 10 de marzo de 2015 fue ungido ministro. En el discurso que le dio la bienvenida, Sánchez Cordero expresó: “Señor ministro, lo felicito y estoy segura de que su paso por esta Corte será recordado como un juez que propició discusiones democráticas, un juez activista en el diálogo, como un juez defensor de los derechos humanos, un juez defensor de la Constitución, porque defender a la Constitución es defender un modelo particular de democracia, la democracia constitucional”.
