El 20 de septiembre de 2021, México recibió una condena internacional, (Caso Lion México c. México Laudo) porque el sistema judicial de nuestro país le negó el derecho a la justicia a un extranjero, ocasionándole un daño económico por más 50 millones de dólares, el extranjero demandó al Estado mexicano, no porque éste haya sido el que le ocasionó el daño de manera directa al perder una inversión empresarial con un mexicano, sino más bien, condenan a nuestro país porque su sistema judicial no fue capaz de que al extranjero se le hiciera justicia y pudiera recuperar su inversión a pesar de qué tenía toda la razón jurídica.
Finalmente, la resolución que condena a México y que es el que tiene que pagar la sanción, superan los 50 millones de dólares, penalidad que tendrá que pagarse con los impuestos de todas y todos los mexicanos; y esto porque, simple y sencillamente debido a que el sistema judicial de nuestro país no fue capaz de hacerle justicia a un extranjero a pesar de que tenía la obligación, contaba con el marco jurídico adecuado, sin embargo los integrantes del poder judicial; o sea los jueces del Estado de Jalisco que es uno de los que llevó el caso y jueces federales tanto de juzgados de distrito como de colegiados de circuito, que pertenecen a la suprema corte de justicia de la nación, no aplicaron correctamente la ley y esto le ocasionó un daño por casi 33 millones de dólares al extranjero y por eso demandó al Estado mexicano ante un tribunal arbitral internacional, lo que ya con intereses, suma el total de la condena mencionada.
El origen del conflicto, se genera entre la empresa, mexicana propiedad del Sr. Cárdenas que recibe un préstamo de Lion México para la construcción de un complejo turístico y u rascacielos en, Nayarit y Guadalajara; El préstamo que se otorgó se hizo mediante escritura pública y se otorgaron garantías hipotecarias; hasta ahí sin ningún problema; sin embargo, el empresario mexicano incumplió y después de años tratando de llegar a acuerdos, el inversionista extranjero acude a un juzgado mercantil en la ciudad de México, demandando los créditos, para su sorpresa se da cuenta, que las garantías que tenía por sus créditos que estaba demandando, ya no lo eran, debido a que el inversionista mexicano había iniciado juicios de cancelación hipotecaria, falsificando la firma de los apoderados de la empresa extranjera y contando con la aquiescencia del sistema de justicia en Jalisco, las hipotecas se habían cancelado.
El extranjero promueve amparos, denuncias penales, por el fraude que le habían cometido y el daño económico que le ocasionaron, sin embargo; durante casi tres años, no pudo lograr que los tribunales mexicanos dictaran una resolución declarando la restitución de las hipotecas a pesar de que quedó bien demostrado la falsificación de los documentos con los que le cancelaron las hipotecas, todo esto a consecuencia de que los jueces mexicanos aplicaron un sistema judicial legalista, muy formalista que impedía proteger los derechos hipotecarios del inversionista extranjero.
Ante la inconformidad y la decepción del inversionista extranjero, inició un juicio arbitral de conformidad con el artículo 1105 del tratado de libre comercio, ya que estos empresarios habían legalizado su sistema empresarial conforme a las leyes canadienses pero su domicilio fiscal lo era en Estados Unidos de Norteamérica.
Después de substanciar el procedimiento arbitral, el tribunal internacional condena al Estado mexicano a resarcir el daño económico de forma integral y que superan los 50 millones de dólares en favor del inversionista, por la única razón de que el sistema judicial mexicano no fue capaz de hacerle justicia.
La condena no es porque el Estado mexicano le haya ocasionado un daño económico al extranjero, sino porque el sistema judicial mexicano no pudo hacerle justicia y se le violentó el derecho humano de acceso de justicia y por darle un trato injusto e inequitativo al solicitar a la justicia mexicana lo protegiera por el daño económico que le había ocasionado un particular.
México ya cuenta con varias sentencias internacionales donde le han dicho que el sistema judicial es ineficiente, por eso es importante, que haya una reestructuración profunda del sistema legal y no nada más reformas a la ley o a la misma constitución, el problema se tiene que ver desde el punto de vista integral, o sea revisar las causas y para ello es necesario hacerlo con una visión de llevar a cabo una transformación de las instituciones de justicia pero de fondo, para evitar seguir aparentando que queremos resolver el problema y llevamos a cabo reformas pero ya vimos que esto no es suficiente; si no queremos seguir siendo condenados por daños que el Estado mexicano no ocasiona, sino por la ineficiencia de su sistema judicial, sería importante analizar este problema en serio y consolidar a las instituciones de justicia.
