La justicia electoral local en México, tiene retos importantes en el proceso comicial 2020-2021. En esta contienda, participarán casi 95 millones de ciudadanos y votarán para elegir a 15 gubernaturas, poco más de 1900 integrantes de alcaldías, diputados y diputadas en 30 estados. Sin duda, un gran reto para los magistrados y magistradas electorales de cada Estado, para llevar a nuestro país a vivir en una democracia plena.
Los tribunales electorales locales, son las instituciones públicas que vigilan que los procesos electorales, se apeguen a los valores y principios de una democracia de calidad, y que se respeten los principios rectores en materia electoral (certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad). Estos tribunales, saben que tienen que garantizar una democracia plena al pueblo de México, bajo su función jurisdiccional. Así lo obliga, la Carta Democrática Interamericana, instrumento de la Organización de Estados Americanos, norma vigente para nuestro país.
Este documento interamericano señala “Artículo 1.- Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.”
Cada tribunal electoral local mexicano, sabe que su tarea debe tener como único propósito, garantizar el derecho a la democracia de alta calidad a los y las mexicanos y para ello, en este proceso comicial, es necesario; cambiar, varios elementos, que hasta la fecha, no nos han dado resultado, y que nos tiene como un país, con una democracia imperfecta, pues según el portal de “Centro de Investigación en Política Pública”, vía Índice de democracia the Economist; México se ubica en el lugar 73 de 167 países donde se mide la calidad de la democracia y tenemos una calificación en la escala del 0 al 10, de 6.09.
Otro elemento en el que se tiene que trabajar es, lograr que la sociedad confíe en sus instituciones; fíjese usted; en el informe de 2018, emitido por Latinobarómetro al medir la confianza en México, el 57% de la población es para la Iglesia, el 50% para las fuerzas armadas, el 19% para las policías, el 32% para los tribunales electorales, el 23% para el poder judicial, el 16% para el gobierno, el 22% para el congreso parlamentario y el 11% para los partidos políticos. Las Magistradas y Magistrados deben atajar la caída de la democracia a través de sus sentencias, un reto elemental para transitar a una democracia plena.
Ante esta crisis democrática de casi tres lustros y que no se ha podido avanzar desde 2006, -al contrario, la calificación ha caído-, los tribunales electorales locales, están conscientes y tienen que redoblar esfuerzos, trabajando en unión con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus Salas, a fin de llevar a México a una democracia plena.
Para lograrlo; los tribunales electorales locales deben trabajar unidos, en una sola visión, para conseguir avanzar, de la democracia imperfecta que tenemos, a una democracia plena, tan solo nos falta aumentar de calificación en un 1.91%. Para ello, es necesario, fortalecer la autonomía e independencia del actuar de estos tribunales, fortalecer el proceso de designar a los y las integrantes de los tribunales, evitar a toda costa las presiones externas de actores políticos o cualquier otro al interior del tribunal, emitir sentencias haciendo respetar los derechos humanos de carácter político electoral, defender la democracia como un derecho colectivo del pueblo de México, así como el derecho individual a quien haya sido víctima, emitir sentencias progresistas y generar confianza en la sociedad a través de sentencias que cumplan con los anhelos del pueblo.
El objetivo de todos los operadores electorales en el país, es tener una democracia plena sustentable, los jueces electorales, lo saben y, por lo tanto, son ellos, lo que deben marcar la pauta, y que a través de sus sentencias logren eliminarse todo obstáculo que evite que tengamos una democracia de calidad.
El sistema de justicia electoral, ya tiene que trabajar bajo una visión de enfoque transformador, si lo hace, con seguridad, a mediano plazo, pero bien coordinados, se lograría llevar a que México viva en democracia plena; ojalá ambas instituciones, tanto federal como locales, acepten el reto de meter a nuestro país, en la lista de las naciones con una democracia de este nivel.
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