Uno de los retos más significativos para la democracia mexicana es la consolidación de sus instituciones de justicia, en especial la que imparten los tribunales electorales locales.
Estas instituciones se encuentran en un momento crítico debido a las iniciativas constitucionales y legales propuestas por el presidente de la República ante el Congreso de la Unión, las cuales buscan eliminar los tribunales electorales.
Estos organismos jurisdiccionales enfrentan problemas internos derivados de conflictos entre sus magistraturas, que no han sido capaces de conciliar, afectando su eficacia.
Estas desavenencias surgen de la conjugación de intereses por la representación de estas instituciones, donde el presidente o presidenta intenta aliarse con otro magistrado para formar mayorías, relegando al otro titular; como si las decisiones en las sentencias se tomaran por mayoría de votos, en lugar de basarse en argumentos que resuelvan con justicia la controversia que se les plantea.
En este escenario, algunos magistrados electorales sufren las consecuencias de este mayoriteo injusto, que viene de un sesgo de interpretación constitucional y legal a conveniencia.
Sin embargo, la resiliencia de un juzgador y su pensamiento autónomo e independiente son cruciales para que prevalezca la justicia.
Para combatir estas prácticas, los jueces resilientes emplean todos los mecanismos legales disponibles, revirtiendo así el daño al sistema de justicia electoral local que otros infringen sin consecuencias, violando los derechos de sus colegas.
Aquí también hay impunidad; ya es tiempo de que cuando se demuestre que un juzgador absurdamente viole la ley, le debe recaer un castigo.
En el Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala (TET), se presentó un caso paradigmático, digno de análisis, particularmente para evitar su repetición en otros estados, por lo penoso que resulta.
Dicho tribunal debe estar integrado por tres magistrados designados por el Senado de la República, uno de ellos es el presidente o presidenta.
A un magistrado titular, le venció el cargo de siete años por el que fue nombrado a principios de enero de 2024, lo cual, según la legislación, para sustituirlo se designó al Secretario General de Acuerdos para asumir temporalmente el rol de magistrado numerario en funciones, mientras el Senado hace los nombramientos.
Hasta este momento quedaban dos magistraturas titulares: una mujer que era la presidenta y ese nombramiento de representación, también le vencía en enero de 2024, es decir, ya tenía que nombrar a otro como presidente, porque en materia electoral no hay reelección en este cargo.
La ley establece que la presidencia de los tribunales electorales debe ser rotativa entre sus tres integrantes.
Sin embargo, la falta de designaciones por parte del Senado ha llevado a que la mayoría de los tribunales electorales en el país operen con secretarios de acuerdos haciendo funciones de magistrados titulares hasta que sean sustituidos.
Ante esta supuesta laguna de ley, la presidenta pensando que con mayoría de dos votos se designa al titular de la presidencia, y como recién había sido nombrado el secretario de acuerdo magistrado en funciones, lo convenció para decirle que con su voto lo haría presidente de dicho órgano, y con esto marginar al otro magistrado y así seguir manejando al tribunal a su antojo. ¿Y la ley dónde quedó? ¿Y la interpretación de la Constitución por qué no se hizo? Es un problema para la justicia electoral tener jueces que basan sus resoluciones por número de votos y no con argumentos constitucionales y legales.
Lo anterior es muy penoso para quien conoce de derecho; sin el menor recato se daña impunemente a la judicatura electoral y el prestigio de muchos jueces que sí respetan la forma de trabajar como juzgador.
Este tipo de conflictos, que aún persisten en algunos tribunales a pesar de criterios establecidos desde hace años, se evidenció en Tlaxcala en lo absurdo, lo que gracias a la Sala Superior se logró revertir.
Así es como, con dos votos de la Presidenta y el del mismo Secretario ya fungiendo como magistrado en funciones, votó para sí mismo y con ello se convirtió en Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, violando los derechos del otro magistrado, que por ley debía asumir esa posición.
El magistrado afectado, Dr. Miguel Nava, impugnó esta decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, iniciándose el expediente SUP-JDC-121/2024 a cargo de la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.
Lo que por unanimidad de votos, revocaron la irrazonable decisión y, con reproches a esta forma de juzgar e interpretar la ley, pidieron que para evitar esto, el Senado debe nombrar a los magistrados que le faltan a los tribunales, ya que la justicia electoral debe estar integradas por magistraturas íntegras, justas y que respeten los principios y valores que están en la Constitución.
Los magistrados y magistradas de la Sala concluyeron que la resolución del tribunal tlaxcalteca, fue producto de una errónea interpretación de la ley y por una inadecuada actuación de las dos magistraturas que la signaron, y que eso había perjudicado al magistrado Miguel Nava.
Ante la evidente violación, la misma Sala Superior determinó que conforme a la ley, es el actor el que debe ser el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, y así ocurrió, actualmente ya preside tal institución.
Estas situaciones no deben ocurrir en México, ya que exponen las debilidades de las instituciones electorales y otros tribunales judiciales.
Ojalá que dichos magistrados, que seguramente no quedaron agusto por su exhibición a nivel nacional, no intenten seguir usando su mayoriteo para trabar el avance jurisdiccional de ese tribunal, pues de ocurrir, el daño se le hará a la justicia tlaxcalteca y sería bueno que estos actos fueran revisados por el Senado y no quedaran en el olvido, la sala superior debiera en sus sentencias dar vista en forma oficiosa.
El uso del voto mayoritario, la falta de argumentación y razonamiento para resolver conflictos internos de forma justa, es inadmisible. Además de absurdo, este comportamiento socava el progreso de la judicatura nacional y menoscaba la credibilidad de los órganos de justicia.
Ante estas prácticas, la resiliencia del juzgador en México se convierte en una herramienta fundamental para salvaguardar la integridad de la justicia mexicana.
El caso Tlaxcala no solo destaca la importancia de adherirse a los principios de justicia y legalidad, sino que también subraya la necesidad de vigilancia constante y de mecanismos de rendición de cuentas efectivos dentro de nuestro sistema de justicia electoral.
