Imagine por un momento, que no le hacen justicia en un juicio que ya tiene ganado, no le permiten hacer efectiva una sentencia, ya han pasado más de 20 años de litigio y ahora que por fin le dan la razón, le dicen “fíjese que de todas formas no se puede, las garantías que tenía ya no están, se vendieron” montas en cólera y eres capaz de intentar cualquier acción; como publicar en redes sociales tu inconformidad, te sientes impotente, criticas al sistema de justicia, a las autoridades políticas, arremetes en contra del sistema político, empiezas a manifestar resistencia civil, te das cuenta y te unes a organizaciones civiles afines a tu causa y empiezan a hacer marchas, plantones, pedir apoyos a la sociedad y finalmente, a pesar de todo lo que haces no ves avance y la sociedad no se solidariza.
Para mayor decepción, la autoridad se empieza a mostrar intolerante y te ve como revoltoso, como enemigo, te incluye en su lista de rijosos, te ataca por redes sociales, surgen los troles y si aumentas tu nivel protesta, instruye a la autoridad penal para que esté alerta y en cuanto vea que cometes un delito y de preferencia que sea de prisión preventiva oficiosa, te detiene y con bombo y platillo difunde por todos los medios, su poderío de control de las instituciones, la sociedad se divide, unos a favor otros en contra.
Lo peor, no se atiende la causa que originó el problema de la injusticia, (el problema se originó porque no se te hizo justicia) pues esos detenidos no son delincuentes, el Estado provoca con su omisión de hacerles justicia en sus reclamos, a que caigan con su forma de protestar en la aparente comisión de un delito y dependiendo del grado de peligrosidad de los que protestan, el Estado los acusa de un delito en muchos casos de prisión preventiva oficiosa, esos que tienes que estar preso, sin derecho a fianza, que al fin el juez, no resiste la consigna del Estado, no hay sensibilidad judicial, él prefiere vincular a proceso y no tener problemas con el jefe y si no los vincula, el jefe lo reprime y lo que gana si los deja libres, es que digan, por ahí en redes sociales, que el juez fue justo. Aquí lo grave es, la mala fe con que se usa la prisión preventiva, que se utiliza a quienes incomodan al gobierno y utilizan a los jueces como brazo ejecutor.
La presión preventiva oficiosa fue constitucionalizada, está regulada en él art. 19 de la nuestra carta magna, y procede contra muchos delitos, uno de ellos muy común el de “robo de casa habitación”.
El haberla incluido en la Constitución México y quienes la aplican, contravienen el artículo 9 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues esta figura se debe aplicar por excepción y no por regla general; eso dice el Informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del tres de diciembre de 2013; ahora bien el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su sexto informe periódico de México de octubre y noviembre de 2019, ha pedido a nuestro, que no ponga una lista de delitos con prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto ha dicho: que solo se aplique cuando haya pruebas o indicios fuertes de la participación en el delito por el que se acusa al detenido, y que se acredite que el acusado puede impedir el desarrollo del procedimiento, que pueda eludirá la acción de la justicia o que represente un riesgo del ofendido o las partes (Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, párr. 77).
En México se ha abusado de su aplicación, incluso de mala fe lo hacen y hay una gran cantidad de personas en prisión preventiva; por eso es que esta institución ha dañado a la justicia mexicana. Por ello y ante la crisis por la que pasa el sistema judicial, es importante contribuir para que la ley solo se aplique para garantizar la paz social y no para reprimir; este es un reto para el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales; si no se logra, es por la falta de compromiso nacionalista de quien la aplica y se seguirá en deuda social. Invito al Presidente y al Poder Judicial, federal y local a reflexionar sobre los efectos negativos que provoca la prisión preventiva, cuando se usa de mala fe y mejor se vigile su aplicación conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y así cumplir con los compromisos internacionales que como país tenemos.
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