La reforma política electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se sigue debatiendo en el Congreso de la Unión mediante un gran contenido político y muy poco claro para el grueso de la sociedad, el por qué sí conviene aprobarlo tal y como lo señala el mandatario federal o por qué no debe de pasar tal cual.
El presidente, presentó una iniciativa de reforma política electoral que, de aprobarse, permitiría a los ciudadanos elegir mediante el voto directo a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma, según el mandatario, tiene como objetivo "acabar con el control político" de estos órganos electorales, así como "garantizar la transparencia, imparcialidad y equidad" en el proceso electoral.
López Obrador aseguró que, de aprobarse la reforma, se daría un "gran paso" para "garantizar la democracia" en México.
La reforma, sin embargo, enfrenta fuertes críticas de la oposición, quienes señalan que el presidente está tratando de "controlar" a los órganos electorales a fin de favorecer a su partido, Morena, en las elecciones de 2024.
La iniciativa presidencial y se encuentra actualmente en el Congreso de la Unión, donde se encuentra en debate.
Aun así, lo que sí debiera de aprobarse de la reforma política electoral, es la reducción de 500 a 300 diputados, la reducción de 128 a 96 Senadores de la República, podría ser también, la disminución de 11 a 7 Consejeros del INE, regular que el límite máximo de regidores no pase de 9 integrantes en los cabildos, fiscalizar de mejor manera el financiamiento público a partidos políticos y otorgarles lo que necesiten para llevar a cabo su función y que transparenten en que se lo gastan, pero que se les dé lo justamente necesario, ni más, ni menos.
Igualmente, la reducción del porcentaje de participación de la ciudadanía que está en la lista nominal de electores de un 40% a un 33% en los procesos de participación en consulta popular para que sea vinculante. La implementación de la urna electrónica en todos los procesos electorales. Fortalecer los procedimientos en la designación de los integrantes del INE bajo mecanismos transparentes, con condiciones de igualdad, a través de convocatorias y con exámenes rigurosos en donde haya evidencia de la alta profesionalización y vocación de servicio de quienes después serán consejeros o consejeras.
De igual forma se lleven a cabo procedimientos rigurosos para elegir a quienes vayan a ser magistrados o magistradas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que este tipo de procesos cumplan con los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Naciones Unidas.
Es de mucha trascendencia buscar, bajo procedimientos adecuados, a los mejores perfiles que cumplan con los méritos y capacidades para el desempeño de estas funciones, solamente así, se logrará consolidar y fortalecer a las instituciones públicas que garanticen de que vamos hacia un país democrático.
Lo que no debemos aceptar de la reforma electoral: es que, las y los juzgadores electorales de la Sala Superior y los integrantes del INE, sean electos por el voto popular, pues tal y como está diseñada contraviene las reglas básicas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sobre todo, en este caso y muy en especial a los jueces; a éstos, de acuerdo los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura (de ONU) no lo podemos hacer mediante este método.
Tampoco se deben quitar a los Tribunales Electorales e Institutos Electorales de los Estados, pues las razones que se dan en la iniciativa, son de índole político y no existen reglas claras que justifiquen, que este sistema electoral no sea eficiente, sino más bien, las razones que contiene la iniciativa presidencial, son de índole político y esto analizado frente al respeto al sistema federal que tenemos en México, no es lo correcto, en este sentido, la Federación, más bien está obligada a ayudar a los estados a consolidar sus instituciones públicas; entre ellos a fomentar su fortalecimiento y aquí no lo está haciendo, al contrario, las está eliminando, razón suficiente para no aprobarse.
El sistema electoral tal y como lo tenemos hoy ha sufrido tres grandes reformas; la primera desde que se crea el INE y la Sala Superior que datan de la década de los 90s, una segunda reforma en 2007-2008 y la última en 2014, la primera muy consensada por el sistema político y en las siguientes bajo opiniones políticas se trató de centralizar el poder de operación y no específicamente de buscar medidas para su fortalecimiento en los propios estados, por eso es que, bajo un pensamiento de patriotismo y de que tenemos que consolidar a nuestras instituciones para fortalecer a la democracia, debemos hacer este cambio de reforma electoral a conciencia, pero para que funcione, no para favorecer a un sistema político en particular, sino para hacerla más eficiente y que genere confianza en la sociedad y así crecer como Estado nación.
Así como está polarizada esta iniciativa de reforma electoral, valdría la pena bajar los ánimos y tratar de conciliar todas las propuestas de las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión y se emita una reforma al sistema electoral mexicano que tenga como objetivo crear un sistema electoral fuerte que enfrente las necesidades del siglo XXI.
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