No cabe duda de que, en el sistema judicial de México, el poder judicial federal ha mostrado los mejores resultados, mientras que los poderes judiciales de los estados están colapsados y conscientes del cambio que se avecina: se cambiará toda su estructura.
Muchos de sus titulares negocian sus jubilaciones, lo que facilita la reestructuración total.
Sin embargo, el poder judicial federal enfrenta un cambio inminente con la reforma judicial que transformará su estructura.
Su error ha sido encerrarse en una ideología aislada, sin considerar a los demás operadores judiciales que le proveen de juicios y litigios.
A pesar de ser conscientes de las deficiencias en las investigaciones penales realizadas por policías, peritos, defensores públicos y ministerios públicos tanto federales como locales, incluyendo todo el sistema judicial local, nunca quisieron intervenir y se sintieron superiores, viendo a los demás desde una posición de arrogancia.
Incluso ante la inminente transformación del sistema judicial federal, continúan sin prestar atención a las deficiencias del resto del sistema judicial.
Cerraron los ojos y se convencieron de que eran los únicos que funcionaban, pero no comprendieron que en un sistema democrático, no es suficiente que solo uno de los eslabones de la cadena sea eficiente.
Si los demás operadores judiciales son ineficaces, todo el sistema resulta ineficiente. Esta es la principal culpa del poder judicial federal, que se recostó en sus laureles y desairó a todos los demás operadores judiciales, volviéndose expertos en señalar que los demás no servían, lo que justificaba la liberación de sospechosos, incluso cuando fueran responsables. Decían hubo violación al proceso, no es mi culpa y van para afuera; y ¿ la víctima? Ni modo, no es mi culpa.
Incluso; actualmente siguen insistiendo en que ellos, no podrían recomponer el comportamiento e ineficiencia del resto de los operadores judiciales, cuando para eso se hizo la reforma judicial de 2011 y se creó todo el sistema victimal, pero no lo quisieron aplicar; ¿por comodidad? ¿por ignorancia o por conveniencia?
El poder judicial federal negó protección a las víctimas, excusándose en que las investigaciones eran deficientes, olvidando que un sistema judicial debe funcionar en armonía y bajo el principio de sinergia.
Esa armonía, en una democracia es como un engranaje, en el que si falla una pieza, falla todo el sistema, lo que lo hace impopular y criticable.
Pero el poder judicial no entendió el sentir social, creyendo que hacía bien las cosas, aunque el sistema no funcionara para la sociedad. Los trabajadores del poder judicial federal se han expresado diciendo que su enfoque estuvo siempre en proteger los derechos de las personas, pero descuidaron la relación con la sociedad. Creyeron que el sacrificio personal y las largas horas de trabajo eran necesarias para cumplir con su deber, pero no se dieron cuenta de que, a pesar de su esfuerzo, la justicia no se concretaba de manera efectiva debido a la ineficiencia de otros operadores judiciales y era también su deber de trabajar unidos y que de no hacerlo. Ellos también son ineficientes.
Este sacrificio, al final, no fue suficiente, y el pecado del poder judicial federal fue permitir que se abusara de su dedicación, alejándolos de sus familias y vendiéndoles la idea de que eran los únicos que trabajaban bien.
Pero olvidaron que el objetivo final es la justicia integral. Ahora, todos los integrantes del poder judicial federal están pagando por no haber visto la realidad social.
Se enfocaron en trabajar mucho, sin darse cuenta de que el sistema de justicia en México ya no funcionaba como debía.
Además, el poder judicial federal también falló en avanzar en la protección de la dignidad humana y los derechos humanos según los estándares internacionales, tal como lo establece la Constitución con la reforma de 2011.
Emitieron criterios que negaban en gran parte la implementación de este sistema a nivel nacional, prefiriendo cerrar filas con los intereses de los poderes públicos del momento.
Este fue otro error que hoy están pagando.
Se alejaron de la protección a las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos, a pesar de que México es uno de los países donde estos derechos se violan sistemáticamente.
Por ello, el poder judicial federal ahora enfrenta una pérdida de legitimidad ante la sociedad, que simplemente no responde a su llamado. Aún peor, siguen intentando convencer a la sociedad de que son los únicos que protegen sus derechos humanos, pero no logran eco.
Sería diferente si reconocieran su error histórico y se unieran de verdad con la sociedad para proteger los derechos humanos, demostrando ser los guardianes de la Constitución, como originalmente se estableció.
El nuevo sistema de justicia que se avecina, no tiene un cheque en blanco.
La sociedad exige un sistema judicial eficiente tanto a nivel federal como local, y el compromiso es de largo aliento.
Una vez implementada la reforma judicial, se debe ampliar el saneamiento y la eficiencia a todos los operadores judiciales en México, tanto federales como locales.
Cambiar solo el sistema de justicia federal no es suficiente, pero ofrece la posibilidad de que otros órganos autónomos e independientes sigan el mismo camino.
Es necesario modificar sus estructuras para que todos trabajen en sinergia, exclusivamente para proteger la dignidad de las personas y los derechos humanos de quienes viven en México.
Se necesita un sistema de justicia confiable, identificado con la sociedad.
Aunque el poder judicial federal lo sabe, sigue insistiendo en que ha hecho bien su trabajo, pero no reconoce que, aunque trabajaron mejor que otros operadores judiciales, nunca se unieron con ellos para lograr un solo objetivo: construir un país justo.
Este es su pecado, y por ello están pagando las consecuencias.
