Organizaciones de abogados y abogadas en Colima, dieron lectura en la explanada del poder judicial el día 13 de diciembre del presente año, a las 10 horas, a un manifiesto judicial; (documento que recogió el pensamiento de las organizaciones que o presentaron) éste, dicen los profesionales del derecho, que la justicia local colimense está colapsada, no es eficiente, se rehúsan los juzgadores a modernizarse, no cuentan ni quieren implementar la justicia digital, se escudaron en la pandemia y paralizaron la justicia.
Lo anterior a pesar de que, es una actividad esencial, cerraron la puerta mucho tiempo sin justificación, -fue la única institución-, la fiscalía general nunca lo hizo, la comunidad jurídica convocaba para quererlos ayudar, pero la magistratura local los ignoró y no tomaba en cuenta sus propuestas.
Esto puso en una encrucijada a la abogacía litigante, dando causa a que sus asuntos no avanzaran y perdiendo asuntos dada la desesperación de los clientes, lo que ocasionó la unión de la comunidad jurídica colimense inconforme y arremetieron en contra de un poder judicial arcaico, aletargado.
El poder judicial acostumbrado a apagar cualquier manifestación, ahora no pudo, hizo lo de siempre, cuando se le critica, acude a boicoteos, pero no le funcionaron, incluso intentó pedir apoyos a acudiendo a recibir propuestas a los distintos partidos judiciales y en vez de eso recibía reclamos.
Los jueces se quedaron callados, aunque saben que también ellos son víctimas en la violación a sus garantías judiciales, porque incluso, les han dejado de pagar varias quincenas y, ni siquiera se animan a llevar a cabo acciones serias para eficientar el sistema judicial.
El manifiesto judicial que fue leído, señala que, el poder judicial está obligado a trabajar un nuevo sistema de derecho constitucional humanista, que ya lo tenemos desde el 10 de junio de 2011, pero que las magistraturas no lo quieren aplicar, que solamente lo hacen a discreción, generalmente para defenderse cuando son demandados; designan a su personal a discreción, a jueces y magistrados sin analizar perfiles y capacidades; si los litigantes denuncian irregularidades, éstas siempre quedan en la impunidad a pesar de que, existe todo un marco normativo vigente para atacar la corrupción y la lentitud en la justicia, el sistema de jueces no funciona.
En otro apartado del manifiesto judicial, la abogacía colimense propuso; que el poder judicial haga que la función judicial se apegue a los estándares nacionales e internacionales que obligan al Estado mexicano, que garanticen un verdadero sentido real de justicia, como lo establece la Constitución, que se cree un Consejo de la Judicatura, que solamente se contrate personal que cumpla con méritos y capacidades, que los otros poderes como el ejecutivo y el legislativo, cuando les toca designar a magistrados y magistradas, los procedimientos se hagan respetando condiciones de igualdad y bajo el principio de máxima transparencia; que haya rendición de cuentas de las magistraturas y jueces, que se trabaje ya con el expediente electrónico, que el personal se capacite para que atienda de manera sensible a los justiciables y que haya una medición en cuanto a productividad; así como una evaluación generalizada de todas las funciones judiciales para que se puedan medir los resultados; todo esto proponen los y las abogadas en el manifiesto
judicial y que se haga con el único fin de garantizarle a la sociedad, un sistema judicial eficiente.
El poder judicial y algunos detractores, en vez de debatir las propuestas del manifiesto, para pronto, quisieron descalificar y boicotear la manifestación de la abogacía colimense, lo cual no encontró mucho eco, pues no pensaron que la lucha por la eficiencia judicial se hiciera a través de un manifiesto judicial, un documento que es el origen y un parteaguas para la justicia a nivel estatal y un ejemplo que ojalá y se replique a nivel nacional; porque la justicia local, merece que ya haya un cambio y que los sistemas judiciales se esfuercen por lograrlo, ya que la sociedad es la que está resintiendo.
La abogacía colimense por supuesto que tiene la razón, lo que pide en el manifiesto judicial, se fundamenta en el artículo 17 en relación con el artículo 1º. de la Constitución mexicana, el artículo 25 en relación con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura Internacional, adoptados por la Asamblea General de la ONU mediante Resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985 y 40/146, del 13 de diciembre de 1985; además en la jurisprudencia de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya ha sentado como precedentes para el propio estado de Colima, desde el año de 2000 y en toda la doctrina judicial que ha dado lugar a partir de que se creó la reforma constitucional en Derechos Humanos en 2011; sentencia de la Corte IDH Reveron Trujillo vs. Contra Venezuela dictada el 30 de junio de 2009 y recientemente el caso Ríos Avalos y otro vs. Paraguay, sentencia de 19 de agosto de 2021, así como el informe de la CIDH del 5 de diciembre de 2013 “garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las américas, todo este marco jurídico obligatorio y que el STJE colimense no quiere aplicar. Leer el manifiesto judicial completo: https://angelduran.com/2021/12/13/manifiesto-judicial/?fbclid=IwAR2rYd1L-Zr-QPWxQbdQKEr7fOF7ThTZC_A0PLW3GJq_43zVwyNcnKS0pPw www.angelduran.com
