En un país de injusticia, la prioridad del Estado, debe ser, fortalecer al poder judicial a través del consenso social.
En un país como México, donde en todos los rincones se clama por justicia, es necesario que el Estado lleve a cabo una reforma judicial integral, una petición muy anhelada.
Es hora de que especialistas en la materia, sociedad civil organizada y otros actores como académicos, investigadores y operadores de justicia (jueces, fiscales, abogados, entre otros), ayuden para que haya una transformación profunda en el sistema judicial mexicano, ya que el que tenemos, no responde a las necesidades de la sociedad.
De acuerdo con el Informe Mundial 2023 de Human Rights Watch, en México, cerca del 90 % de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los denunciados no se investigan y menos del 16 % de las investigaciones se "resuelven" (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento) y solo poco más del 1% de los delitos cometidos en 2021 se resolvieron en tribunales. Esta información puede consultarse en:https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/mexico ¡Algo insostenible!
Ante esta evidencia, que está a la vista de todos, es urgente que el Estado sea sensible al reclamo social. En un país donde impera la injusticia y no se ponen en marcha los mecanismos para fortalecer el sistema de justicia, se atenta contra el Estado democrático y se pone en peligro la paz pública de los habitantes.
México es un Estado democrático que se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) a proteger la democracia, garantizar la eficiencia de sus instituciones públicas y proteger los derechos humanos de sus habitantes.
Sin embargo, frente a los evidentes resultados de injusticia que vivimos en el país, es necesario llevar a cabo una amplia reforma integral que transforme a México en un país más justo, que responda a las necesidades actuales y que proporcione a las futuras generaciones un sistema judicial eficiente.
Una reforma judicial de Estado debe surgir del consenso de los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel nacional como estatal. Todas las instituciones autónomas e independientes, así como las públicas y privadas interesadas en el tema, deben sumarse a esta reforma.
Es importante tener en cuenta el nuevo sistema democrático en el que vivimos, lo cual significa que la reforma judicial integral debe ser el resultado de una demanda real del pueblo mexicano.
La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, en su discurso durante el II Foro Nacional "El abogado y el legislador, de lo local a lo nacional" el 11 de julio de 2023, anunció que presentará una reforma al poder judicial mexicano, destacando tres puntos importantes a atender: en primer lugar, que los jueces tengan cercanía con la sociedad y que ésta confíe en ellos; en segundo lugar, que los jueces dicten sentencias que resuelvan la controversia de fondo, evitando formalismos y atendiendo las causas planteadas; y en tercer lugar, que la justicia sea rápida. Además, mencionó que ya existe una iniciativa de reforma al poder judicial local que contempla un avance progresista. Esta iniciativa está pendiente de ser atendida en el Senado, y se espera que se dictamine en los próximos días.
No obstante, frente al grado de injusticia que prevalece en México, es sumamente urgente que el Estado mexicano enfoque todos sus esfuerzos en fortalecer el poder judicial, tanto a nivel federal como estatal.
Es necesario proporcionar a los operadores de justicia los recursos necesarios para cumplir con las demandas sociales, que básicamente se resumen en vivir en paz. Esto solo se logrará si, entre otras medidas que deben atenderse de manera inmediata, se garantiza la eficiencia del poder judicial, aspirando a niveles de aprobación social que superen el 80% en el ranking internacional.
Estamos muy lejos de alcanzar ese porcentaje tan anhelado, por lo que no basta con pedir y exigir al gobierno. La sociedad civil organizada, la sociedad en general, las universidades públicas y privadas, los miembros de la familia, amigos, los medios de comunicación y los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, junto con todo el funcionariado mexicano, deben unirse y trabajar en conjunto para pedir, exigir y contribuir a que México cuente con un sistema judicial eficiente.
La reforma judicial que demanda la sociedad solo será posible si el Estado y la sociedad actúan con determinación, voluntad política e integrando a la sociedad como el mejor aliado para lograrlo. ¿Es posible? Claro que sí, por lo tanto, es hora de comenzar.
