Desde 1911, ya se mencionaban a los partidos políticos en la Ley Electoral, por supuesto su fin era fomentar la participación política ejerciendo los derechos políticos, en aquel entonces de, libertad de reunión y asociación política, lo mismo protegió la Constitución de 1917.
Los derechos políticos se ejercieron desde aquella época de conformidad con la legislación electoral, el legislador fue quien estableció las reglas de participación política de la ciudadanía.
A partir de las décadas 60s y 70s y ya a finales del siglo XX, se crea todo un sistema normativo, principalmente de base constitucional, donde se robustece la garantía de la protección de los derechos políticos en nuestro país.
Para garantizar la eficiencia de los derechos políticos en México, se crea lo que ahora es, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también el INE como hoy se le llama, de igual forma, los Tribunales Electorales Estatales y a los Institutos Electorales de cada entidad federativa; de esta forma, se buscó proteger a los derechos políticos, que se encuentran en la Constitución y esa protección se la encargó a la magistratura electoral.
Los derechos políticos de base constitucional, como: el derecho de votar, el de ser votado, el de ocupar un cargo público, el de reunión, el de asociación, el contar con instituciones democráticas; todos, están en la carta magna federal y de cada Estado; por lo tanto, se tienen que garantizar de forma adecuada y eficaz.
Para ello, es importante, que los tres órdenes de gobierno; principalmente, “el poder legislativo” al tener una función muy importante, que es, la de emitir, todo el marco jurídico federal o estatal, según sea el caso, a fin de tener una legislación adecuada para regular las funciones que le corresponden a cada institución y a cada servidor público que tiene competencia para proteger, garantizar y eficientar estos derechos constitucionales.
Los derechos políticos que se establecieron en la Constitución, en el siglo XX y en la primera década del siglo XXI, fueron pieza fundamental para el avance de la conformación del Estado de derecho en México; sin embargo, su connotación de cómo hoy día, deben garantizarse, tuvieron una transformación muy trascendente que debemos de tomar en cuenta como sociedad.
Esta transformación es, que nuestra carta magna federal y como consecuencia lógica del constitucionalismo mexicano, cada una de las constituciones locales, fue reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
Esta reforma que causó un efecto transformador, en cómo ahora tenemos que buscar garantizar esos derechos, pues fueron dotados de los valores más altos conforme a una visión humanista y bajo una doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, hay que entenderlo así para poderlos otorgar como sistema político.
Así las cosas, los derechos políticos ya mencionados que se encuentran en la Constitución, se tienen que garantizar en nuestro país por las autoridades electorales, especialmente las autoridades de justicia electoral, de acuerdo a las buenas prácticas jurisdiccionales del país y a las que emiten los tribunales internacionales de jurisdicción; tanto del sistema interamericano de derechos humanos como de la Organización de Naciones Unidas; pues ese fue el objetivo de la modificación trascendental que reformó a nuestra Constitución en junio de 2011.
Así es que, hoy que vivimos un proceso electoral, el más grande de la historia de México, no debemos olvidar, que como estado mexicano y las instituciones públicas que lo representan como lo es; la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, los Tribunales Electorales Estatales y los institutos electorales de cada entidad, así como los partidos políticos y los candidatos y todo operador electoral, tienen la obligación de proteger y garantizarlos derechos humanos de carácter político electoral de manera eficiente, a fin de consolidar al sistema democrático, tal y como lo establece la carta magna y que consiste en la protección de la dignidad humana y la exigencia de la sociedad mexicana.
¿Quiénes pueden garantizar que esto suceda? Las autoridades federales y estatales, incluyendo el Congreso de la Unión y todo el sistema electoral mexicano, ¡claro que lo podemos hacer bien! y lo tenemos que lograr, por el bien de México y para contribuir a una mejor democracia que merecemos.
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