El ejercicio periodístico, es una actividad importante que debe proteger todo Estado Democrático, así lo refiere nuestra carta magna en sus artículos 6 y 7, donde se contempla la libertad de expresión y en donde implícitamente el derecho de la sociedad a contar con información confiable, libre, hecha por comunicadores que no sean amordazados por el Estado.
Esta actividad también está garantizada por diferentes tratados internacionales que ha firmado el Estado Mexicano, principalmente, la Carta democrática interamericana, en cuanto a que, establece, que un Estado democrático debe garantizar la protección a los derechos humanos y el ejercicio periodístico es un derecho fundamental, que el Estado debe proteger.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica al dictar la Sentencia el 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) señala que …2) la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática; lo mismo dijo en la Opinión Consultiva OC-5/85, hizo referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión y refiere que el objetivos de una comunidad es el estar bien informada por el gremio periodístico y que si la sociedad, no lo está no es completamente libre.
Para garantizar una prensa libre, es fundamental que el Estado no le ponga trabas y menos que no la autocensure.
En Colima, recientemente el Congreso local, acaba de reformar la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, donde ahora contempla la creación de un organismo autónomo para garantizar el libre ejercicio del periodismo, lo malo no es eso, sino más bien, la forma en que lo regula y lo integra y quien es el que se queda con el control de poder a los periodistas.
La reforma a la ley, crea una Junta de Gobierno, integrada por los tres poderes del Estado; Ejecutivo por conducto de la Secretaría General de Gobierno, el Legislativo, Judicial y otras autoridades del propio Estado, esta Junta regula todas las actividades que lleve a cabo la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico.
La Junta de Gobierno, establecerá todas las políticas que se deben otorgar a los periodistas colimenses, le fijar el presupuesto, aprobará anualmente los estados financieros, realizará el anteproyecto del presupuesto del siguiente año, mientras que la Comisión que está integrada por miembros del oficio periodístico, se dedicarán exclusivamente a coadyuvar para ejecutar las atribuciones de la junta de gobierno.
El contenido de la reforma a la ley periodística en Colima, no cuenta con el aval de la comunidad de los comunicadores, tampoco fueron invitados a la discusión de su contenido, el Congreso no la socializó y ahora que solamente hace falta que el ejecutivo del Estado la promulgue, existe la preocupación de que entre en vigor inmediatamente.
El oficio periodístico del Estado de Colima es de alto riesgo, de por sí las autoridades del Estado no les garantizan sus derechos como tal, y ahora con esta reforma donde los a mordaza y el Estado es el que tendrá control sobre ellos por eso es que se atenta contra esta importante función que desempeñan quienes hacen uso de manera habitual el ejercicio de la prensa libre.
Es importante, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, analice esta violación grave al derecho humano de la sociedad a contar con una prensa libre en el Estado de Colima y evite que este tipo de legislaciones coarte la libertad de expresión de los colimenses, además interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma y se la SCJN la que revise si ésta es constitucional o no.
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