A finales del siglo XX, se empezó a empoderar la función de los jueces en el mundo, y en las primeras dos décadas del presente, su participación ha sido primordial para resolver grandes problemas sociales , por eso han emergido doctrinarios de renombre internacional, señalando “que el siglo XXI pareciera ser el de los jueces” (Rodolfo Luis Vigo, 2019), si así sucediera, esto ¿es bueno o malo? fíjese usted, poco después de la segunda mitad del siglo pasado, hubo grabes atrocidades que lastimaron a la humanidad durante varias décadas y en México por supuesto que no fue la excepción; la matanza de los estudiantes en 1968, luego en 1971, la represión estudiantil conocida como el halconazo, muere una gran cantidad de estos jóvenes que se formaban en las aulas universitarias, la guerra sucia, y ya no se diga, que el siglo pasado heredó al presente: pobreza, injusticia, impunidad, corrupción, desigualdad, crisis alimentaria, desempleo, crisis económica, éxodo a otros países por falta de oportunidades en el nuestro, debilitamiento de las instituciones democráticas, pérdida de confianza de la sociedad al estado, mala educación entre muchos más, todo esto en manos del poder político (poder ejecutivo y legislativo), sus causas cambiaron el rumbo de nuestro país.
¿Por qué es importante saber, si este siglo le corresponde a los jueces? el jurista humanista, más grande que ha tenido México, Dr. Sergio García Ramírez, en la conferencia que impartió el 10 de diciembre de 2020, en los festejos del día internacional de los derechos humanos y en conmemoración a la fecha en que la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizada por; la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos mexicanos (AMMEL) enfatizó, que el siglo XXI, será el tiempo de los jueces; pues éstos, son los que se encargan de hacer justicia; previniendo, investigando, sancionando y reparando cualquier atrocidad que afecte a la persona.
Lo anterior, es muy lógico, si partimos del origen histórico de la división de poderes; pues, el sistema de gobierno, desde hace más de dos siglos; se ha dividido en; ejecutivo, legislativo y judicial; y en su primera etapa surgió con mucho énfasis el parlamentarismo, este poder estaba integrado por esa representación social que emergió al florecer las libertades individuales en la época de la Ilustración; luego surge el presidencialismo con mucho poderío, en donde lo que él decía, se acataba; el poder judicial permaneció sumiso; sin embargo, a finales del siglo pasado y específicamente después de la conclusión de la segunda guerra mundial, se crearon los grandes instrumentos internacionales que protegen derechos humanos, tanto del sistema universal (ONU) como de los sistemas regionales, entre ellos, el interamericano, y entonces, su aplicación recayó en los jueces, estos han tenido un activismo muy importante en los últimos 50 años, al grado de llegar a ser su función, la última frontera para evitar la violación masiva a derechos fundamentales; por eso es que, ahora que estamos en el siglo XXI, todas las decisiones que emita cualquier órgano del estado nación, podrán ser revisadas en última instancia, por los jueces y juezas, quienes darán la última palabra y todos hemos tenido conocimiento, que, una decisión injusta que afecta a las personas puede echarse por tierra; una ley creada por el legislativo o una determinación emitida por el poder ejecutivo que afecta la dignidad humana, el juzgador la puede anular.
Sencillamente la decisión judicial, deberá ser tomada en cuenta por el estado y tendrá que acatarla; toda decisión política, deberá someterse al sistema de justicia; en este siglo, están en boga, diferentes corrientes sobre la supremacía del poder judicial, tomando en cuenta que éste revisa, que los derechos humanos de la persona sean respetados por los demás poderes, por ello es que, se ha considerado que el siglo XXI, es el tiempo de los jueces.
La función del poder legislativo y ejecutivo, es importante para un estado de derecho, pero esa importancia, depende que sus decisiones respeten los derechos humanos de las personas, si no es así, el juez tendrá la última palabra. Así es que, tenemos los jueces, asumir ese rol que nos toca, con el compromiso de consolidar al estado para que este garantice una democracia social eficiente, basada en el respeto a los derechos humanos.
