Ante la crisis política que vive México desde hace décadas y el desencanto de la sociedad por la forma en cómo se ejerce el poder, los partidos políticos (MORENA, PAN, PRI, PT), están presentando de nueva cuenta, una reforma electoral constitucional.
Entre los temas de las iniciativas está, que los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Superior) y los Consejeros del INE, sean electos por voto popular y los Tribunales Electorales y los Institutos Electorales Estatales (OPLES) desaparezcan.
El motivo principal según la reforma de MORENA, es porque el INE y la Sala Superior son poco confiables, en el caso de los órganos locales, son caros y se duplican sus funciones y proponen que se centralicen a las autoridades nacionales.
Al respecto magistradas y magistrados electorales locales, así como el INE y la Sala Superior no están de acuerdo en esos calificativos; primero, porque está demostrado que las sentencias de tribunales locales superan el 94% de eficacia, según los informes -que al final de cada proceso electoral-, rinden las Asociaciones de Magistrados y Magistradas Electorales Locales: ATERM y AMMEL y en segundo lugar los motivos del cambio son solo argumentos de opinión política y no como resultado de una análisis de ineficiencia.
Ante esta discordancia, valdría la pena analizar a conciencia y bajo el valor de interés social por quienes están proponiendo el cambio; si realmente las autoridades electorales que se pide desaparezcan, están coadyuvando para fortalecer el estado de derecho democrático que tenemos, si están siendo eficientes dejarlas y mejor ayudarlas a fortalecerlas que desde hace años han luchado para ese fin o de plano, como dice la iniciativa de MORENA, que son poco eficientes y salen caros, pero que sea cierto, entonces que desaparezcan. No tiene caso mantener algo que no funciona, pero tampoco quitarlas si están funcionando a pesar de que son poco apoyadas por el propio estado y menos aceptable resultaría, que el motivo sea por solo decisiones políticas sin sentido de conveniencia social.
La importancia radica; porque desde que se creó la reforma constitucional federal, en la década de los noventas del siglo pasado, tuvo un motivo fundamental y no era otra cosa, más que tener un sistema federal electoral y local confiable, para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Sin embargo, en 2006 hubo otra reforma electoral constitucional importante, y aunque no se tocó el tema de tribunales electorales locales e institutos electorales, ya se pedía su desaparición, los motivos también eran, aparentemente, por la intromisión de los ejecutivos locales en el funcionamiento de las autoridades electorales (que según la sociedad tenía mucho de cierto), para evitar eso, se llevó a cabo la última reforma electoral el 10 de febrero de 2014 y en ésta se establece, que a los consejeros de los OPLES los designará el INE y a los magistrados electorales locales los nombra el Senado de la República, en ambos casos, bajo procedimientos rigurosos de oposición. No obstante, los partidos políticos siguen insistiendo en que no hay confianza en las autoridades electorales locales, ocupan mucho presupuesto y sus funciones las pueden desarrollar las autoridades electorales federales.
Si observamos la evolución de las autoridades electorales locales, el poder político ha decidido siempre su integración, su regulación, ha establecido las reglas de su operación, se ha encargado también de la crítica en cada caso que resuelven a favor o en contra, le han asignado el presupuesto y a nivel nacional todos los OPLES y Tribunales Electorales se quejan enormemente por la falta de presupuesto suficiente para poder operar, les han cambiado las reglas en la designación de sus integrantes, últimamente el INE nombra, incluso, a los titulares de los OPLES y todo esto, lo ha impuesto el poder político.
Lo anterior significa entonces, que el poder político ha traído de un lado para otro al sistema electoral local, y siempre se le ha acusado de tener los mismos problemas: caro, no confiable y que sus funciones las pueden desempeñar las autoridades nacionales.
El poder político no ha querido contrastar con las estadísticas, que los propios tribunales electorales y no lo dudo que también los OPLES tengan sus resultados, donde la eficacia de sus resoluciones, supera por mucho, una calificación aprobatoria y no son tan ineficaces como dicen.
Los magistrados y magistradas, que integran los tribunales electorales de las 32 entidades federativas, creo, estarían de acuerdo que se lleve una reforma electoral integral; pero que se respete el federalismo judicial electoral y que en vez de quitarles facultades a los estados les ayuden a fortalecerlas.
Que los titulares del poder ejecutivo, defiendan a sus instituciones, que permitan escuchar a los juzgadores sobre, cómo están fortaleciendo a la democracia, cómo cuidan el buen desarrollo de los procesos electorales, cómo hacen valer los derechos políticos que están en la Constitución y leyes secundarias, que se les den sus garantías jurisdiccionales de autonomía e independencia en el ejercicio del poder, para que asuman los retos de las evaluaciones a que sean sometidos y poder demostrar que son autoridades eficientes.
Los juzgadores electorales y los consejeros de los OPLES, deben ser evaluados por la sociedad, que Tribunales y OPLES se sujetan a los principios y valores de justicia, de honestidad y de estricto respeto a la Constitución y a tratados internacionales de derechos humanos, así como a los códigos de ética nacional e internacional.
El poder político ha puesto y quitado instituciones electorales, so pretexto de ser costosas e ineficaces, habría que ver si es cierto, porque de lo contrario, si ese no es el motivo, estaríamos dañando todavía más al sistema de justicia electoral.
Las magistraturas electorales deben defenderse (se han quedado calladas) y demostrar que pueden y son capaces de proteger los derechos políticos de la ciudadanía mexicana y que garantizan en sus estados procesos limpios, más bien, exigir se les dé su lugar y ya se verá que son funcionales, que no solo se les valore su eficiencia y calidad con la sola opinión política. Finalmente, lo que importa es que el cambio que se haga sea el correcto y que su resultado vaya en dirección hacia un sistema electoral fuerte.
La decisión la tiene el poder político, las magistraturas locales y OPLES han dado resultados, solo dejen que se les demuestre y luego, si con argumentos no se convencen, que se haga lo mejor que convenga para que la sociedad viva en una democracia plena.
