El juicio de amparo, una aportación del derecho mexicano al mundo, nació como un instrumento para proteger a las personas de los abusos de autoridad, garantizando el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Sin embargo, lo que debería ser un recurso excepcional se ha convertido en ocasiones, en un mecanismo que obstruye la justicia y perpetúa la impunidad, pues se ha burocratizado.
La sentencia del Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009, nos alerta sobre los riesgos si seguimos abusando del juicio de amparo.
En este caso, los amparos y otras argucias legales se utilizaron para retrasar procesos, obstaculizar el acceso a la justicia y perpetuar la revictimización.
México enfrenta un problema similar con el abuso del juicio de amparo, donde los quejosos se aprovechan de este medio de control constitucional, para detener procesos legales y evitar la ejecución de sentencias, afectando una justicia rápida, como lo establece el artículo 17 constitucional.
En México, el juicio de amparo es el medio más utilizado por las víctimas de delitos y víctimas de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, también es frecuentemente mal utilizado.
Muchos amparos se interponen, no para garantizar justicia, sino para entorpecerla. Las suspensiones provisionales que conceden los jueces de distrito, suelen detener diligencias importantes, retrasar audiencias y paralizar juicios, lo que genera un gran daño, pues de por sí los procesos son lentos, y con una suspensión que se dan de forma sencilla, los juicios se vuelven interminables.
El abuso del amparo ha llevado a la dilación de la justicia en innumerables casos. Un ejemplo reciente de las consecuencias de este problema es el caso Lion Consolidated (LMC) vs. México.
El 20 de septiembre de 2021, un tribunal internacional establecido bajo el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) condenó a México por denegación de justicia.
El tribunal determinó que México había violado el artículo 1105 del TLCAN al no garantizar un trato justo y equitativo a LMC a través de sus tribunales locales.
Este caso surgió a raíz de la cancelación irregular de pagarés e hipotecas en favor de LMC, lo que llevó a un prolongado proceso judicial lleno de irregularidades y dilaciones, en el que el abuso del amparo jugó un papel significativo.
El resultado fue una condena para México que incluye el pago de 47 millones de dólares como indemnización, además de costas procesales, que actualmente superan los 50 millones de dólares.
El 8 de noviembre de 2024, México perdió la apelación que había interpuesto, por lo que no queda otra opción más que pagar.
Este caso evidencia, cómo el abuso del juicio de amparo y las fallas del sistema judicial en México, pueden tener consecuencias internacionales graves, poniendo en riesgo la credibilidad del país y su cumplimiento de obligaciones internacionales.
Quien quiera analizar este vergonzoso proceso de la justicia mexicana, se dará cuenta de que el juicio de amparo, se ha convertido en muchos casos un obstáculo para hacer justicia, y los jueces federales no quieren verlo.
¡Claro! El juicio de amparo es el mejor medio de control constitucional para garantizar la justicia, pero cuando es promovido por personas con poca ética y combinado con la falta de compromiso del sistema judicial mexicano para preservar su esencia natural, este recurso se desvirtúa, atentando contra su objetivo y arriesgando que el Estado mexicano sea declarado responsable a nivel internacional.
Es imprescindible reflexionar sobre la esencia del juicio de amparo y tomar medidas para evitar que su abuso continúe debilitando la justicia en México.
Los jueces de distrito deben ser más conscientes y responsables al analizar la admisión de estos juicios.
Deben discernir entre los casos en los que el amparo cumple su función legítima y aquellos en los que se utiliza para dilatar procesos o eludir responsabilidades.
No todos los amparos deben ser admitidos, especialmente cuando obstaculizan la ejecución de sentencias o retrasan procesos importantes. Ningún amparo debe admitirse, si del análisis se advierte un ataque a la justicia.
México ya enfrenta condenas internacionales debido a las fallas de su sistema judicial, y es solo cuestión de tiempo para que el abuso del juicio de amparo sea señalado como una causa directa de estas deficiencias. Estamos a tiempo de actuar para evitar futuras responsabilidades internacionales.
Inspirándonos en casos como el de Guatemala y en sentencias como la de Lion Mexico Consolidated vs México, es necesario establecer una doctrina clara, que reserve el juicio de amparo para casos excepcionales, donde sea realmente necesario para proteger los derechos humanos.
La Secretaría de Economía ha implementado estrategias para prevenir disputas internacionales y cumplir con las obligaciones establecidas en tratados internacionales.
Sin embargo, este esfuerzo debe ir acompañado de una revisión integral del sistema de justicia, incluyendo la forma en que se admite el juicio de amparo.
Solo así podremos garantizar que este juicio recupere su esencia original y cumpla su verdadero propósito: ser un pilar de la justicia, no un obstáculo.
