Éste 11 de septiembre de 2021 se cumplen dos décadas de la creación de la Carta Democrática Interamericana; un instrumento que nació con el objetivo de fortalecer a la democracia representativa en las Américas, fomentada por la Organización De Estados Americanos OEA.
El Presidente Andrés Manuel López obrador, firmó la adopción de este importante documento regional el 3 de junio de 2019, acto que obliga a nuestro país a cumplir con todos los compromisos internacionales en las Américas para construir una democracia representativa.
Esta Carta de la OEA, la han adoptado 35 países independientes de las Américas y surgió por mandato de la III cumbre de las Américas llevada a cabo en abril de 2001 en Quebec, Canadá.
Anterior a esta Carta, existía la resolución 1080, que tenía como fin, tomar cualquier medida adecuada, en caso de ruptura al sistema constitucional de los países miembros; sin embargo, dado los acontecimientos surgidos en la región y de la ruptura de regímenes, hubo la necesidad por parte de la OEA de reforzar ese compromiso interamericano, y crear un documento más completo e integral y así es como fue adoptada el 11 de septiembre de 2011.
La Carta señala en su artículo segundo que, “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.” Además, defiende, que, uno de sus objetivos es el esfuerzo permanente, ético y responsable que la ciudadanía le debe imprimir en el ejercicio democrático, siempre cumpliendo con lo que establece el orden constitucional.
El artículo tercero, señala, como elementos principales para fomentar la democracia representativa, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda persona, además del “acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”
La misma Carta, establece la obligación de los estados que la han adoptado, mecanismos para erradicar la pobreza en la región y fomentar el desarrollo integral de las familias y, de esta manera, proteger la dignidad humana.
A dos décadas del nacimiento de este instrumento internacional, y aunque es reciente, la ratificación de la misma, por parte del estado mexicano -ya decíamos que, fue a partir del 3 de junio de 2019, por parte del actual Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador-, hace falta, que en nuestro país haya una difusión amplia del contenido de este compromiso interamericano y que, además de propiciar políticas públicas y administrativas, de los tres órdenes de gobierno, tanto; federal, estatal y municipal, con este objetivo; haya una amplia difusión de sensibilidad entre la población, para que ésta se inmiscuya, primeramente en su conocimiento y en segundo lugar, en el las acciones en las que, debe participar la sociedad, puesto que, sin ella, difícilmente se lograría el objetivo de este compromiso regional.
Los resultados en las Américas de la Carta, han sido benéficos, pues los países que lo han ratificado, lo han impulsado, como uno de los instrumentos regionales que han ayudado a la igualdad de protección de los derechos humanos en la región y sobre todo, al combate a la pobreza y al desarrollo de las acciones de carácter colectivo, que lleva como fin, garantizar las necesidades básicas de los habitantes en la América; de ahí que, nuestro país, con base en esta ratificación de la Carta y la obligación constitucional de proteger los derechos humanos de sus habitantes, es que, cada autoridad en el ámbito de su competencia y conforme a la reforma constitucional publicada en el D.O.F. del 10 de junio de 2011, debe hacer efectivo los derechos, valores y principios de este importante Pacto Regional.
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