La división de poderes en el Estado de Colima, ha mostrado su nivel más alto en riesgo; contrario a lo que por esencia debiera ser conforme a la Constitución mexicana en su artículo 49 y lo que establece el artículo 21 de la Constitución colimense; en ambas normas máximas que regulan la vida interna de nuestra entidad federativa, ésta última establece que: “Artículo 21 El poder supremo del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación….
Esta crisis por lo que pasa la división de poderes en Colima, ha sido producto, del poder hegemónico del ejecutivo que siempre ha tenido y de su influencia sobre el poder legislativo y en la sumisión que los dos primeros, mantienen sobre el poder judicial, permeando este mismo daño a los órganos autónomos.
Esta falta de visión de Estado democrático por parte del ejecutivo, ha llegado al punto crítico, al poner en riesgo, -y con estas letras así-, en alto riesgo, lo que los constituyentes nos legaron como institución, donde el poder supremo de la nación y de los estados, fuera ejercido de manera equilibrada por los tres poderes; ejecutivo, legislativo y judicial; respetando la función de cada uno de ellos, incluyendo el económico; pero la realidad no ha sido así.
En Colima, recientemente el Ejecutivo del Estado, informó a través de medios de comunicación, que no contaba con el dinero para pagar la nómina de la burocracia, a partir de la segunda quincena de julio de 2021, de aproximadamente más de 8000 familias; incluyendo, trabajadores sindicalizados del propio gobierno del Estado, los trabajadores del Poder Judicial Local, de la Fiscalía General del Estado, maestros de una sección sindical; lo que puso en evidencia, que el factor económico lo maneja un solo poder, una sola persona (el ejecutivo) y que ante su falla, repercute en el funcionamiento de los tres poderes y gravemente a la sociedad.
Lo que acaba de ocurrir pone de manifiesto, que, de no corregirse, peligrosamente, la división de poderes, estaría en muy alto riesgo, no es posible que un poder de los tres, maneje a discreción el presupuesto de los otros dos, que hasta por una lógica no debería de ser así; esto contraviene totalmente lo que dice la Constitución Nacional y la Constitución local.
La carta magna federal, señala que, el poder no debe concentrarse en una persona, y tenemos que entender, que ese poder, debe ser interpretado en sentido amplio, incluyendo el factor económico. El poder ejecutivo no tendría por qué administrar y entregar cada quincena los salarios de los trabajadores de los otros dos poderes, ni tampoco el de los órganos autónomos, él debe manejar su propio presupuesto; pero tanto el legislativo como el poder judicial, tienen que tener ellos mismos la administración del suyo, así lo ha dicho la Comisión IDH de la OEA en su informe de diciembre de 2013.
En Colima, el Ejecutivo del Estado, reconoció, que el dinero de los salarios de los trabajadores, los utilizó para las deudas que tenía el Estado, adquiridas a corto plazo y que éstas, no pueden ser heredadas a la siguiente administración, la ley dice que tienen que ser cubiertas tres meses antes de terminar su mandato y que, por eso, el dinero de la burocracia, lo usó para el pago de esa deuda.
Lo anterior ocasionó protestas sindicales y de trabajadores de diferentes organismos autónomos; así como del poder judicial y otros sectores afectados como los maestros; hasta que tuvo que llegar el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para adelantar partidas presupuestarias y evitar que las familias trabajadoras siguieran afectadas; sin embargo, esto no debiera ocurrir, porque de las propias palabras del Ejecutivo Federal (a manera de reclamo) le dijo, que la federación no tenía ninguna deuda con el Estado, sobre los salarios de los trabajadores, (que se desvió para pagar deuda pública) que en su momento se le había entregado al Estado todo lo que le corresponde y un poco más.
Lo anterior significa, que este ejemplo de control de poder económico, que tienen los ejecutivos estatales en México, debe de cambiar de esquema, pues a través de este mecanismo, se concentra el poder, “solo en el poder ejecutivo” y, además, manejan a discreción el presupuesto; incluyendo al del poder legislativo y judicial.
En Colima, acabamos de vivir una muestra de ello, y va totalmente en contra del principio de división de poderes, quizás no se haya visto por la mayoría de la población bajo este enfoque, pero lo que acaba de ocurrir, en donde el ejecutivo en vez de pagar salarios de los trabajadores de la burocracia colimense, los utilizó el para pagar deuda a corto plazo, este es una violación flagrante al poder supremo con que debe contar la división de poderes, un atentado muy grave al derecho humano al trabajo que señala el art. 5 Ley Federal del Trabajo y artículo 7 del Pacto de San Salvador y es por eso que, este semilla de la discreción en el uso del presupuesto en los estados por los ejecutivos, pone en alto riesgo a la división de poderes y al poder supremo.
¿Qué se debe hacer? Legislar para que, desde la federación, el presupuesto que le toca a cada Estado, sea etiquetado, y que cada poder, administre su presupuesto y lo utilice adecuadamente y, por otro lado, que las auditorías vigilen que el dinero sea bien utilizado y para lo que se otorgó.
