Una desigualdad muy marcada que tenemos en el país es la forma en cómo el Estado Mexicano garantiza el derecho de justicia en el ámbito federal, que es mucho mejor atendida en todos los sentidos y como consecuencia con más tecnología, modernización, capacitación permanente de todo su personal y un mejor orden de funcionalidad y, por otro lado, la forma en cómo garantiza ese mismo derecho de justicia, pero en el ámbito local.
La diferencia entre el concepto de justicia como garantía por parte del Estado mexicano es abismalmente diferente y esto hace que tengamos justicia de primera y justicia de segunda; finalmente, es un contrasentido porque todos los habitantes de la nación están en el mismo territorio.
México es una república federal; compuesta por estados libres y soberanos, cada uno tiene un régimen jurídico propio, pero la federación y las entidades tienen la obligación de proteger el derecho de justicia a las personas. Entonces, ¿por qué se atiende de forma diferente?, ¿será por ser estados autónomos e independientes? ¡No! La justicia debe ser la misma ya sea de la federación, ya sea de los estados.
Lo lógico es que el sistema de justicia tendría que garantizarse de la misma manera en todo el país, sin importar cómo lo haga la federación o los estados; al final, se trata de que los poderes judiciales protejan el derecho a la justicia, garantizado en el artículo 17 constitucional.
La carta magna no establece ninguna diferencia, debe ser una garantía para todas las personas que habitan en el territorio mexicano y de la misma calidad. Esa característica debe ser de tal importancia, que se garantice plenamente la dignidad humana.
En la realidad no es así. Al sistema de justicia federal se le ha dotado de mayores garantías judiciales para su modernización y a las entidades federativas se les ha dejado en un retraso impresionante, en el que pareciera que no hay voluntad para hacerla eficiente.
También se ve que no hay sinergia entre ambos sistemas judiciales; la federación hace lo suyo, pero no procura ayudar a la justicia estatal, sin importar que la ineficiencia de la local sobrecargue de trabajo a la federal y le genere un cuello de botella, traduciéndose finalmente en un sistema ineficaz de justicia a nivel nacional.
El federalismo judicial en México tiene que ayudarse mutuamente, tratar de crecer a la par, a fin de empoderarse poco a poco y que el retraso de uno no genere el colapso en el otro; por eso es que, si el poder judicial federal se ha desarrollado mejor, debe compartir sus puntos fuertes con el sistema de justicia estatal, pues se trata de que ambos, avancen por el sendero del éxito y que juntos garanticen el derecho de acceso de justicia, en donde se proteja la dignidad humana y que ninguna persona que acuda a ellos se sienta defraudado.
La Constitución mexicana garantiza que toda persona que tenga algún conflicto puede acudir a los tribunales federales o estatales y éstos tienen que hacerle justicia; pero para que esto ocurra es indispensable que los tribunales puedan realmente hacerlo, sin importar si son federales o estatales, el compromiso es nacional; por eso es que el federalismo judicial, para fortalecerse, necesita ayudarse mutuamente y si uno tiene debilidades, tiene que ser apoyado con las fortalezas del otro; por ello es que, necesitamos eliminar la percepción de que en México se vive una justicia de primera, impartida por la justicia federal y otra justicia de segunda, impartida por los poderes judiciales estatales.
