La pandemia del coronavirus tomó por sorpresa al Poder Judicial en Colima, de por sí, ya tenía múltiples conflictos por la falta de autonomía e independencia que hacía que la justicia fuera ineficiente en el Estado y poco confiable, pero el peor momento y que lo aniquiló por completo fue el impacto que provocó el Covid-19, pues a partir del 17 de marzo de 2020 hasta la fecha, está paralizado y sigue negándose a utilizar la tecnología para acceder a la justicia, y no se ha logrado por la anquilosada forma de entender el derecho, (predomina el juez y magistrado de legalidad y no el de perfil como intérprete de la Constitución y de tratados internacionales tal y como lo establece hoy la Constitución, y esto ha provocado la paralización casi total del acceso de justicia en dicha entidad federativa; la razón de no trabajar en línea, la justifica el Pleno, que, porque el marco jurídico colimense, no contempla el uso de los avances tecnológicos, y por eso no han querido emitir ningún acuerdo a fin de usar la tecnología en el sistema judicial, (otros tribunales ya lo han hecho y han avanzado sin problema) esto ha provocado, que la comunidad jurídica colimense le reproche al Poder Judicial la paralización de sus juicios, es importante que este órgano de justicia estatal reflexione y exija pues su anhelada reforma, y también un llamado al Congreso del Estado, que debería de observar esta negativa y exhortar al Poder Judicial a que continúe laborando a través del uso de la tecnología; o en su defecto valdría la pena, analizar sobre una nueva reorganización del Poder Judicial totalmente.
En las condiciones actuales, la única forma de seguir laborando en los tribunales de justicia es en línea, ¡se puede legalmente! pero el Poder Judicial no quiere.
El tribunal judicial colimense sí está obligado a trabajar el acceso de justicia en línea, porque la propia Constitución local señala en su artículo 5 apartado A que: “A….. Es derecho de los colimenses el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento. La política de Estado respectiva deberá estar orientada al desarrollo y dirigirse a todos los sectores de la sociedad; tendrá el propósito de lograr una comunidad integrada”…El antecedente del contenido de la carta magna local, viene del compromiso que México adquirió al firmar la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en Ginebra en 2003 y 2005, http://www.itu.int/wsis/index-es.html el legislador local, reconoció constitucionalmente como derecho humano a utilizar la tecnología en sus instituciones, esto lo sabe el Poder Judicial, pues en la exposición de motivos de la reforma a Constitución local, en aquel entonces puesta en el art. 1º., expresamente lo obliga a usar la tecnología como un medio para garantizar el desarrollo progresivo de la sociedad, así se discutió en la Sesión extraordinaria número uno celebrada por los diputados integrantes de la quincuagésima sexta legislatura constitucional colimense el dos de septiembre de 2010, http://www.congresocol.gob.mx/debates56/201009-02.htm además, el Estado, debe garantizar la justicia pronta y expedita por sus tribunales; es cierto, que con motivo de la pandemia, se ha limitado su rapidez, pero ésta, ha sido para evitar un contagio de Covid-19, limitándose al máximo, la apertura de tribunales al público presencial, pero, el sistema de justicia en Colima debiera estarse trabajando en línea, ya que esta es una actividad esencial, sin embargo, no se atendió el compromiso constitucional por el Poder Judicial de modernizar a los tribunales; es importante, que se resuelva esta problemática de negativa de justicia en Colima, ya que se está provocando una violación permanente a los derechos humanos de sus habitantes; si esto no ocurre por voluntad propia de sus integrantes, urge una reorganización total funcionalista del sistema judicial, el coronavirus puso en evidencia la crisis judicial, por la que pasa esa entidad federativa; deseando pronta reapertura en línea de los tribunales judiciales. ¿Por qué el Poder Judicial le rehúye a la tecnología? O ¿se necesita un relevo integral de jueces y magistrados? Si hay un cambio de sus titulares por quienes sí quieran avanzar y transitar a tribunales modernos, autónomos e independientes, alejados de influyentísimo y utilizando la tecnología, la meta es que, en cinco años se podría llegar a cuando menos de 70 a 80% de confianza social. Sí se puede.
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